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¡SABEMOS QUIÉN DIO LA ORDEN! RESISTENCIA ANTE LA POLÍTICA DEL MIEDO #ParoNacional

Ante la criminalización y estigmatización de la protesta social, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice se permite comunicar que:

Miles de víctimas, comunidades campesinas, negras, palenqueras, afrodescendientes, indígenas y habitantes urbanos y rurales de todo el país nos hemos movilizado colectivamente en rechazo a las políticas y reformas de la muerte, que, en nombre de la Educación, la Salud y el supuesto bienestar de la población, son impuestas desde el Ejecutivo y justificadas por diferentes instancias gubernamentales, en una articulación perversa por empobrecer y precarizar más nuestros derechos.

A lo largo del territorio nacional, el país pudo conocer los numerosos actos ciudadanos de indignación y rechazo, nutridos principalmente por jóvenes y habitantes de barrios populares que a lo largo de extenuantes jornadas, durante el 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo principalmente, han manifestado su voz de rechazo y reivindicado el derecho legítimo que tenemos a la protesta.

La respuesta a la indignación ciudadana en todos los territorios ha sido no sólo el desproporcionado y criminal accionar de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), sino además, el despliegue militar desaforado con tanquetas y armamentos como si se tratara de combatir a otro ejército.  Hemos vivenciado como movimiento el intento discursivo de justificación de este supuesto uso legítimo de la fuerza, enmarcado en una noción difusa y generalizable como la de ‘vandalismo’. También hemos presenciado en las calles, e incluso desde nuestras casas en todo el territorio nacional, la coartada mediática ante el desfile de la maquinaria de guerra y la utilización de la pandemia por el Covid-19 como dispositivo de control, silenciamiento y expansión del miedo en la población. 

Desde el inicio de este PARO NACIONAL contra la Reforma Tributaria, la Reforma a la Salud, Reforma Pensional, entre otras políticas nefastas, el Gobierno de Duque inició un nuevo capítulo de represión estatal y graves violaciones a los derechos humanos que han dejado como balance, según diversas cifras de la ONG Temblores y la Campaña Defender la Libertad (hasta el día de ayer): 940 hechos de violencia estatal y policial, entre los cuales se encuentran 21 asesinatos, 18 víctimas de agresión en sus ojos, 92 víctimas de agresiones físicas, 672 detenciones arbitrarias, 42 hechos de abusos y agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos y reporteros independientes, 136 intervenciones violentas, 30 casos de disparos con arma de fuego por parte de la policía, 10 víctimas de violencia sexual y violencias basadas en género, además de un número indeterminado de presuntas desapariciones, torturas, robos, y destrozos que, como en cualquier Dictadura, han sido perpetrados de manera sistemática por una Fuerza Pública sin control. 

No obstante, la desproporcionalidad criminal de las Fuerzas Armadas del Estado actuando por encima de los gobiernos y autoridades locales, no son hechos aislados. Éstos hacen eco en los medios de comunicación hegemónicos y son amparados por el mismo Gobierno Nacional, quien desde su partido de gobierno Centro Democrático, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, han llamado abiertamente a los militares a usar las armas en el marco de las movilizaciones nacionales.

No es nuevo el tratamiento militar con el descontento social y popular de las protestas. Se volvió tradición aplicar el viejo y desgastado libreto de la doctrina de seguridad nacional que entiende a la sociedad que protesta y a los movimientos sociales como terroristas, estableciendo un régimen de miedo y estigmatización que se traduce en represión estatal, discursos de odio y señalamientos que ponen en grave riesgo la vida y libertad de los colombianos, al tiempo que cuestiona la falsa proclama democrática de un gobierno que se ha destacado desde el primer día por su carácter autoritario, antidemocrático y violento.

Junto a los demás sectores, organizaciones sociales, y ciudadanos/as, el MOVICE ha asistido de manera pacífica a los 6 días de Paro Nacional en todo el territorio nacional reivindicando nuestro derecho ciudadano de protestar y exigir al Estado Colombiano no solo el fin de la lesiva reforma tributaria, sino un amplio paquete de exigencias, entre las que se encuentran: 1) El cese de ataques al proceso de paz y cumplimiento efectivo de lo suscrito en el Acuerdo; 2) La aprobación urgente de una Renta Básica universal para enfrentar la crisis social; 3) Garantías de seguridad para líderes, lideresas y firmantes del acuerdo de paz; 4) El respeto por los derechos humanos y el cese de la violencia estatal contra el movimiento social; 5) El cumplimiento de la deuda histórica del Estado colombiano con las víctimas y el cese de su política negacionista. Las víctimas de crímenes de Estado no solo hemos sido víctimas de las políticas de exterminio en el marco de la violencia sociopolítica y el conflicto armado, además, llevamos décadas sufriendo -al igual que todo el pueblo colombiano- por las políticas económicas y sociales que aniquilan los sueños de las mayorías sociales a una vida digna. 

