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“El olvido no es una opción” La desaparición forzada en Aguachica, Cesar.

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El 27 de agosto de 1995, el entonces alcalde de Aguachica, Luis Fernando Rincón López, convocó la Consulta popular por la Paz, con una única pregunta: ¿Rechaza usted la violencia y está de acuerdo en convertir a Aguachica en un municipio modelo de paz? La consulta fue aprobada por más de 10 mil habitantes. El 15 de agosto de 2000 el bloque Norte de las AUC asesinó al ex alcalde. El exjefe paramilitar Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, afirmó en una versión libre de diciembre de 2009, que él ordenó asesinar al exalcalde porque había sido guerrillero del M-19.

Este año se cumplen 28 años de resistencia de un pueblo que sigue repitiendo: “el olvido no es una opción” y sigue luchando por la paz y los derechos de las víctimas. El municipio de Aguachica hace parte del sur del departamento de Cesar y comparte una realidad de violencia con municipios como Curumaní, Gamarra, González, La Gloria, Pailitas, Pelaya, Río de Oro, San Martín, San Alberto y Tamalameque. Una región que se relaciona con el Catatumbo y la subregión del Magdalena Medio.

Un territorio marcado por la realidad del conflicto armado, la violencia paramilitar y los crímenes de Estado; que ha estado transversalizado por la lucha por la tenencia de la tierra que ha costado la vida, la libertad y la dignidad de miles de campesinos, sindicalistas y líderes sociales.

Durante el siglo 20 la práctica de ganaderos y latifundistas de expropiación y despojo de las tierras, tradicionalmente ocupadas por campesinos a lo largo del río Magdalena, mediante argucias legales y la violencia armada, llevo a la organización agraria y a levantamientos campesinos para proteger su derecho a la tierra. La defensa del territorio no ha sido escuchada por el Estado ni los gobiernos locales o nacionales, que, por el contrario, se ha unido con dichos ganadero, comerciantes, empresarios y políticos para reprimir la movilización social y las reivindicaciones promovidas por las organizaciones.

Se ha privilegiado el ingreso del capital transnacional para la expansión agroindustrial a través de la siembra de algodón o palma aceitera, acompañado de una fuerte estigmatización de las organizaciones sindicales y campesinas que han perdido a centenares de líderes que fueron asesinados o que hoy siguen desaparecidos.

En la región ha hecho presencial el ELN con incidencia en el municipio de Aguachica a través de los frentes Héroes y Mártires de Santa Rosa, Camilo Torres y Manuel Gustavo Chacón, además, en su momento las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el frente 41 (Cacique Upar), y el Ejército Popular de Liberación, quienes, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica son responsables de 2.618 casos de secuestro en el departamento entre los años 1970 y 2010, una de las cifras más altas en el país.

Los paramilitares han tenido y siguen teniendo una fuerte presencia en la región. Desde la década de los años 80 el accionar paramilitar ha estado en toda la región, en primer lugar con la organización de los hermanos Prada (luego conocida como las Autodefensas del Sur de Cesar (AUSC) y que luego pasaron a denominarse frente Héctor Julio Peinado del Bloque Norte de las AUC), las Autodefensas de Santander y Sur de Cesar (AUSAC) y en los noventa el dominio de Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ y Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, al mando del Bloque Norte de las AUC que operó en los municipios de Aguachica, San Alberto y Gamarra como Frente
Resistencia Motilona, liderado por Jefferson Enrique Martínez López alias “Omega”, responsable de múltiples desapariciones forzadas.

Todas ellas impusieron el terror en toda la región del Cesar, dejando miles de víctimas que hoy reclaman sus derechos, entre
ellas los familiares de los desaparecidos que siguen exigiendo que se garantice su derecho fundamental a la búsqueda. Sólo en el municipio de Aguachica, el autodenominado Grupo paramilitar “Terminator” generó una ola de terror entre los años 1986 y 1990 que según datos de investigadores ocasionó 1.710 asesinatos y 353 desapariciones forzadas. Graves violaciones a los derechos humanos que contaron con
el apoyo de políticos, además de miembros del ejército, la policía y el DAS, entre otros, como lo acaba de confesar ante la JEP Salvatore Mancuso.

En esta audiencia vamos a hablar de una de las modalidades de violación a los derechos humanos más atroces y degradantes, las desapariciones forzadas que han tenido que padecer cientos de familias de Aguachica y los municipios cercanos. Como es común en
estos casos, existe un subregistro sobre el número de víctimas que no ha podido ser resuelto por las entidades competentes.

