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Comunicado Público MOVICE: «Reelección presidencial: Improcedente, ilegal e ilegítima»

“El referendo reeleccionista plantea una reforma constitucional en beneficio particular del actual presidente, contrariando los fines esenciales del Estado Social y Democrático de derecho”. Estas palabras resumen bien las inconsistencias que tiene el actual proceso de reelección presidencial, llevada a cabo por el actual gobierno, encabezado por el presidente Uribe y fueron ratificadas la semana pasada por Humberto Sierra Porto, Magistrado de la Corte Constitucional.

Inconsistencias que son inocultables a los ojos, no sólo de la rama judicial, sino de las organizaciones y sectores de la sociedad civil, en vista de que han quedado dilucidados ante la opinión pública los vicios de procedimiento y fondo que sustenta el proceso del referendo presidencial, dejando además pinos de desconfianza en el seno de la opinión pública.

Ejemplo de ello es que la encuestadora Datexco, contratada por El Tiempo muestra que menos de la mitad de los colombianos están de acuerdo con la reelección, de manera que sólo el 47% votaría por la misma. Resultados similares arrojó el Centro Nacional de Consultoría, pagada por el Noticiero CMI, que aseveró que el 46% no está de acuerdo con la reelección.

Otro aspecto a resaltar es que el Acto Legislativo 2 del 2004, que reformó el inciso primero del artículo 197 de la Carta Política, para efectos de la primera reelección presidencial, argumentó: “nadie podrá ser elegido para ocupar la Presidencia de la República por más de dos períodos”, añadiendo en el parágrafo transitorio del mismo artículo: “Quien ejerza o haya ejercido la Presidencia de la República antes de la vigencia del presente Acto Legislativo sólo podrá ser elegido para un nuevo período presidencial”. Lo que de hecho generó una interpretación ambigua del derecho, que abrió las puertas a la ley 1354 de 2009, bajo la cual se convoca al referendo presidencial actual.

Además de las transformaciones sorprendentes que sufrió la propuesta inicial de la Cámara de Representantes acerca de la reelección no inmediata. El texto tuvo un cambio intempestivo en el Senado de la República con peso favorable para la reelección inmediata, con gran injerencia de la bancada uribista y finalmente fue aprobado por la Comisión de Conciliación.

El MOVICE, ha venido llevando a cabo la Campaña en contra de la reelección presidencial desde meses atrás, en donde ya eran patentes varias de dichas inconsistencias. En consecuencia, hace un llamado a todos los sectores dentro y fuera de Colombia a movilizarse, toda vez que se trata de una reforma que va en detrimento de los principios constitucionales elementales.

El MOVICE entiende la reelección como una estrategia que busca brindar al actual presidente de cualquier acción jurídica nacional o internacional en su contra. En tal sentido el MOVICE se une a los argumentos esgrimidos por el Magistrado de la Corte Constitucional, reiterando a la vez su rechazo a la aprobación del referendo que permitirá la reforma constitucional para la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, basándonos en los siguientes argumentos, varios de estos expuestos por el mismo Magistrado  y publicados en la última edición impresa de la revista Semana.

Los vicios de forma no son simples formalismos, sino irregularidades que atentan contra la esencia de la democracia y contra artículos expresos de la Constitución.

– El vicio más grave, según se desprende de la lectura de la ponencia, es el de la manera como se financió la recolección de las firmas para convocar al referendo. El magistrado estudió una a una las pruebas y llegó a la conclusión de que la convocatoria no fue resultado de la libre expresión del pueblo, sino de grupos que con intereses particulares se ‘toman’ esa voluntad popular. El Comité de Promotores gastó en la campaña del referendo seis veces más que el monto autorizado; hubo aportes individuales superiores hasta casi 30 veces el monto permitido y más del 60 por ciento de quienes violaron los topes individuales eran contratistas del Estado. El magistrado califica además como una “maniobra para burlar la ley” el intento que hizo el comité de promotores de ocultar la violación de los topes utilizando como mampara la Asociación Colombia Primero.