En ese camino, hemos vivenciado en las jornadas la represión de un Estado que entiende el inconformismo social de las mayorías como peligroso y señala a las organizaciones sociales como terroristas. En el transcurso de las movilizaciones, hemos sufrido la detención de nuestra compañera Martha Ceballos, Secretaria Técnica del Capítulo Nariño del Movice y defensora de derechos humanos quien fue detenida precisamente en el momento en el que como representante de las comisiones de verificación de derechos humanos, acompañaba y garantizaba los derechos de las y los marchantes el día 29 de abril de 2021 en éste territorio. Este hecho, sumado a la larga lista de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido detenidos, amenazados y heridos en el marco de las protestas por parte de la Fuerza Pública, es silenciado e invisibilizado por instituciones garantes como la Defensoría del Pueblo, en cabeza de su nuevo director Carlos Camargo. 

Tras 5 días de movilización social, y producto de ella, el gobierno Duque anunció el supuesto retiro de una reforma que nacía muerta en el Congreso, promulgando la construcción de una “nueva”. En lugar de escuchar y generar acciones frente al descontento nacional, instancias de su gobierno como el Ministerio de Defensa, dirigido por Diego Molano, inician una nueva “cacería de brujas”, orientada a deslegitimar la protesta social, reduciendo el clamor popular y las movilizaciones a actos organizados por disidencias y organizaciones criminales o a la existencia de un plan sistemático desarrollado por organizaciones al margen de la ley para desestabilizar el gobierno de turno. Esta estrategia, lejos de plantear una novedad, se inscribe más bien en la tendencia histórica del Estado Colombiano de infiltrar, reprimir y luego estigmatizar la protesta social. Una suerte de círculo represivo que trae consigo una política del miedo basada en capturas masivas e ilegales, montajes judiciales, amenazas, persecuciones y limitaciones a las libertades ciudadanas, con el fin de dar un mensaje ejemplarizante y reprender a la sociedad que marcha y lucha por sus derechos, al tiempo que busca limpiar la cara genocida de un Estado que durante décadas ha asesinado a los sectores populares y alternativos que cuestionan sus políticas de hambre.

Ante esta situación, nos sumamos al clamor nacional de nuestros pueblos, movimientos sociales y ciudadanía en general en la continuación del Paro Nacional Indefinido y exigimos:

  1. A la Defensoría del Pueblo, la renuncia inmediata de su director Carlos Camargo, quien en la omisión de su responsabilidad como funcionario público, garante de los derechos de la ciudadanía, se ha dedicado a encubrir y desestimar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de la Fuerza Pública, en especial del ESMAD y la Policía Nacional.
  2. Al Ministerio Público, cumplir con su labor constitucional de salvaguardar los derechos de la ciudadanía movilizada y realizar acompañamiento para verificar el cumplimiento del respeto de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública. Principalmente el de la seguridad, integridad y al debido proceso. 
  3. A la Fiscalía General de la Nación, cumplir con su deber de investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por ‘Agentes del Estado’ en el marco de las movilizaciones del Paro Nacional.
  4. Al Gobierno Duque y su partido de gobierno, cesar la orden de reprimir la movilización social y democrática, la persecución a la ciudadanía, y abrir canales de comunicación que permitan resolver la crisis social y económica de las familias colombianas agudizada por la pandemia y profundizada por sus políticas de Gobierno.

Así mismo, le planteamos a la comunidad internacional y los movimientos sociales:

  1. Reafirmamos nuestra apuesta y convocamos a todas las fuerzas sociales y políticas interesadas en la defensa de la vida y los derechos humanos, a exigir la reforma estructural de las Fuerzas Armadas del Estado, para avanzar en la construcción de Fuerzas Públicas para la paz, respetuosas y garantes de los DDHH.
  1. Proponemos se conforme una Comisión de Alto Nivel que diseñe y consolide una reforma a la doctrina de la Fuerza Pública. Esta Comisión estaría conformada por un grupo nacional e internacional y deberá elaborar un informe independiente para el esclarecimiento de los hechos y propuestas de Garantías de No Repetición, que involucren acciones para una Fuerza Pública para la Paz, la reforma profunda de la Policía Nacional y el desmonte efectivo del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, planteado en 1999 como transitorio.
  1. Solicitamos a organismos internacionales de Derechos Humanos realizar veeduría, investigación y denuncia sobre graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado Colombiano durante las movilizaciones del Paro Nacional llevadas a cabo desde el 28 de abril hasta la actualidad, que logren esclarecer las responsabilidades de acción u omisión, intelectuales y materiales y sancionar al Estado Colombiano. 
  1. Alertamos a la comunidad internacional y a la opinión pública nacional sobre el inicio de una nueva oleada de persecución, criminalización y estigmatización de la protesta social en Colombia, que pese al Acuerdo de Paz sigue siendo tratada por el Gobierno Duque como un problema de seguridad nacional, desde la doctrina del “enemigo interno”, que señala que todo inconformismo social y ciudadano debe ser entendido como parte de la “amenaza insurgente”.  
  1. Responsabilizamos al gobierno de Iván Duque y al Ministerio de Defensa en cabeza de Diego Molano por las afectaciones que puedan sufrir los liderazgos, organizaciones sociales y comunidades movilizadas que participan del Paro Nacional. 
  1. Exhortamos a la ciudadanía, a los movimientos sociales, y a las y los demócratas de todas las corrientes, a seguirnos movilizando en todo el país para proteger la vida, los derechos humanos, el derecho a la protesta y a rodearnos ante la oleada de represión, persecución y amenazas que se vienen presentando.