El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) exige que la investigación que se adelanta sobre las ‘chuzadas del DAS’ entregue prontos resultados y que se produzcan condenas ejemplarizantes contra los autores intelectuales, se esclarezcan las motivaciones políticas, así como a las personas que se beneficiaron de estos actos criminales. Por nuestro derecho legítimo a la verdad, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se impida que personas involucradas en las investigaciones huyan del país y que las indagaciones se amplíen más allá de las interceptaciones para lograr el esclarecimiento de otros hechos criminales como amenazas, torturas y homicidios, en los que presuntamente también habría estado involucrada esta entidad. Para las víctimas de crímenes de Estado, como afectadas directas de la “Operación Estímulo” del DAS y de otros aparatos criminales del Estado, es fundamental que se garantice la idónea conservación de las pruebas para que se permita establecer toda la verdad sobre estos hechos. Consideramos que con esta ‘Operación’ se pretendía estigmatizar al Movice y justificar ataques y asesinatos contra sus integrantes, así como invisibilizar a las víctimas del Estado y sus reclamos de justicia, verdad y reparación. Es de recordar que pruebas incautadas al DAS demostrarían que este organismo del Estado ordenó diseñar panfletos, afiches y pancartas para distribuir en todo el territorio nacional como parte de un montaje para hacerle creer al país que la marcha del 6 de marzo de 2008, realizada por el Movice, en respaldo a las víctimas de grupos paramilitares y agentes estatales, era organizada por las FARC. Ese año, seis miembros del Movimiento, que participaron en la preparación del 6 de marzo, fueron asesinados. Estos documentos incautados al DAS demuestran una vez más la existencia de un aparato criminal del Estado para perseguir, hostigar y estigmatizar a quienes ejercen su libre derecho a la protesta social, a la oposición política, a las víctimas de la criminalidad estatal y a las y los defensores de derechos humanos. El Movice, próximo a cumplir diez años de lucha contra la impunidad, insiste en que la paz es un derecho que el Estado debe garantizar y pasa por el reconocimiento de su responsabilidad en hechos victimizantes. Igualmente, que la solución política al conflicto armado implica reformas estructurales que combatan las causas que lo han originado y cambios en la política nacional, la cual presenta verdaderos obstáculos para el ejercicio de la democracia y la defensa de los derechos humanos.
Se debe condenar a quienes ordenaron y se beneficiaron de los crímenes
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