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Los ascensos de altos mandos de la Fuerza Pública responsables de graves violaciones a los derechos humanos son una afrenta a las víctimas

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice llama la atención sobre el actual proceso de ascenso de 45 integrantes de la Fuerza Pública que se adelanta al interior de la Comisión Segunda del Senado de la República, respecto de 31 integrantes de las Fuerzas Militares y 14 de la Policía Nacional, algunos de los cuales podrían estar involucrados en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y recientes casos de corrupción. La votación de ascensos se llevará a cabo el primero de diciembre a partir de las 8 de la mañana.

Como parte de la lista de los postulados, hemos identificado las siguientes situaciones que, consideramos, ameritan un estudio estricto que permita identificar si es procedente la aprobación o improbación de los ascensos de uniformados como:

  1. El General Juvenal Díaz Mateus, cuyo nombre se vio involucrado en el marco de la investigación por corrupción que se adelanta contra el Comandante de la Cuarta Brigada Jorge Romero, por su presunta intervención para que le fueran entregados documentos de la investigación judicial que se adelanta en su contra[1].
  2. El General Oscar Reinaldo Rey Linares, quien fue Comandante de la Quinta División del Ejército y está relacionado con la comisión de ejecuciones extrajudiciales entre el año 2004 y 2005 por haber presuntamente pagado recompensas por la operación en la que murió Nohemí Esther Pacheco Zabata, menor indígena Wiwa-Kakuma de 13 años presentada como una guerrillera dada de baja en combate[2].
  3. El General Jorge Hernando Herrera Díaz, designado por el Presidente Iván Duque para la atención a las protestas en Caquetá y Putumayo[3] donde se presentaron graves violaciones a los derechos humanos entre las cuales se conocen actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras acciones contra manifestantes que hacían ejercicio de su derecho a la protesta[4].
  4. El General Hoover Alfredo Penilla Romero, quien fue Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá en el marco del paro nacional del 2019, contexto en el que es asesinado el joven Dilan Cruz Medina, acto que justificó y aprovechó para defender al uniformado responsable[5]. Denunciado por diversas organizaciones de derechos humanos el 26 de noviembre de 2019 por la presunta comisión de delitos de homicidio agravado, lesiones personales, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, tortura, concierto para delinquir, pánico y calumnia, así como por el actuar violento y generalizado de la Fuerza Pública bajo su mando[6]. Mencionado en la investigación por el despilfarro económico en la construcción de casas fiscales en San Luis, Tolima, por tener conocimiento de las irregularidades existentes en los contratos[7].
  5. El General Henry Armando Sanabria Cely, que en ejercicio de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional emitió la resolución 0171 del 5 de mayo de 2021 para justificar el gasto de más de 7 mil millones de pesos en cartuchos y granadas de gas lacrimógeno[8], aduciendo la necesidad de contrarrestar de forma inmediata las protestas por la supuesta participación de disidencias de las FARC en las mismas[9]. Adicionalmente, señalado por su responsabilidad en la detención ilegal de una joven cartagenera cuyo caso fue dado a conocer públicamente por un Senador de la República en julio de 2020[10].

Los anteriores, entre otros, se encuentran comprometidos con circunstancias que representan graves violaciones a los derechos humanos y al derecho a la protesta que no pueden ser pasados por alto desde la opinión pública. Dichas acciones de las que son presuntamente responsables son precisamente las que encarnan aquellas políticas de Estado por medio de las cuales se ha querido imponer el terror, restringir el acceso a derechos y coartar el ejercicio político de sectores enteros de la sociedad en Colombia. En esa medida, enfatizamos que no pueden ser objeto de ascenso aquellos quienes serían eventualmente responsables de faltar al respeto a la misión legal y constitucional de la institución a la que pertenecen.  

En virtud de lo anterior hacemos un llamado al Senado de la República para que suspenda los ascensos y obre en consonancia con lo consagrado en el punto 5 del Acuerdo Final de Paz sobre la centralidad de los derechos de las víctimas, adoptando las medidas necesarias para avanzar en las garantías de no repetición. Asimismo, exigimos al Jefe de Personal del Ejército Nacional y al Ministerio de Defensa que aquellos uniformados sobre los cuales recaen acusaciones por la presunta comisión de graves violaciones a los derechos humanos sean retirados del curso de ascenso, pues es con ocasión del rezago en la individualización de las responsabilidades que no se pueden generar ascensos sobre personas que conservan graves cuestionamientos sobre sus nombres, hasta tanto la justicia no investigue y establezca su responsabilidad.      

