Comunicado Público:
Las palabras de unidad popular, campesina e indígena que se han empezado a tejer en los meses de octubre y noviembre de este año se están intentando de silenciar en estos últimos días a través de las balas, el terror y la muerte. Después de las múltiples judicializaciones, las detenciones y montajes judiciales el mes pasado, en los últimos días el accionar militar y paramilitar ha cobrado la vida de tres personas que han luchado por los derechos a la vida, la verdad, la justicia y la reparación integral.
Expresamos nuestro profundo dolor y tristeza frente a los siguientes hechos;
El 8 de diciembre fue desaparecido Joel Pérez Cárdenas, miembro fundador y uno de los primeros directivos de la Corporación por la Defensa de Derechos Humanos Caguán Vive, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Vegas Bajo Pato, vicepresidente de la Asociación Ambiental del Bajo Pato, ex-concejal de San Vicente del Caguán, miembro del Polo Democrático Alternativo y del Comité Municipal de Ganaderos de este municipio, directivo de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal y hermano del actual presidente de la Corporación por la Defensa de Derechos Humanos Caguán Vive. El cadáver de Joel Pérez Cárdenas fue hallado el 10 de diciembre totalmente incinerado, decapitado y con un orificio en el cráneo. Cabe anotar que según testimonios de los moradores de ese sector, el Grupo Meteoro del Ejército Nacional había llegado a ese sector el lunes 8 de diciembre. Cuando se fue a realizar la inspección con los agentes de la SIJIN, aún se encontraban en la zona. Los moradores aseguran que informaron al ejército de la existencia del cadáver pero que estos no hicieron diligencia alguna para su levantamiento. Según el proceso de recolección de testimonios, todo apunta a que se podría tratar de un crimen de Estado.
El 9 de diciembre en horas de la madrugada, en el camino del barrio "Los Palitos", zona periférica de Maicao (Guajira), que conduce a la comunidad Wayúu Noüna de Campamento, fue encontrado el cuerpo sin vida del joven Wayúu, Miguel Ángel Ospina Boscán, de 32 años de edad. Su cadáver presentaba signos de haber sido apuñalado en repetidas ocasiones en diferentes partes del cuerpo, además de haber sido brutalmente golpeado y torturado con tanta sevicia que sus ojos fueron extraídos. Miguel Ángel Ospina Boscán era miembro de la comunidad Wayúu Noüna de Campamento y hermano de una importante lideresa de Maicao, conocida ella sobre todo porque ha venido participando activamente en un proceso organizativo de víctimas Wayúu del conflicto armado. En lo que va ocurrido del año en la Guajirá han sido asesinados o desaparecidos por lo menos 15 indígenas Wayúu. La mayoría de estos casos han sido realizados bajo una modalidad que bien se podrían denominar como de “outsourcing”, a través de la cual los grupos armados ilegales post desmovilización de las "AUC" contratan a bandas y redes de sicarios, lo cual de paso les permite encubrir, difuminar y diluir sus estructuras y sus acciones bajo la ambigua fachada de "bandas criminales".
El 16 de diciembre a las cuatro de la mañana el vehículo de la Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Aida Quilcué, fue rafagueado por soldados del Ejército Nacional. El atentado ocurrió en la Finca San Miguel en la vereda Gabriel López del municipio de Totoró (Cauca), donde hay presencia permanente de tropas del Ejército Nacional. En el vehículo iba el esposo de Aida Quilcué, Edwin Legarda acompañado por una misión médica. El resultado del atentado fueron 17 impactos de bala contra el vehículo, 3 de los cuales provocaron heridas de muerte a Edwin Legarda, quien venía conduciendo la camioneta para recoger a su esposa. Aida Quilcué regresaba de Suiza como una de las delegadas de la ONIC ante la asamblea de evaluación de los 60 años de la ONU. Según la consejera el atentado iba dirigido hacía ella.
Peticiones:
– Exigimos a la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control, que se investiguen los hechos y a que se juzguen y sancionen a los responsables.
– Exigimos que el Estado colombiano reconozca su responsabilidad en los hechos, por no poder brindar las garantías de vida y por los múltiples señalamientos que ha hecho a la Minga Indígena y Popular y al sector social en general e indígena en los meses de octubre y noviembre.
– Exigimos al Estado colombiano detener la represión que actualmente se está llevando a cabo en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales.
– Solicitamos a los organismos de control del Estado que se active el sistema de alertas tempranas ya que estos hechos constituyen un inminente riesgo para la integridad y seguridad de los líderes del movimiento social.
– Llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a la ONU, al Cuerpo Diplomático, y en general a la Comunidad Internacional a hacer un seguimiento a estos hechos y exigir al Gobierno colombiano el respeto a los derechos humanos, a la vida, el reconocimiento de las libertades públicas de los ciudadanos, cesar la represión y respetar la Constitución Política de Colombia.
– Solicitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación, organizaciones sociales y populares, organizaciones indígenas, organizaciones sindicales y estudiantiles, difundir esta información y brindar su solidaridad a través de su pronunciamiento sobre los graves hechos mencionados.
COMITÉ DE IMPULSO
MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
Bogotá D.C. 17 de diciembre de 2008