ActualidadComunicadosNoticiasPronunciamientos

Víctimas de Colombia piden que Mancuso sea extraditado

Por medio de una carta pública, víctimas directas de Salvatore Mancuso y víctimas organizadas en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice, le piden a la Fiscalía General de la Nación y a la Cancillería de Colombia que eviten la deportación del ex paramilitar a Italia, pues aún tiene procesos por los cuales responder en Colombia.

En los últimos días se ha conocido por medios de comunicación la posibilidad de que Salvatore Mancuso sea deportado a Italia a finales de este mes, lo que consolidaría un escenario de impunidad para las víctimas de crímenes de Estado y paramilitarismo en Colombia. 

Actualmente, el ex jefe paramilitar tiene dos solicitudes de extradición vigentes según la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que fueron emitidas el 11 de marzo de 2020. La primera es del 24 de octubre de 2019 por 588 homicidios en persona protegida, 922 desplazamientos forzados y 44 desapariciones forzadas, entre otros, medida de aseguramiento que quedó en firme tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia el 31 de enero de 2020. La segunda orden de captura, fue expedida el 6 de marzo de 2020 por un proceso relacionado con 14 homicidios en persona protegida, 52 desplazamientos forzados y 19 desapariciones forzadas.

Frente a la negligencia del Estado colombiano para garantizar que Salvatore Mancuso regrese a Colombia  para cumplir las órdenes de captura que se encuentran en firme en la justicia ordinaria y se adelanten las investigaciones pertinentes de los aproximadamente 650 procesos a los que ha sido vinculado y de los cuales ha reconocido 123 mil hechos en Justicia y Paz, las víctimas de crímenes de Estado le exigen a la Fiscalía General de la Nación y la Cancillería colombiana que aclaren la situación jurídica de Salvatore Mancuso y que sea extraditado a Colombia de manera inmediata.

¡EXTRADITEN A MANCUSO!

 

CARTA ABIERTA 

Bogotá, 11 de agosto de 2020

 

Señor(es)

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CANCILLERÍA DE COLOMBIA 

Ciudad 

 

Las víctimas que suscribimos este documento e integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), rechazamos la inacción del Estado Colombiano que ha permitido la consolidación de un escenario de impunidad devastador que se concretará con la posible deportación a Italia de Salvatore Mancuso el próximo 26 de agosto, generando una clara evasión a la justicia colombiana y una grave afrenta para las víctimas del paramilitarismo en el país, quienes por décadas hemos exigido verdad, justicia, reparación y no repetición. 

Salvatore Mancuso fue jefe del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), segundo comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), así mismo del Bloque Norte y del Bloque Catatumbo de las AUC, estructura desde la cual se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004 junto con 1434 hombres en el municipio de Tibú-Norte de Santander. Fue condenado por más de 1.500 crímenes cometidos bajo sus órdenes, pero aún no se han sancionado cerca de 75 mil hechos criminales asociados a su comandancia.

Tras su sometimiento al proceso de la Ley 975 o Ley Justicia y Paz, en cumplimiento de la Decisión del 24 de noviembre de 2004 de la Sala de Casación penal, fue extraditado el 13 de mayo de 2008 hacia los Estados Unidos de Norteamérica por delitos de tráfico de narcóticos, previa medida de aseguramiento proferida con fines de extradición por la Fiscalía General de la Nación (FGN) mediante Resolución del 23 de septiembre de 2002

Como consecuencia de su extradición y tras 12 años de detención, el ex jefe paramilitar quedó en libertad el pasado 27 de marzo. Las víctimas esperábamos que tras su libertad, el ex comandante paramilitar regresará a comparecer ante la jurisdicción colombiana. Sin embargo, ese anhelo de verdad y de justicia se ha entorpecido por la inacción del Estado Colombiano y sus instituciones. 

Actualmente, el ex jefe paramilitar tiene dos solicitudes de extradición vigentes según la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que fueron emitidas el 11 de marzo de 2020. La primera es del 24 de octubre de 2019 por 588 homicidios en persona protegida, 922 desplazamientos forzados y 44 desapariciones forzadas, entre otros, medida de aseguramiento que quedó en firme tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia el 31 de enero de 2020. La segunda orden de captura, fue expedida el 6 de marzo de 2020 por un proceso relacionado con 14 homicidios en persona protegida, 52 desplazamientos forzados y 19 desapariciones forzadas.

El 15 de abril del presente año, la FGN y el Ministerio de Justicia y del Derecho, informaron que Mancuso fue pedido en extradición por solicitud de las autoridades judiciales de Justicia y Paz, con el fin de garantizar la consecución de la verdad, reparación y no repetición que merecen las víctimas de los delitos que se le atribuyen”, siendo miembro activo de las AUC. 

Sin embargo, el juzgado penal con función de Ejecución de Sentencias para las Salas del Tribunal de Justicia y Paz, ordenó cancelar el pedido de extradición hacia Colombia del exjefe paramilitar porque la condena a 27 años y 8 meses que se le impuso por el delito de secuestro extorsivo fue objeto de acumulación en el modelo de Justicia y Paz, y por lo tanto, esa pena ya estaría redimida. Este fallo implica, que la orden de captura que estaba vigente por ese delito y que fue prorrogada por el juzgado 18 de Ejecución de Penas se canceló, porque ese juzgado no tenía competencia para ello

Aun con esta decisión, una vez Mancuso fuese deportado a Colombia enfrentaría otra orden de captura por un proceso de lavado de activos, delito presuntamente cometido después de su desmovilización. Este caso no fue utilizado por la Fiscalía y no aparece en la solicitud de extradición de Colombia a Estados Unidos. Según informan algunos medios de comunicación “la Fiscalía habría renunciado a usarlo en el trámite porque son los mismos hechos con los que Mancuso pide ser admitido  en la JEP y esto obliga a que se suspenda cualquier acción en la justicia ordinaria. Cabe recordar que la JEP le cerró sus puertas a Salvatore Mancuso  en primera instancia, y que el exjefe paramilitar tiene la posibilidad de apelar la decisión ante el Tribunal de Apelaciones, trámite que aún no culmina”.

