(Español) El día de hoy 22 de julio, víctimas de ejecuciones extrajudiciales de sus familiares y organizaciones que las acompañan aglutinadas en la Mesa de la Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales entregamos las bases de datos y los informes sobre 6.942 víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por miembros de los fuerzas militares y de seguridad del Estado entre los años 1990 y el año 2015. La inmensa mayoría de estos casos no han sido esclarecidos, juzgados ni sancionados pues no ha existido voluntad para que sean debidamente investigados, sus máximos responsables no han sido llevados ante la justicia y la mayor parte de sus víctimas siguen sin ser reparadas. La entrega de estos casos a la Comisión de la Verdad constituye para las víctimas una esperanza de acercar los reclamos de verdad, memoria y justicia sobre una de las más atroces prácticas genocidas del terrorismo de Estado en Colombia.
De estos 9999 casos, perpetrados a lo largo de 25 años, la mayor parte de los mismos, 5763 fueron cometidos entre los años 2000 y 2010, y se masificaron entre los años 2002 y 2008 como parte de una política orientada desde el más alto nivel en que se presiono y se dieron estímulos a las muertes de civiles presentadas fraudulentamente como bajas en combate, para publicitar los supuestos logros de la denominada política de seguridad democrática. Por esta razón, desde la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, ante la llegada masiva de denuncias de que cientos de campesinos, indígenas, líderes sociales y pobladores civiles de regiones afectadas por operaciones militares estaban siendo fraudulentamente presentado como “positivos” de la estrategia de guerra, decidieron conformar la Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales en el año 2004 y comenzar a documentar los cientos de casos de “falsos positivos” que se presentaban ante los medios como éxitos de la seguridad democrática. De este modo, con el aporte de las víctimas y las organizaciones que las han acompañado en sus reclamos se conformó una primera base de datos que incluye los registros de 5763 víctimas entre años 2000-2010, de las cuales se documentó que 5326 personas fueron víctimas de esta modalidad de crimen de Estado durante la Administración de Álvaro Uribe, lo que implicó que a lo largo de los dos periodos de dicho Gobierno, cerca de dos personas cada día fueron víctimas de homicidios por responsabilidad de la Fuerza Pública.
Al decretar la admisibilidad de 37 casos acumulados de estas ejecuciones, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo hizo con base en que “las presuntas víctimas fueron ejecutadas por miembros del ejército, que habrían alterado la escena del crimen y cambiado sus vestimentas, para poder reportarlas como miembros de grupos guerrilleros que habrían sido dados de baja en combate, supuestamente con el objetivo de reclamar incentivos económicos y profesionales, y responder a la presión de presentar resultados positivos en su lucha contra los grupos subversivos impuesta por el gobierno”[1].
Los antecedentes mediatos de esta práctica se habían presentado en el Departamento de Antioquia entre los años 1995-1997 cuando se desempeño como gobernador el antes mencionado, y cuando se desempeñaron como mandos de la brigadas militares asentadas en dicho departamento (IV, XIV y XVII Brigadas) los oficiales que luego el mismo llamaría a ocupar los más altos cargos en las fuerzas militares cuando dicha práctica se expandió por todo el territorio nacional.
Ante la Comisión de la Verdad, víctimas y organizaciones que las acompañan y representan judicialmente, entregamos el día de hoy dos bases de datos y 12 informes de análisis y contexto sobre los registros contenidos en estas bases de datos, algunos de cuales ya habían sido publicados y otros han sido entregados ante distintos órganos internacionales de protección de los derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o Misiones Internacionales de Expertos sobre los tema de la Impunidad y las Ejecuciones Extrajudiciales. Una primera base documenta 6912 víctimas que fueron ejecutadas entre los años 1990 y 2015, y en los cuales se documentó que estos hechos se perpetraron en los 32 departamentos, en 706 municipios del país. Una segunda base, mucho más detalladas y con mayor número de variables documentó los casos perpetrados entre los años 2000-2010 con 5765 casos en los 32 departamentos del país, en aproximadamente 622 municipios. Aquí se incluyen los 5326 caso de personas que fueron víctimas de esta modalidad de crimen de Estado bajo la estrategia de seguridad democrática. De este último periodo, en los casos donde pudimos identificar a los comandantes de unidad, se logró documentar una lista de los 117 comandantes de brigadas y 184 comandantes de batallones o brigadas móviles, cuyas unidades fueron identificadas directamente en la comisión de una o más ejecuciones extrajudiciales.