La base de datos del Proyecto Colombia Nunca Más del MOVICE, cuenta con 91 registros de personas víctimas de desaparición forzada en el municipio de Aguachica, que corresponden a campesinos, líderes sociales y sindicalistas, en su mayoría cometidos por estructuras paramilitares o acciones directamente de miembros de la policía y el ejército.

A ello se suman 23 casos de ejecuciones extrajudiciales documentados por la Corporación Sembrar entre Aguachica y Gamarra, que comprometen la responsabilidad de miembros del Batallón de Infantería Número 15, entre ellos el teniente coronel Álvaro Tamayo, quien fue comandante de esa unidad militar con sede en Ocaña, Norte de Santander, entre 1995 y 2008, las cuales estuvieron precedidas de desaparición forzada.

En el año 2001 la revista Noche y Niebla, del Banco de Datos del Cinep, informó que entre el año 2000 y junio de 2003 fueron 248 personas desaparecidas en todo el departamento del Cesar, de las cuales 17 fueron en el municipio de Aguachica.  El Observatorio de Memoria y conflicto del CNMH señala que en el departamento del Cesar se registran 11.271 desapariciones forzadas, de las cuales 3.757 corresponde a los municipios del sur del departamento. De ellas 398 se registran en Aguachica (30 aparecieron muertos y 9 aparecieron con vida). En Gamarra 42 casos (9 aparecieron muertos y 1 apareció con vida). San Martín: 125 casos (13 aparecieron muertos y 2 aparecieron con vida). San Alberto: 228 víctimas 17 aparecieron muertos y 4 aparecieron con vida). Para un total de: 793 hechos registrados.

Por su parte el Registro Único de Víctimas de la UARIV registra a corte del 30 de abril de 2023: 5,173 desapariciones forzadas en el departamento, de ellas: 250 son en Aguachica; 25 en Gamarra; 63 en San Martín y en San Alberto 102. Para un total de 440 en los cuatro municipios, una cifra menor a la documentada por el Observatorio del CNMH.

Revisando el portal de la UBPD aparecen documentadas 4.179 Personas Dadas por Desaparecidas en el departamento del Cesar, de las cuales en Aguachica se registran 411 víctimas y de ellas 367 son desapariciones forzadas. En Gamarra se registran 40 Personas Dadas por Desaparecidas, 36 por desaparición forzada. En San Martín: 120 de las cuales 93 son desapariciones forzadas. En San Alberto: 189 de ellas 160 se registran como desapariciones forzadas. Esto nos da un total de 760 Personas Dadas por Desaparecidas, de las cuales 656 serían desapariciones forzadas.

Estas frías cifras son la evidencia del terror que sufrió en el municipio de Aguachica y epicentro de las desapariciones forzadas con más de 400 víctimas que en la actualidad siguen esperando ser encontradas y devueltas a sus familiares. A lo que se suma la realidad de los otros tres municipios (Gamarra, San Martín y San Alberto) que conforman un corredor estratégico de dominio de los actores ilegales, especialmente paramilitares.

Los testimonios de las familias y organizaciones dan cuenta de que las personas fueron desaparecidas en las carreteras o lugares de trabajo y no es claro a cuál de los municipios pudieron ser llevadas. En otros casos los cuerpos fueron arrojados al río Magdalena. Por ello cobra importancia el cuidado y custodia de los cementerios en toda la región, porque en ellos se esconde la verdad y los cuerpos de las víctimas que esperan ser identificados y devueltos a sus familias. La información también ha podido ser corroborada por la magistratura por la información suministrada por la Defensoría del Pueblo, que allegó informes de alertas tempranas donde constan las denuncias por desapariciones forzadas.

Ese es el sentido de las medidas cautelares solicitadas por el MOVICE en el 2018. Acudimos a la JEP solicitando preservar estos lugares para garantizar una búsqueda eficaz y el derecho de los familiares a dicha búsqueda. En la petición inicial ya se advertía el riesgo en que se encontraba el Cementerio Municipal, así como las preocupaciones por el traslado del cementerio San Martín.

