Las garantías de no-repetición se enmarcan en el derecho a una reparación integral y un previo cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia. El MOVICE reconoce la existencia del conflicto armado que por más de 45 años ha azotado al país y que ha cobrado innumerables víctimas, el cual requiere de una solución política y negociada con un papel determinante de la sociedad civil; dentro del cual las víctimas reclamamos tener participación decisoria y vocería respecto de las violaciones a los DDHH, las de infracciones al DIH y los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición.
Según el informe “La Revictimización a las Víctimas de los Crimines de Estado” (MOVICE 2010) se han registrado durante nuestros cinco años de existencia por lo menos dos cientos diez (210) de violaciones a los Derechos Humanos a integrantes del MOVICE a nivel nacional, lo cual constituye una revictimización a los familiares y organizaciones que se han atrevido a hacer denuncias y a exigir su reconocimiento como víctimas de Estado y sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral.
Solicitudes:
– Que el Gobierno nacional reconozca la existencia del conflicto armado en Colombia y que tome las medidas necesarias para su superación mediante la negociación y el respeto al DIH.
– Solicitamos que se propenda y exija el desmonte real y efectivo del paramilitarismo y el juzgamiento de todos los sectores que participaron de sus delitos y fines, fuese en condición de promotores, instigadores, patrocinadores o beneficiarios, en orden a facilitar la búsqueda de soluciones políticas y reales al conflicto; exigimos con ello el reconocimiento oficial de las autoridades estatales de la existencia permanente, hasta la fecha, de las estructuras armadas paramilitares y del andamiaje político y económico sobre el que se sustentan.
– Los organismos de inteligencia son para la prevención del delito y no para la persecución de opositores políticos y defensores de derechos humanos. Solicitamos la investigación de todos los responsables en las actividades de inteligencia contra opositores políticos, periodistas, magistrados de las Cortes, entre otros. Igualmente solicitamos la desvinculación inmediata del director del DAS, señor Felipe Muñoz y que se nombre a una persona con las calidades de idoneidad requeridas para este cargo, que garantice la no repetición de lo realizado por la anterior administración.
– Se hace necesario cesar toda campaña de señalamiento en contra de los defensores de derechos humanos. Solicitamos el reconocimiento público de la legalidad y legitimidad de su labor, de la denuncia nacional e internacional, de su organización y de su contribución para el país, en la procura de democracia real y un verdadero Estado de Derecho.
– Pedimos que todos los archivos de inteligencia se desclasifiquen y sean de libre acceso un año después de introducida la información por los organismos de seguridad. Solicitamos la depuración y la desclasificación de los informes de inteligencia en los cuales estén relacionadas personas u organizaciones pertenecientes al MOVICE. Además, pedimos una explicación formal sobre el por qué se mantienen los seguimientos y hostigamientos al MOVICE, que se reflejan por ejemplo en la presencia de personal de inteligencia en las actividades que realizamos.
– Solicitamos el cese de señalamientos por parte de funcionarios públicos a las organizaciones y miembros del MOVICE así como los señalamientos hechos después de fallos judiciales que acusan a los victimarios de las víctimas de Crímenes de Estado. Solicitamos su investigación y sanción.
– Solicitamos que el nuevo Gobierno dé un respaldo público a la labor de los defensores de derechos humanos en cumplimiento con la Directiva Presidencial 007 de 1999 y 2001 y la Directiva 009 de 2003 del Ministerio de Defensa.
– Exigimos que en los procesos judiciales seguidos contra integrantes del MOVICE, se respete los derechos de presunción de inocencia, la defensa y el debido proceso. Lo anterior implica, entre muchos otros aspectos la renovación del convenio entre el Rime y el CTI de la fiscalía que actualmente se encuentra suspendido. Es importante señalar que las fuerzas armadas no tienen funciones de policía judicial, que las fiscalías no pueden estar en guarniciones militares y que los fiscales y jueces deben ser independientes en el cumplimiento de sus funciones.
– Solicitamos que la justicia colombiana garantice una actuación transparente y justa revocando el llamamiento a juicio a Carmelo Agámez del Capítulo Sucre del MOVICE y proceda con su liberación inmediata.
2. Lucha contra la impunidad y fortalecimiento de la justicia:
El MOVICE ha establecido, con base en nuestras investigaciones y estadísticas, que la impunidad de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad atribuibles al Estado es aproximadamente de un 99%.
