Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, proceso integrado por más de 200 organizaciones de víctimas y de derechos humanos, saludamos la realización de la audiencia pública del pasado lunes 11 de julio, que reconocemos como una oportunidad vital para la preservación y conservación de la memoria histórica como derecho colectivo precondición de la no repetición, en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Desde hace 17 años el Movice ha trabajado por el derecho a la verdad y la memoria, lo que ha representado demandar la implementación integral de la Ley 1448 de 2011 que suponía la puesta en marcha de un conjunto de medidas de diversa índole en beneficio de las víctimas, para garantizar un efectivo goce de nuestros derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición, entre ellas, una institución que cumpliese con el deber de memoria del Estado.
De esta forma se crea el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) con el mandato de avanzar en la reconstrucción de la memoria del conflicto armado interno como una forma de realización del derecho a la verdad del que somos titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto, debiendo garantizar y promover, tal como lo establece el artículo 145 de la citada ley, la participación de las víctimas y organizaciones sociales, reconociendo la trascendencia de las iniciativas provenientes de la sociedad civil. Aunado a ello, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) ha precisado anteriormente que el CNMH tiene la obligación de armonizar y ajustar sus acciones en consonancia con el ordenamiento jurídico que da vida al Sistema Integral para la Paz (SIP), así como con el Acuerdo Final de Paz, es decir, las acciones del CNMH deben mantener coherencia interna y externa con los fines y principios del Sistema, teniendo como pilar el respeto a la dignidad, integridad y a la honra de las víctimas, asumiendo el deber de actuar, como establecimiento público del orden nacional, con la debida consideración y respeto que garantice nuestra participación efectiva en las decisiones que nos afecten.
Sin embargo, tal como lo advertimos públicamente, desde el inicio de la dirección de Darío Acevedo este mandato se ha visto transgredido, como se ha reflejado con lo acontecido con la colección “Voces para Transformar a Colombia”, la exposición “SaNaciones” -sobre la cual esta Sección también avocó conocimiento del trámite de medida cautelar por el riesgo de alteración de sus contenidos que habían sido concertados con ocho pueblos indígenas-, e indiscutiblemente el conjunto de sus declaraciones públicas en las que ha buscado de manera deliberada desconocer y minimizar la responsabilidad del Estado y de grupos paramilitares en el conflicto armado, y de hecho, negar la existencia misma del conflicto armado interno en Colombia.
Hemos visto en su dirección una clara intención de privilegiar o sobreponer unas memorias sobre otras llegando a negar las memorias de las víctimas, y particularmente, de las víctimas de crímenes de Estado, por subestimar la gravedad de las acciones en las que fue partícipe, consintió y promovió el Estado colombiano, así como la magnitud de las violaciones a los derechos humanos de las que es responsable; al punto de ponderar la importancia de unos grupos de víctimas sobre otros. Ello evidentemente ha afectado de manera directa al Movice por la limitación de los espacios para que las víctimas de crímenes de Estado podamos narrar nuestras memorias y reconstruir la historia invisibilizada de nuestros seres queridos y procesos sociales y organizativos victimizados por la sistemática violencia sociopolítica y el conflicto armado interno, memoria que nos ha sido negada por más de seis décadas.
Sus actuaciones han constituido una vulneración a la dignidad misma de las víctimas por la ridiculización pública del carácter simbólico de las iniciativas de memoria que nosotras mismas hemos considerado pertinentes para relatar el dolor que ha generado la violencia que hemos vivido en carne propia, cuando se burla y borra las formas de representar y relatar a través de metáforas relacionadas con el agua, la tierra y el cuerpo. Tiene la osadía de decir que “poner a hablar a un río” es asunto de obras literarias, cuando las víctimas creemos que los cuerpos de agua han cumplido los roles de causa, medio y víctima del conflicto armado, y en consecuencia, esos ríos que Darío Acevedo desestima sí tienen una historia que contar porque son testigos de los imborrables crímenes que hemos vivido. Pero igual de importante aún, sus acciones al frente de la dirección del CNMH repercuten negativamente en el derecho a saber de la sociedad, en la esfera más pública, porque tergiversan la verdad que el país merece conocer acerca de los motivos y las circunstancias en que se dieron los hechos violentos que a hoy nos dejan mucho más de 10 millones de víctimas.