En el Auto AT-017 de 2019 la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad ordena a las autoridades de Aguachica, entregar toda la información que hayan recaudado y las actuaciones realizadas para atender las recomendaciones del Ministerio del Interior en relación con el manejo y preservación de los cuerpos inhumados no identificados. Posteriormente, en Auto AT-104 de·2019, la Sección
comisiona a UIA “para la práctica de inspección Judicial en los cementerios de Aguachica” y no sólo se ordena verificar el Cementerio San Martín, sino: “Identificar cualquier riesgo adicional, hacer recomendaciones y realizar las acciones que se consideren urgentes en el marco de sus competencias”.

Es decir, que para la magistratura ya era claro que el problema de los CNI y los CINR es de todos los cementerios, entre ellos los ubicados en Aguachica. En el mismo sentido, en oficio del 22 de enero de 2020 de respuesta al Auto 103 con solicitud de aclaración de los cementerios de Aguachica, el MOVICE insistió en que los cementerios objeto de la petición cautelar en el municipio de Aguachica (Cesar) son: 1) El Cementerio San Martín, denominado como “Cementerio de los Pobres” y 2) El Cementerio Católico Central del municipio de Aguachica y solicitabaque se mantuviera la medida de protección. Esta petición fue recogida en el Auto MC 049 del 2020.

En el caso del Cementerio San Martín, la UIA identificó riesgos en el proceso de verificación del traslado administrativo de los cuerpos, entre ellos señala que: “Las fosas no fueron juiciosamente numeradas, no cuentan con un registro fotográfico adecuado, por lo que es difícil saber de cuantos individuos estaba compuesta la fosa y cuantos individuos corresponden a personas identificados y cuáles no”. A la fecha las víctimas no han sido informadas del proceso, por ello resulta insuficiente la respuesta de que en este lugar no se encontraban CNI de posibles víctimas, cuando no es clara la metodología utilizada en dicho traslado y que permita llegar a esa conclusión con plena certeza.

De hecho, la UIA señala que: “Las fosas fueron intervenidas por personal con experiencia, según lo manifestado por la Funeraria Luz Divina, sin embargo, dichas personas no son profesionales, ni es el personal idóneo para este trabajo tan delicado y minucioso con el que
debió ser abordado dicha recuperación de cadáveres”.

El Ministerio de Interior ha informado que realizó diagnóstico, entre otros, de los cementerios Católico Central de Aguachica (56 CNI pueden ser recuperables, de las 113 que arrojó el cruce de información de las entidades), Central de San Alberto (1 CNI) y Central de San Martín (4 CNI). Sin embargo, no tenemos claridad sobre el total de los hallazgos encontrados ni de las medidas definidas para atender los riesgos o los procesos de posibles exhumaciones e identificaciones de los CNI.

Por lo anterior, reiteramos en esta audiencia la importancia de proteger los lugares donde pueden estar los CNI o CINR de las víctimas de desaparición forzada u otras formas de desaparición. En este caso, se trata no sólo del Cementerio San Martín, sino de otros cementerios de los municipios de Aguachica, San Alberto, San Martín y Gamarra, donde también pueden estar las víctimas, como se desprende del informe parcial elaborado por el Ministerio del Interior y de los hallazgos del GATEF. La protección de estos lugares tiene como fin esencial la protección de los cuerpos, es decir la garantía de los derechos de las víctimas de desaparición forzada y/o ejecuciones extrajudiciales y de
sus familias. La protección de los cementerios y otros lugares es una forma de garantizar el derecho a la búsqueda y en consecuencia una forma de garantizar los derechos de las víctimas consagrados en el Acuerdo de Paz y el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. La misma Sección ha reconocido que la protección de los lugares es, además, una forma de garantizar la información vinculada a los cuerpos. Como lo hemos señalado en otras audiencias la recuperación de los cuerpos en diferentes lugares donde se adelantan las medidas cautelares, y la orden de custodia de los mismos, ha representado una esperanza para las víctimas y por ello, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la JEP, las medidas cautelares puedan ampliarse o modificarse en favor de las víctimas y sus derechos.

Esperamos que en esta Audiencia se pueda profundizar en el compromiso de las instituciones para avanzar en solucionar los problemas y enfrentar los desafíos que estas medidas cautelares han podido evidenciar en materia de protección e identificación de los cuerpos, para que sean entregados en forma digna a sus familiares, haciendo posible la verdad y la justicia mediante una búsqueda integral con carácter restaurativo y reparador. El Sistema Nacional de Búsqueda creado recientemente en el Plan Nacional de Desarrollo es una excelente oportunidad para hacer efectivas las órdenes dadas por los magistrados y magistradas de esta Sección.

Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad, somos el
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

 

COMUNICADO OFICIAL