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Solicitudes y recomendaciones de las víctimas a la JEP en Audiencia de Medidas Cautelares Aguachica, Cesar

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Como peticionarios de este trámite de medida cautelar, a lo largo de las audiencias de seguimiento en las diferentes regiones del país hemos realizado diversos llamados para que la institucionalidad reconozca el continuum de la desaparición forzada, ponga en marcha estrategias que detengan su persistencia, evidencie avances reales en la protección de las víctimas y por supuesto, garantice el progreso real de los procesos de búsqueda.  Seguimos enfatizando que la desaparición forzada es un crimen de Estado y de lesa humanidad, de responsabilidad estatal por acción u omisión, que demanda un mayor compromiso en la respuesta institucional que el reflejado en esta audiencia. En particular las autoridades territoriales insisten en presentarse en estos espacios de seguimiento sin avances reales, con respuestas sostenidas y excusadas desde las limitaciones estructurales del Estado que lo que evidencian es la no priorización programática y presupuestal de las víctimas y su derecho a la búsqueda.

Es por ello que nos permitimos hacer las siguientes solicitudes y recomendaciones:

Frente a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) solicitamos a la JEP:

  1. Ordene la realización de un diagnóstico de los cuerpos recuperados en el Cementerio Los Pobres, en concordancia con la experiencia adquirida en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, considerando que, resulta improbable pensar que en un lugar ubicado en medio de una zona de alta confluencia de actores armados en el marco de conflicto y en el que se ha confirmado su utilización para la inhumación irregular de cuerpos, se descarte la existencia de víctimas de desaparición forzada.
  2. Le ordene presentar un plan de acción orientado a resolver la brecha que presenta la entidad entre el universo de víctimas en el Cesar y las solicitudes de búsqueda existentes, que deberá contemplar acciones de pedagogía con enfoque territorial para dar a conocer su mandato, así como estrategias logísticas y metodológicas para que las víctimas puedan acercarse a la entidad. Resaltamos la importancia de que la Unidad emprenda por iniciativa propia acciones para buscar y convocar a las víctimas que no han presentado su solicitud a acudir a la entidad para buscar a sus familiares, quienes por distintos motivos desde el desconocimiento, temor, o desconfianza institucional, no han podido realizarlo.
  3. Desarrollar, en articulación con el INML, una programación masiva de jornadas de atención integral en el departamento del Cesar, orientadas a avanzar con celeridad en la toma de muestras genéticas, documentación de casos, y elaboración de genogramas a familiares para la construcción de perfile genéticos integrales que nutran el Banco de Perfiles Genéticos, de tal manera que con la información actualizada, sean procedentes los cruces de información permanentes con las bases de datos oficiales para avanzar en el proceso de identificación.

Frente a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) solicitamos a la JEP:

  1. Ordenar el diseño de un plan de adecuación de la oferta institucional a proporcionar desde la UARIV y las autoridades departamentales y municipales para la garantía del derecho a la reparación efectiva e integral de las víctimas de desaparición forzada en el departamento del Cesar, en sintonía con el sentido de la orden dada por esta sección por medio de auto AT 059 del 29 de marzo de 2023 en el marco del trámite de medida cautelar en la región del Magdalena Medio y del cual también somos peticionarios, incorporando rutas que agilicen los trámites e involucrando el componente de indemnización así como otras medidas de satisfacción.
  2. Requerir a la UARIV para que, con el apoyo de las autoridades locales, lidere la concertación con los peticionarios y las demás organizaciones acompañantes estrategias de viabilización de propuestas de memoria que dignifiquen a las víctimas en el Eje Cafetero y constituyan medidas de satisfacción, contemplando la instauración de lugares de memoria en la región.

