Conclusiones Encuentros

Carta abierta del Movice respecto al proyecto de ley de víctimas

CARTA ABIERTA

Medellín, julio 25 de 2010

Presidente del Partido Conservador

Fernando Araujo Perdomo

Senador Ponente

Jorge Humberto Mantilla

Reciban un respetuoso saludo

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado considera de vital importancia que el país cuente con un marco normativo que consagre y garantice los derechos de todas las víctimas y ajuste su legislación interna a los estándares internacionales en esta materia. Por esta razón el MOVICE expresó su descontento al conocer que el gobierno nacional tomo la decisión, en la anterior legislatura, de impedir que avanzara un proyecto distinto al que había presentado el Representante a la Cámara Jorge Humberto Mantilla, del Partido Conservador. En ese momento se utilizó un argumento simplista y poco transparente. Se adujo que el costo fiscal del proyecto conciliado era muy alto. Sin embargo no se dieron a conocer los detalles de las cifras presentadas y se ocultó otro tipo de motivaciones que fueron evidentes en el debate al interior del congreso. Lo cierto es que el gobierno no estuvo de acuerdo con establecer un criterio igualitario entre todas las víctimas y promovió la exclusión de las víctimas de crímenes de Estado. De igual forma no se le dio importancia al principio de participación de las víctimas y evadió la propuesta de invertir la carga de la prueba a favor de las víctimas entre otros temas invisibilizados.

Hoy se comete el mismo error, agravado aun más por desconocer el proceso de participación de las víctimas que en 2009 acudieron en miles a 8 audiencias regionales que fueron un buen comienzo para recomponer el rumbo de un proceso que excluyó a sus protagonistas y directos afectados.

A continuación exponemos una serie de objeciones al proyecto de ley presentado por el senador Mantilla y la manera como el gobierno quiere abordar la discusión:

1.Este proyecto no ha sido  informado, consultado ni consentido con las víctimas, lo que desconoce el principio de participación de las víctimas. Es claro debe el proyecto debe ser objeto de consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes conforme al Convenio 169 de la OIT  y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia.

2.El proyecto plantea la reparación por solidaridad y no por responsabilidad. Con esto se omite la responsabilidad moral y política que tiene el Estado, teniendo en cuenta que fue incapaz de proteger a las personas afectadas. La reparación no puede ser entendida ni como un mero hecho de  “buena voluntad” ni como un complemento de las políticas sociales y de atención humanitaria.

Por el contrario debe responder a los compromisos adquiridos por el Estado Colombiano en relación con los derechos de las víctimas, contenidos en instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que son de carácter obligatorio en el ordenamiento interno.

3.No se incluye debidamente un enfoque diferencial que permita establecer las poblaciones que merecen especial protección por encontrarse en debilidad manifiesta. Tampoco contiene un integral enfoque de género.

4.No existe un mecanismo eficaz para garantizar las necesidades de asistencia judicial de las víctimas.

5.No se establece un criterio de reparación integral. Se distorsionan las demandas de las víctimas y se intenta reducir la discusión pública a la tasación de las indemnizaciones. En los últimos días Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha dicho que para solucionar el problema presupuestario la indemnización monetaria debe ser tasada en  máximo 20 millones para todos los casos sin distinción.

Este último argumento intenta presentar a las víctimas como simples mercaderes de su propio dolor.

6.Por último objetamos el proyecto por cuanto no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas. Consideramos que el articulado es violatorio del principio de dignidad, del principio de protección de las propiedades, posesiones y patrimonio de las víctimas, del principio de restitución patrimonial como medida preferente de reparación para las víctimas de desplazamiento forzado, del Principio de la efectividad de los derechos e intereses de las víctimas como objeto de la actuación administrativa.

Por estas razones el MOVICE expresa su objeción y rechazo al proyecto de ley que ustedes a nombre de la bancada de Unidad Nacional están liderando.

Solicitamos a ustedes obrar en conciencia y por tanto abstenerse de continuar tramitando este proyecto de ley, que ofende la memoria de nuestras víctimas.
Manifestamos ante la sociedad colombiana nuestra decisión de presentar un proyecto de ley que consulte la opinión de las víctimas y que se ajuste a los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas.