La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urge coordinar esfuerzos y liderazgos para esclarecer y poner fin a las prácticas de presuntas ejecuciones extrajudiciales
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena enérgicamente los graves hechos denunciados recientemente en torno al hallazgo en Ocaña, Norte de Santander, de hasta ahora 23 cadáveres –en su mayoría jóvenes- muchos de los cuales han sido identificados como pobladores de sectores del sur de la ciudad de Bogotá.
Otras informaciones recogidas por la Oficina, ya transmitidas oficialmente a las autoridades competentes, se refieren además a previas denuncias sobre la desaparición y muerte de jóvenes pobladores en otras ciudades tales como Montería y Medellín, así como en distintos municipios del país, entre ellos, Toluviejo (Sucre), Sahagún (Córdoba) y Remedios (Antioquia).
La Oficina expresa sus condolencias y solidaridad a los familiares de todas estas víctimas y renueva su firme propósito de no cejar en la búsqueda del pleno esclarecimiento y sanción de estos casos.
En las versiones que dan cuenta de estos hechos, se revela que las víctimas reciben promesas de trabajo, aparentemente legales o incluso ilegales, para trasladarse a municipios y departamentos distintos de sus lugares de residencia. En la mayoría de los casos, uno o dos días después de haber sido vistos con vida por última vez por sus familiares, resultan reportados como muertos en combate por el Ejército.
La Oficina alertó a fines de 2007 a las máximas autoridades del país sobre lo ocurrido en los departamentos de Sucre y Córdoba, donde varios jóvenes fueron reportados como muertos en combate bajo el patrón arriba descrito. El informe anual de la Alta Comisionada reiteró el caso a fines de febrero del presente año. Desde entonces y hasta abril de 2008 suman al menos 35 víctimas en dichos departamentos en circunstancias similares. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación viene adelantando investigaciones sobre estos hechos.
En relación con estos y otros casos, la Oficina exhortó al Alto Mando del Ejército a adoptar medidas extraordinarias para que las investigaciones disciplinarias internas esclarecieran responsabilidades, sin que hasta el presente se hayan obtenido resultados.
Resulta particularmente grave y preocupante que estos asesinatos se pudiesen estar cometiendo a través de verdaderas redes criminales, encargadas de engañar y conducir a las personas hasta el lugar donde se les da muerte. De establecerse la responsabilidad de miembros de la fuerza pública, directa o en modalidades de tolerancia, aquiescencia, complicidad o apoyo en este tipo de hechos, se configurarían graves violaciones de derechos humanos, que incluirían la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. La desarticulación inmediata de estas redes, con las cuales –según informaciones recibidas por la Oficina- algunos individuos estarían incluso obteniendo beneficios personales, es perentoria para la defensa de la vida por encima de toda otra consideración.
Reiterando la recomendación formulada en el último Informe de la Alta Comisionada, la Oficina urge a todas las autoridades competentes a coordinar esfuerzos y liderazgos para esclarecer y poner fin a las prácticas y patrones de presuntas ejecuciones extrajudiciales, adoptando medidas urgentes para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas las responsabilidades materiales e intelectuales por hechos como los aquí referidos.
Bogotá, D.C., 26 de septiembre de 2008