La implementación y trámite de la ley 975/05 ha confirmado la existencia de variados factores de impunidad, tanto de hecho como de derecho. Es preocupante, para las víctimas y la sociedad colombiana, la aplicación de amnistías de facto a los paramilitares sin contemplar un procedimiento para conocer la verdad, que la aplicación de la ley sea un escenario de validación de los crímenes por parte de los victimarios y que se haya deslindado cualquier responsabilidad estatal en la estrategia del paramilitarismo, desconociendo sentencias de Tribunales Internacionales.
Solicitudes:
– Solicitamos que se incentive el desarrollo de tendencias jurisprudenciales que propendan por un modelo jurídico comprometido con la investigación y adecuada sanción de los crímenes de lesa humanidad y las estructuras organizadas de poder. A la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales colombianos les corresponde entonces, superar el concepto de concierto para delinquir agravado y pasar a manejar la categoría de crímenes de lesa humanidad y crímenes de sistema lo que implica investigar y juzgar a los responsables bajo estos parámetros conceptuales. En todos los procesos judiciales, respetando siempre las garantías procesales, entre ellas el debido proceso.
– Solicitamos que la Fiscalía juzgue a los responsables materiales e intelectuales de las interceptaciones la creación del “G3” y las operaciones en el marco de la “Guerra Política” del DAS en contra de opositores políticos.
– Solicitamos que no se ataque al poder judicial por parte del poder ejecutivo y que se respete la separación de los tres poderes.
– Solicitamos al Ministerio del Interior en los casos de paramilitares extraditados a los Estados Unidos, que establezca mecanismos de cooperación con las víctimas. A la vez, solicitamos que no haya extradición de otras personas que están comprometidas con el paramilitarismo y crímenes de Lesa Humanidad hasta que estos han confesado todos sus crímenes en territorio colombiano y hayan pagado las correspondientes condenas.
La obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos es un compromiso ineludible del Estado. Por tal razón solicitamos al señor presidente en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y su representante, la creación de un grupo especial de investigación de los crímenes cometidos contra el MOVICE, integrado al menos por 10 fiscales, 50 investigadores especializados y con toda la infraestructura necesaria para su buen funcionamiento, con el fin de que en el término de 3 meses, presente el resultado de la investigación, llamando a juicio a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes y se brinde las garantías necesarias de protección a las víctimas.
3. Fortalecimiento de la justicia y elección de Fiscal:
La justicia colombiana ha sido víctima en reiteradas oportunidades de ataques verbales del primer mandatario bajo el último gobierno, como también de amenazas, infiltración y intentos de atentado. A la vez, la misma justicia colombiana ha sido un instrumento para criminalizar la labor legitima de los defensores de derechos humanos y opositores políticos.
Solicitudes
– Conminamos al Presidente para que reformule la terna de Fiscal General de la Nación, esto en aras de que la Corte Suprema de Justicia realice su elección. En nuestro criterio, los candidatos deben ser personas idóneas y expertos penalistas, con formación en DDHH y en DIH, que gocen de plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Igualmente por la calidad del cargo debe tratarse de una persona con hoja de vida intachable y con compromiso con la justicia.
– Requerimos del Gobierno Nacional las medidas necesarias para que las actividades propias de policía judicial sean del resorte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. La intromisión de miembros de las Fuerzas Militares en las citadas diligencias afecta de manera grave el trámite de las investigaciones. Por tal razón las diligencias de levantamiento de cadáveres, inspección al lugar de los hechos y demás acciones de investigación competen únicamente al CTI. Dichas investigaciones deben realizarse respetando las normas nacionales e internacionales que establecen el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
– Solicitamos que la jurisdicción ordinaria asume las investigaciones por violaciones a los derechos humanos. Diversas instancias han reconocido que la jurisdicción penal militar no es un recurso efectivo para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, por el contrario, ha sido reiterativo el reconocimiento de este procedimiento como un mecanismo de impunidad de los militares involucrados en tales crímenes.
– Solicitamos se elabore un proyecto de ley para acabar con la llamada “Justicia penal militar”, la suspensión o derogatoria del código de justicia penal militar y su integración a la jurisdicción ordinaria; dejando solamente como faltas disciplinarias el delito del centinela y la deserción.