El objeto de análisis del trámite de medida cautelar al que fuimos convocados a participar como Movice por medio de auto AT 122 del 13 de junio de 2022, la alteración de productos, ha sido reconocido por el mismo Darío Acevedo en audios públicamente conocidos en los que asegura que habría cambios en el guión porque la construcción conceptual del mismo ya no tendría en cuenta las propuestas de las víctimas, sino que estaría a cargo de un grupo de “expertos” contratados por él, quienes decidirían qué publicar o no y cómo hacerlo. Bajo su administración, no solo se ha buscado censurar las narrativas de las víctimas que integrarían el Museo Nacional de la Memoria, sino también las memorias del impacto y alcance del paramilitarismo en el país, así como su estrecha relación con actores estatales; adicional a ello también se ha promovido el ocultamiento de las investigaciones que dan cuenta de las estrategias de los mal llamados “terceros”, gremios económicos o elites políticas que actuaron como financiadores de ejércitos privados.
Así entonces, es apenas previsible que las posturas negacionistas que han motivado sus acciones tengan efectos en el desarrollo de las funciones misionales del CNMH y en la producción y ejecución de los productos y materiales que ha venido desarrollando la entidad en los últimos años, lo que por supuesto representa un riesgo inminente de alteración, supresión, adición y modificación de productos previamente concertados con las víctimas, que supone una vulneración a sus derechos y que justifica entonces la pertinencia de decretar una medida cautelar definitiva sobre la colección “Voces para Transformar a Colombia” sin perjuicio del cambio de administración que se aproxima por causa de su reciente renuncia.
Como se ha visto reflejado en el trámite que adelanta la JEP, Darío Acevedo ha promovido el direccionamiento de medidas al interior de la institución que llevarían al desconocimiento de los amplios procesos de pedagogización, co-creación y participación con víctimas y comunidades que equipos del CNMH habían adelantado muchos años antes de su llegada a la Dirección, minando la legitimidad de la institución y desprestigiando el trabajo que había gozado de reconocimiento y prestigio en el país por productos como el Informe ¡Basta Ya!, sobre el cual Darío Acevedo ha demostrado su desprecio por considerarlo un “relato ideologizado lleno de falsedades y afirmaciones sin sustento”.
Es así como su papel frente al CNMH ha representado la promulgación de directrices que han quebrado los lazos de confianza y diálogo que sus funcionarios construyeron con muchas comunidades a lo largo del territorio nacional; se han alterado sus relatos, acomodando las memorias y archivos entregados por las organizaciones de víctimas como la Corporación Reiniciar a una verdad oficial; se ha faltado a la responsabilidad institucional de promover medidas de reparación simbólica que se ajusten a las necesidades y concepciones de las víctimas, y se ha perdido la vocación territorial que durante mucho tiempo llevó al CNMH a darle valor a los testimonios de las víctimas bajo profundos y pausados procesos de concertación, diálogos horizontales, laboratorios de creación y talleres de memoria que llevaron a tejer una colección incuestionablemente impregnada de las visiones de las víctimas y que les representaba como ningún otro producto de memoria realizado por una institución del Estado lo habría hecho antes.
El valor de todo ello, relatado con precisión por los testimoniantes que se presentaron ante la Sección, fue vulnerado y desechado; el resultado del esfuerzo de muchos años que un sinnúmero de funcionarios construyeron de la mano de las víctimas fue insultado y descartado por la apuesta de una dirección que no conserva ningún respeto por el trabajo previo a su llegada al CNMH, ni mucho menos por las víctimas que participaron en su construcción.
