Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado queremos dirigirnos respetuosamente al Gobierno Nacional y sus instituciones con el objetivo de expresar nuestra profunda preocupación en relación con la estrategia de guerra directa contra grupos disidentes que se está considerando para atender la emergencia de seguridad en distintas partes del país pero sobre todo en el departamento del Cauca, en el cual algunos miembros de nuestro movimiento y de organizaciones cercanas vienen padeciendo amenazas, hostigamientos y señalamientos que ponen en riesgo la vida y permanencia en el territorio.
Si bien entendemos la importancia de mantener la seguridad y el orden público, creemos firmemente que cualquier medida que se tome en este sentido debe ser cuidadosamente considerada en términos de sus efectos en los derechos humanos de quienes habitan el territorio. La historia nos ha enseñado que las acciones militares directas pueden tener consecuencias graves y duraderas en la vida de las personas, especialmente en lo que respecta a la pérdida de vidas inocentes, el desplazamiento forzado de comunidades y el aumento de la violencia en general. Es por eso que hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que, en su búsqueda de soluciones a los desafíos de seguridad que enfrentamos como sociedad, no descuide el respeto y la protección de los derechos humanos fundamentales.
Consideramos que cualquier estrategia o política relacionada con la seguridad debe ser diseñada de manera integral, tomando en cuenta no sólo la dimensión militar o policial, sino también la dimensión social, económica y política. Es esencial garantizar la participación de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y otros actores relevantes en la formulación y evaluación de estas políticas, con el fin de asegurar que se respeten los principios democráticos y el Estado de derecho.
Finalmente, reiteramos nuestro llamado a considerar los efectos que puede traer la guerra directa contra grupos disidentes en términos de derechos humanos, y confiamos en que el Gobierno Nacional actuará de manera responsable y en consonancia con los principios y valores fundamentales de nuestra sociedad. Así mismo instamos a los actores armados a respetar la vida e integridad de las comunidades que habitan los territorios que históricamente se han visto afectados por la dinámica de la guerra, no estigmatizar ni amenazar los proyectos de vida colectiva y avanzar en propuestas que garanticen el diálogo para la construcción de la anhelada paz integral del pueblo colombiano.
“Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad, somos el movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado”
“Continuamos apostandole a la paz”