– Solicitamos que se haga el traslado de los fiscales a las sedes de las Fiscalías existentes en cada uno de los departamentos del país. Y así evitar que se sigan presentando montajes judiciales contra los miembros de organizaciones sociales, políticas, gremiales, de defensores de DDHH ya que el sostenimiento de Fiscalías en guarniciones militares es una violación al principio de independencia de la rama judicial.
– Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación acatar las decisiones jurisprudenciales y de las Cortes de acuerdo con la cual los informes de inteligencia no podrán ser tenidos como prueba dentro de los procesos penales. En la práctica, aceptar este tipo de pruebas es legalizar las acciones ilegales del DAS o de la inteligencia militar.
4. Derogatoria de normatividad que propicie violaciones de los derechos humanos:
La militarización de la vida civil en el marco de la política de la Seguridad Democrática y el pago de recompensas para supuestos “positivos” en la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico han llevado a un incremento de ejecuciones extrajudiciales y civiles que son detenidos y luego presentados como integrantes de las organizaciones insurgentes.
Solicitudes
– Solicitamos, se derogue la Directiva Ministerial de las FM. No. 029 de 2005 y las que la complementen; la que establece el pago de recompensas a quienes suministren información para capturar a miembros de los movimientos guerrilleros paramilitares y narcotraficantes. Desde la existencia de la Directiva ha habido un incremento en las ejecuciones extrajudiciales, que según cifras del observatorio de DDHH de la Coordinación Colombia Europa EE.UU es de aproximadamente 3.200 casos entre los años 2002 al 2009, en todo el territorio nacional. El número de civiles asesinados, su presencia por todo el territorio nacional y su modus operando muestran la sistematicidad y generalidad de este delito de lesa humanidad.
– Solicitamos de igual forma que se eliminan todas las normativas que propendan por la vinculación de civiles en labores de inteligencia y seguridad como una medida que permita empezar a la desmilitarización de la vida civil y de los territorios.
5. Memoria Histórica sobre los crímenes de Estado:
En el marco de la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz y las versiones libres de los paramilitares, estos han podido legitimar su accionar y revictimizar a sus víctimas. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creado por el gobierno nacional para garantizar entre otros la memoria histórica no reconoce a las víctimas de crímenes de Estado ya que opera en el marco de la misma Ley 975.
Solicitudes
– Solicitamos se le otorgue al MOVICE, a los grupos de defensores de DDHH y a los movimientos sociales que han sido victimizados (campesinos, trabajadores, indígenas, opositores), una franja en la televisión estatal de 1 hora diaria durante su Gobierno, en horario comprendido de 6 a 10 PM. La finalidad de este espacio es promocionar y difundir el cumplimiento de los DDHH e informar a los colombianos sobre las propuestas para superar la crisis humanitaria existente, así como contribuir a la construcción de un escenario público de visibilización y solidaridad social para las víctimas.
– Solicitamos por parte del Gobierno Nacional y la CNRR un trabajo público en reconocimiento de la existencia de víctimas de Crímenes de Estado, como también incluir las víctimas de agentes de Estado en todas sus propuestas de ley y programas sociales que tienen con relación al conflicto armado.
6. Garantías para el ejercicio de la defensa de los DDHH:
El gobierno nacional ha buscado adelantar un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y por la falta de garantías para los defensores ha creado unas Mesas de Garantía a nivel nacional en las diferentes regiones. El MOVICE parte de que un primer paso hacía unas garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos está en la superación de la Impunidad, mostrando un esfuerzo por parte del gobierno nacional de llegar a una justicia, verdad y reparación integral para las víctimas.
Solicitudes:
– Solicitamos garantizar reuniones de seguimiento de medidas cautelares de la CIDH y el cumplimiento de acuerdos, mediante interlocución a alto nivel.
– Solicitamos que se cree un programa de protección para víctimas de crímenes de Estado que será consultado y acordado con las víctimas y sus organizaciones. En los programas de protección tiene que haber un enfoque más político y jurídico, ya que por el momento existe una priorización por parte de los servidores públicos de las medidas de orden material.
– Solicitamos que haya una respuesta eficaz y rápida frente a las necesidades de protección por parte de los defensores de derechos humanos, sus organizaciones y opositores políticos. En la generalidad de los casos, aun existiendo pronunciamiento expreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la protección de una persona, el Estado la somete a innumerables estudios de riesgos y posterior aprobación del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER), condicionando la adopción de la medida cautelar a sus resultados, demorando la decisión y el establecimiento de las medidas.