(Español)
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
En lo que va corrido del año 2020, se viene presentando un preocupante aumento de los asesinatos a líderes/as sociales y personas defensoras de derechos humanos, acompañado de modalidades como amenazas, masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones, atentados, perfilamientos, violencia policial, entre otros.
Según el último informe del Programa Somos Defensores, existe un aumento alarmante de los asesinatos a liderazgos sociales (95 personas) en el primer semestre del año 2020, correspondiente al 61% en comparación con el mismo periodo del año 2019, de los cuales alrededor del 48% del total han sido perpetrados en contexto de confinamiento producto de la pandemia del COVID-19.
Consideramos que en estos hechos existe una responsabilidad estatal por acción y omisión que se manifiesta en A) el aumento del 157% de agresiones contra líderes/as y defensores/as de derechos humanos por parte de la Fuerza pública; B) el congelamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad –CNGS, el despojo de su esencia vinculante y el no avance en la creación de la política del desmonte o desmantelamiento del paramilitarismo; C) incumplimiento en la creación de política pública para la garantía de las personas defensoras de derechos humanos y los líderes y lideresas sociales, D) La ineficacia del modelo de protección individual de la Unidad Nacional de Protección -UNP-; E) los escasos resultados de los órganos de investigación y control como Fiscalía y Procuraduría; y F) el despliegue de un discurso negacionista oficial, en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, que busca ocultar y/o trivializar el genocidio sistemático y selectivo que están sufriendo los/as líderes/as sociales, las organizaciones sociales, sindicales y los territorios más apartados del país, al tiempo que posiciona en la opinión pública una falsa gestión exitosa en materia de garantías de seguridad y protección de la vida de los liderazgos.
Son varias ya las amenazas que nuestros líderes y lideresas vienen recibiendo durante los últimos dos años sin que la Fiscalía y los entes de investigación produzcan resultados preliminares y/o avances significativos que permitan dar con los responsables y consolidar un plan para la desarticulación de sus estructuras paramilitares. Al día de hoy, la Estrategia de Investigación y Judicialización que la Fiscalía General de la Nación viene implementando desde 2016 no ha dado resultados satisfactorios y sus acciones han sido concluyentes en menos del 16% de las investigaciones -en su mayoría de homicidios-.
Los avances de las investigaciones en materia de amenazas son aún más desoladores, pues en este ámbito no se ha emprendido ningún tipo de acción contundente que de respuestas a los/as líderes/as cuyas vidas se encuentran en riesgo constante.
Por tal razón, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice convoca a un Plantón/velatón por la Vida el próximo viernes 27 de noviembre frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en la Calle 24 # 51-01, desde las 3:00, con el objetivo de exigir:
- A la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del Fiscal Francisco Barbosa, que adelante de manera rápida y efectiva investigaciones que permitan dar con los responsables de las amenazas y otros hechos de violencia, así como información clave que permita desarticular dichos grupos paramilitares.
- Al Gobierno Nacional, en cabeza de Iván Duque y al Alto Comisionado de Paz Miguel Ceballos, que respeten los Acuerdos de Paz y devuelvan a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad el carácter vinculante y decisorio que le permita articular una propuesta junto a las organizaciones sociales y de derechos humanos en la creación de la política del desmonte o desmantelamiento del paramilitarismo.
- Al Gobierno de Iván Duque, tal como prometió el 23 de agosto de 2018 y como es su deber frente al genocidio que se está presentando, que cumpla y avance de manera urgente en la construcción de una Política pública para la protección para líderes y lideresas sociales, escuchando a los procesos sociales, a las organizaciones de DDHH y a las comunidades y territorios más golpeados.
- A la opinión pública, a las organizaciones sociales, al movimiento de Derechos Humanos y a la comunidad internacional a rodearnos ante la situación de criminalización, persecución y amenazas que se viene presentando y a construir una agenda de presión y articulación que nos permita plantear la creación de un nuevo modelo de protección desde una perspectiva colectiva, participativa y desde el enfoque de seguridad humana que supere la ineficacia actual de la UNP, así como al posicionamiento de estrategias integrales que ofrezcan garantías de seguridad y protección a los movimientos sociales y sus liderazgos.