El Congreso de la República no puede obrar a espaldas de la realidad de la situación de los derechos humanos en Colombia, por tanto, no debe permitir que personas comprometidas con estos hechos sean premiadas, ascendidas y condecoradas, convirtiéndose en los altos mandos que tendrán a su cargo no sólo las operaciones policiales y militares con las que pondrán en riesgo la vida de las comunidades, sino, además, la labor de velar por la garantía y respeto de los derechos humanos que ellos mismos han vulnerado. Por lo tanto, aprovechamos esta oportunidad para poner de presente que, como víctimas de crímenes de Estado, consideramos apremiante una revisión severa del sistema general de ascensos, enmarcada en una profunda reestructuración de la Fuerza Pública que lleve a erradicar la doctrina militar que ha perpetuado el genocidio, la persecución política, el exterminio del liderazgo social y la barbarie.

La posibilidad de consolidar un país en paz depende en gran medida de que el Estado colombiano reconozca su responsabilidad como perpetrador y avance en la configuración de mecanismos de justicia que dignifiquen a las víctimas y satisfagan el derecho a saber de la sociedad.

 

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2021

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice

 

[1] RCN Radio, Audios mencionan al general Juvenal Díaz en escándalo de corrupción en Ejército, 12 de agosto de 2019. Disponible en: https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/audios-involucran-general-juvenal-diaz-en-escandalo-de-corrupcion-en-ejercito

La FM, General Juvenal Díaz, salpicado en escándalo de corrupción en el Ejército, 12 de agosto de 2019. Disponible en: https://www.lafm.com.co/judicial/general-juvenal-diaz-estaria-involucrado-en-escandalo-de-corrupcion-en-el-ejercito

[2] Infobae, Polémica por ascenso de general acusado de pagar recompensa por operación en la que murió menor indígena, 14 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/14/polemica-por-ascenso-de-general-acusado-de-pagar-recompensa-por-operacion-en-la-que-murio-menor-indigena/

Yohir Akerman, publicado en El Espectador, El general Rey, 12 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/yohir-akerman/el-general-rey-column/

[3] Las 2 Orillas, Los cincos generales empoderados por Duque para enfrentar el Paro y los bloqueos, 8 de junio de 2021. Disponible en: https://www.las2orillas.co/los-cinco-generales-empoderados-por-duque-para-enfrentar-el-paro-y-los-bloqueos/

[4] Infobae, Un campesino muerto y un líder indígena herido tras enfrentamientos en el Putumayo, 1 de junio de 2021. Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/01/un-campesino-muerto-y-un-lider-indigena-herido-tras-enfrentamientos-en-el-putumayo/

[5] CNN Español, Muere Dilan Cruz, el joven que recibió un disparo de la Policía durante las protestas en Colombia, 25 de noviembre de 2019. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/25/muere-dilan-cruz-el-joven-que-fue-herido-durante-las-protestas-en-colombia/

[6] Página oficial del Senado de la República, Congresistas y organizaciones de derechos humanos denuncian ante la Fiscalía a la Fuerza Pública, 26 de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/533-congresistas-y-organizaciones-de-derechos-humanos-denuncian-ante-la-fiscalia-a-la-fuerza-publica?Itemid=101

[7] Los documentos que comprometen al subdirector de la Policía en el escándalo de las casas fiscales en San Luis, Tolima, 5 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.elhomenoticias.com/justicia/los-documentos-que-comprometen-al-subdirector-de-la-policia-en-el-escandalo-de-las-casas-fiscales-en-san-luis-tolima/

[8] Cablenoticias, Policía Nacional adquirió miles de granadas y municiones para el ESMAD por más de 7 mil millones de pesos, 26 de mayo de 2021. Disponible en: https://www.cablenoticias.tv/policia-nacional-adquirio-miles-de-granadas-y-municiones-para-el-esmad-por-mas-de-7-mil-millones-de-pesos/

[9] La Policía compró gas lacrimógeno por $7 mil millones a través de empresas textiles, 26 de mayo de 2021. Disponible en: https://corrupcionaldia.com/la-policia-compro-gas-lacrimogeno-por-7-mil-millones-a-traves-de-empresa-de-textiles/

[10] Caracol Radio, Denuncian presunto abuso de autoridad de la Policía en Cartagena, 21 de julio de 2020. Disponible en: https://caracol.com.co/emisora/2020/07/22/cartagena/1595380350_875064.html