Una entidad que conserva como mandato el cumplimiento del deber de memoria del Estado no puede representar una amenaza para la voz de las víctimas, la reivindicación de su dignidad y la puesta en público de sus relatos y testimonios; es inconcebible que las instituciones encargadas de garantizar nuestros derechos, resguardar nuestra memoria y aportar a la construcción de la verdad sirvan de instrumento para la imposición de narrativas que niegan los hechos de los que hemos sido víctimas. En específico, para las víctimas de crímenes de Estado son inaceptables estas actuaciones que promueven formas para ocultar la participación del Estado en el conflicto porque permiten que se sigan justificando ante la sociedad que los atroces crímenes perpetrados por la Fuerza Pública se realizaron en el marco de una guerra en el que las comunidades resultaron consideradas objetivo militar. La promoción de este tipo de actuaciones niega el derecho a conocer la verdad e impone una memoria revisionista que tergiversa lo sucedido en el conflicto armado y la participación del Estado en él.
Es por ello que las víctimas reiteramos nuestra exigencia de que se garanticen mecanismos efectivos para nuestra participación al interior del CNMH y del Museo Nacional de la Memoria. Actualmente no hay muchas esperanzas para las víctimas en un Museo que le cierra las puertas a nuestras memorias y las abre a las verdades oficiales. El Museo de la Memoria de Colombia no puede ser un espacio para resaltar las historias de vida de agentes de la Fuerza Pública como una apología a la guerra, como lo ha pretendido la actual dirección, y mucho menos un recinto para glorificar la imagen de uno de los actores armados responsables del conflicto, que legitima las políticas del terrorismo de Estado y avala los hechos atroces cometidos por la Fuerza Pública.
Consideramos necesario que en la dirección de instituciones relacionadas con la garantía de nuestros derechos se ponga al frente a personas idóneas, que gocen de amplia legitimidad, capacidad de interlocución con las organizaciones de víctimas y de derechos humanos en el país y posean independencia de los actores vinculados al conflicto, además de una profunda sensibilidad por las víctimas y un compromiso con la construcción de paz. Las narrativas negacionistas del conflicto armado no deben tener espacios institucionales para su difusión, pues estos discursos avalan la posibilidad de ocultar la realidad y atentan contra el derecho a la dignidad, la memoria y la honra de las víctimas, por lo que se requiere que en el marco del trámite la Jurisdicción Especial para la Paz vele porque los relatos de lo sucedido elaborados por las víctimas estén acompañados de verdaderos esfuerzos institucionales para transmitir y dar a conocer esa verdad, significando en esta oportunidad la determinación de las medidas necesarias para proteger la colección “Voces para Transformar a Colombia”.
Las víctimas y la sociedad en su conjunto queremos conocer la realidad de lo sucedido y aportar en la elaboración de un relato colectivo, contando con una memoria pública e incentivando su apropiación por todas y todos los colombianos mediante la construcción de un Museo pensado con y para las víctimas. En este Museo, y en las acciones de reparación promovidas por la institucionalidad, las víctimas no queremos el lugar pasivo que han querido que ocupemos, ni queremos que nuestras memorias se nieguen o se cuenten a medias. Queremos hacer efectivo el derecho a ser oídas y poder contar la verdad, que el Museo Nacional de la Memoria sea un lugar de memoria viva, con nuestras voces, y que contribuya a que la verdad sobre la violencia no quede en el olvido, sino que, por el contrario, perviva en la memoria colectiva de la sociedad.
Sobre este propósito la Comisión de la Verdad recientemente ha entregado al país un conjunto de recomendaciones para la no repetición, dentro de las que se incluyen importantes llamados a la institucionalidad para la concertación de políticas de memoria que contribuyan a la superación de los daños que ha dejado el conflicto y que enfrenten de manera decidida la estigmatización y el negacionismo, dentro de las que se incluyen la reglamentación del Museo de Memoria de Colombia como una entidad pública de carácter permanente autónoma e independiente, encargada de construir, preservar, apropiar y difundir las memorias del conflicto y de los afrontamientos y resistencias desde una perspectiva plural. Frente a esta recomendación, la decisión que pueda tomar la Jurisdicción Especial para la Paz y las acciones que tome el nuevo gobierno de Gustavo Petro serán determinantes para que las narrativas negacionistas con las cuales se ha querido desconocer nuestra memoria, no consoliden su objetivo con la alteración del guión del Museo Nacional de la Memoria, y no profundicen así los daños ya causados por la dirección de Darío Acevedo.
Video: Fragmento de interveción en la audiencia pública en la Jurisdicción Especial para la Paz, en representación de Luz H, Vocera Nacional.