Frente al Ministerio del Interior solicitamos a la JEP: 

  1. Ordenar el desarrollo y remisión del diagnóstico multidimensional y mapeo técnico de los cementerios en donde se encuentren CNI y CINR, en subsidio de la información que pueda ser proporcionada por la UBPD, la FGN y el INML.
  2. Ordenar la formulación de la política pública para el manejo y protección de cementerios que permita corregir la forma en que se ha dado la labor de gestión de cementerios, por medio de una mesa técnica que cuente con la participación del peticionario y que propicie tanto la articulación interinstitucional como la participación de las víctimas. 
  3. Ordenar la remisión de los protocolos y/o metodologías existentes para la capacitación de administradores de cementerios y sepultureros para que, una vez sean incorporados al expediente y de conocimiento de todos los intervinientes, la mesa técnica anterior pueda evaluar oportunidades de mejora y complementación para profundizar y perfeccionar el tratamiento institucional de los CNI y CINR.
  4. Presentar una propuesta de fortalecimiento técnico a entidades territoriales para en materia de gestión de cementerios.
  5. Llamamos la atención sobre la situación de riesgo de líderes y lideresas sociales, organizaciones sociales de base y de víctimas en la region, que nos lleva a hacer hacer exigible garantías de seguridad para la participación de todas ellas en este trámite, por lo cual solicitamos a la Magistratura convocar la concurrencia del Ministerio Público en cabeza del Defensoría del Pueblo,  del Ministerio del Interior y de las Alcaldías Municipales para la adopción de medidas claras y articuladas de para su protección integral individual y colectiva. Recomendamos a la Jurisdicción que se emitan medidas de protección con posterioridad a esta diligencia que favorezca la protección y salvaguarda de sus vidas. 

Por último, en relación con las autoridades locales, es inaceptable la negligencia con la que las autoridades locales del orden municipal y departamental han comparecido a esta audiencia. Las respuestas del señor Robinson Manosalva Alcalde de Aguachica y Andrés Felipe Meza Gobernador del departamento del Cesar no satisfacen los derechos de las víctimas, carecen de suficiencia en materia de conocimiento de la función pública y no aportan a la garantía del derecho a la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en el Cesar.

A la Jurisdicción para la paz (JEP): 

  1. Solicitamos a la Sección de Ausencia de Reconocimiento, Sala de Reconocimiento y Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a lo de su competencia, a que en el marco de la sustanciación de los macro casos existentes implemente las medidas necesarias, para hacer exigible el compromiso y obligación de los comparecientes de entregar información verídica que contribuya a la búsqueda de los desaparecidos, que supondrá fortalecer e imprimir severidad a la revisión del régimen de condicionalidad, en la que hemos insistido desde el Movice por medio de diversas solicitudes de exclusión de comparecientes que no están cumpliendo con sus deberes en materia de verdad.
  2. Garantizar que las víctimas y organizaciones de víctimas que participan en el presente trámite intervengan en la definición de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido reparador o restaurador (TOAR) de los comparecientes cuya actividad criminal atraviesa el departamento del Cesar, o que pudieron haber tenido responsabilidad en la comisión de diversas victimizaciones en la región, en observancia de las consideraciones que presentó el Movice ante el entonces presidente de la Comisión de Participación y hoy presidente de la Jurisdicción, Magistrado Roberto Carlos Vidal, sobre el Documento CONPES que contempla los Lineamientos de Política para la implementación institucional de los componentes de las sanciones propias y medidas de contribución a la reparación por parte de los comparecientes ante la JEP.

Finalmente, enfatizamos en la necesidad urgente de que las instituciones aquí presentes asuman un compromiso real y genuino con las víctimas, trascendiendo el lenguaje de intentar solventar requerimientos judiciales con respuestas parciales, incompletas y revictimizantes, para realmente materializar transformaciones territoriales en materia de acceso a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Realmente lamentamos que instituciones como la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Aguachica no tengan respuestas oportunas y eficaces para hacer efectivos los derechos de las víctimas y no estén siquiera en la capacidad de preparar un cuestionario de preguntas para una diligencia judicial.

Por ello exigimos, a todas las instituciones presentes, que asuman con responsabilidad la función pública en un país que antes que ser una democracia es una fosa común, trascendiendo el lenguaje de intentar solventar requerimientos judiciales, para realmente materializar transformaciones territoriales en materia de acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición a las que tenemos derecho.