– Los congresistas comenzaron a discutir el proyecto sin contar con uno de los permisos que exige la ley estatutaria de los mecanismos de participación. Se trata de la famosa certificación que debía dar el Registrador Nacional. Consistía en poner un chulo con el cual el Registrador certificaba que la recolección de las firmas se había ceñido a las normas. Pero el Registrador nunca dio ese chulo, porque el Consejo Nacional Electoral (CNE), a su vez, no fue capaz de reconocer que se habían violado los topes. El CNE decidió lavarse las manos y dejar esa papa caliente a un grupo de conjueces que llegó a la misma conclusión del magistrado Sierra Porto. Pero su decisión fue echada en saco roto. La falta de ese papelito, valga recordar, fue la razón para que la Corte Suprema abriera investigación a 86 representantes a la Cámara. Según el magistrado Sierra Porto “Esta certificación resulta un elemento fundamental porque cumple una finalidad de salvaguarda de la democracia, evitando que mecanismos de participación (como el referendo) se conviertan en instrumento de grupos que, con el suficiente dinero y sin un límite en los recursos, terminen por apropiarse de la voluntad popular ciudadana desdibujando completamente su esencia como expresión espontánea de los distintos pareceres de la sociedad”.

– El cambio de la pregunta es otra irregularidad. Lo interesante es que Sierra no se enreda en la discusión de si la gente firmó para que Uribe pudiera ser reelegido en 2010 o en 2014, pues por ese camino se termina en conclusiones subjetivas. Lo que dice es que el Congreso se “excedió” en sus atribuciones al hacer una modificación “sustancial” del texto original de la pregunta

– La cuarta irregularidad es la de los cinco tránsfugas que cambiaron de partido solamente para votar la conciliación en septiembre pasado. Para esa época las cuentas no daban y buena parte del mundo político daba por muerto el referendo. La sorpresa fue que en el momento de la votación, la conciliación pasó con 85 votos, uno más de los que se necesitaban. Lo que afirma Humberto Sierra es que cinco de esos votos no son válidos porque los depositaron congresistas que estaban impedidos para votar. La sanción les había sido impuesta por el Comité de Ética de Cambio Radical, el partido al cual pertenecían. El día antes de la votación se trastearon para el partido de la U y depositaron su voto a favor de la conciliación del referendo. Para Sierra Porto, el cambio de partido no los eximía del veto que pesaba sobre ellos.

– Las sesiones extra del Congreso el 17 de diciembre de 2008, que empezaron a las 0:05 minutos de la madrugada, fueron definitivas para que el ministro del Interior, Fabio Valencia, pudiera mantener el quórum que tenía cautivo y gracias a eso un rato después logró que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobara el referendo. La ponencia de la Corte afirma que esa sesión es nula porque empezó sin que se hubiera publicado en el Diario oficial el decreto que convocaba las extras. Y esto, que puede parecer una irregularidad menor, para Sierra es un requisito indispensable para garantizar que todos los congresistas y no sólo los que estaban esa noche en el recinto se pudieran enterar de la nueva convocatoria.

En sentido similar el MOVICE ha venido generando un debate público sustentado en los siguientes argumentos:

1) La reelección inmediata es muestra clara de un ejercicio autoritario del poder, en la medida en que beneficia sólo a la persona del presidente Uribe. Legislar para el interés propio es la característica principal de los regímenes autoritarios y no democráticos.

2) La reelección por tres periodos consecutivos acaba con el sistema de pesos y contrapesos propio de toda democracia constitucional y la monopolización de los diversos poderes públicos, pues la rama judicial y el ministerio público (contraloría, procuraduría, etc) son nombrados por el gobierno precedente para que ejerzan un adecuado control al gobierno entrante.

3) El Congreso aprobó el referendo, con una táctica que no es nueva en el gobierno de Uribe y que es tradicional de la clase política colombiana: ofrecerle a los parlamentarios jugosas prebendas para “comprar” sus votos. Esta práctica se ha conocido históricamente en Colombia con la palabra “clientelismo”.

4) Como legislar para sí mismo no es fácil, el gobierno de Uribe tendrá que incurrir en otras prácticas autoritarias y poco éticas como lo es el modificar los topes del censo electoral, introduciendo un artículo para bajar el número de votos necesarios para la aprobación del Referendo. Aspira el ejecutivo eliminar del censo electoral a los abstencionistas –75% del total de colombian@s con derecho al voto-, lo que implica que esa gran mayoría no existe para el Estado colombiano.

5) ¿Se justifica apoyar un gobierno que justifica la violación de los mínimos principios de una democracia con tal de lograr la estabilidad de sus negocios y su proyecto capitalista de sociedad?

El MOVICE exhorta a todos los sectores dentro y fuera de Colombia a aunar esfuerzos en contra del referendo, tomando en cuenta los ya numerosos argumentos expuestos desde varios sectores organizativos e institucionales del país, haciendo hincapié en la importancia de denunciar la teoría del “Estado de Opinión” para justificar posiciones autoritarias de gobierno, so pena de socavar el Estado Social de Derecho.