En materia de extradición, las víctimas de crímenes de Estado desde el año 2009 habíamos exigido que “al cumplimiento de las penas en los Estados Unidos los jefes paramilitares sean devueltos a Colombia para el cumplimiento de las penas impuestas con ocasión de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto, en establecimientos carcelarios y penitenciarios colombianos”.

Hoy vemos que esta exigencia ratificaba el temor que en su momento las víctimas veníamos evidenciando en el marco de la implementación de la Ley de Justicia y Paz: la extradición como uno de los instrumentos para acallar la verdad y garantizar el silenciamiento.

Falta mucho por ser revelado, hasta ahora solo tenemos un atisbo de verdad conocida en algunas versiones libres, entre ellas, la que devela las relaciones entre las estructuras paramilitares y proyectos políticos y económicos defendidos y protegidos desde el Estado, como lo señaló Mancuso en su versión libre rendida en Medellín el 15 de mayo de 2017 “el paramilitarismo ha sido orquestado por los gremios económicos, que son los que ponen la plata, plata que favorece a los políticos y el Ejército dispara a quien se oponga a esto, sea guerrilla o no sea”.

El proyecto paramilitar fue y continúa siendo útil al fortalecimiento e imposición de los intereses económicos y políticos imperantes, como la empresa privada, las transnacionales, el latifundio y el narcotráfico y, según está probado, es producto de la aplicación de una política de Estado. 

Las víctimas de las 139 masacres perpetradas por Salvatore Mancuso que cobraron la vida de más de 837 personas, entre ellas, las víctimas de la masacre del Aro,  Antioquia (22 de octubre de 1997), La Granja (15 de junio de 1996), Pichilín, Sucre (4 de diciembre de 1996), Pijiguay, Sucre (6 de septiembre de 1997), masacres de la Gabarra y la de Tibú, Norte de Santander (agosto de 199 y julio de 2000, respectivamente), masacre de Chengue (enero de 2001), sabemos que no toda la verdad ha sido contada y que importantes verdades están siendo negadas a la sociedad, por ello con la inacción e inoperancia del Estado colombiano nos preguntamos ¿qué se pretende ocultar? ¿Quién le teme a la verdad?

Frente a la negligencia del Estado colombiano para garantizar que Salvatore Mancuso regrese a Colombia  para cumplir las órdenes de captura que se encuentran en firme en la justicia ordinaria y se adelanten las investigaciones pertinentes de los aproximadamente 650 procesos a los que ha sido vinculado y de los cuales ha reconocido 123 mil hechos en Justicia y Paz, las víctimas de crímenes de Estado le exigimos a la Fiscalía General de la Nación y la Cancillería colombiana que agote  todas las instancias legales para que Mancuso sea extraditado a Colombia, responda por sus actos en nuestro país. 

Los crímenes perpetrados por el paramilitarismo ocasionaron intensos sufrimientos a las víctimas en delitos como la tortura, la desaparición forzada, a ejecución extrajudicial, el desplazmiento forzado, la violencia sexual, el hostigamiento y el terror constante y el exterminio, perpetuados de manera sistemática y generalizada contra todos los sectores que se oponían al proyecto de control del paramilitarismo y los intereses que resguardan, los cuales fueron dirigidos contra la población civil, como se constató en Justicia y Paz. 

Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente: 

  • Que se exponga a las víctimas y en general a la sociedad colombiana, cuál es la situación jurídica actual de Salvatore Mancuso.
  • De igual forma, que se expongan las gestiones que han sido realizadas por el gobierno colombiano con el fin de lograr la extradición de Salvatore Mancuso y asegurar su comparecencia ante las autoridades judiciales competentes, en aras de lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas del paramilitarismo en nuestro país. 
  • Qué se indique por qué razón se solicitó el trámite de extradición de Salvatore Mancuso con una orden judicial vencida. 

 

¡EXTRADITEN A MANCUSO!

 

Víctimas firmantes:

 

  1.       Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice
  2.       Adriana Bedoya – Comuna 13 – Medellín
  3.     Adriana Valle Noreña –Medellín
  4.       Alberto Sanchez-Coordinación de víctimas REINICIAR
  5.       Ángel Campo Gómez, FUNCAVICES
  6.     Ángela Luz Cardona Restrepo – Comuna 13 – Medellín
  7.       Asociación de campesinos y comunidades sin Tierra del Cesar-ASOCAMTICE.
  8.     Asociación de Mujeres Tejedoras de Paz – Asotejaz
  9.     Bertha Lucía Valle Noreña- Medellín
  10. Bertha Luz Goez Cano – Comuna 13 – Medellín
  11. Betty García – Atlántico 
  12. Brinis Jesús Pedroza Estrada, FUMIVICAC
  13. Brinner Rodríguez – Atlántico 
  14. Camilo Andrés Ramírez Hache – Bogotá
  15. Carlos Albeiro Higuita López – Caracolí
  16. Carlos Iván Correa Areiza –Ituango
  17. Carmen Emilia García – Ituango 
  18. Carmen María Jiménez Monsalve – Comuna 13 – Medellín
  19. Casa de la Mujer
  20.   Catia Giselle Arrieta Mendez – Atlántico
  21. Claudia Yaneth Castaño Gallego – Vereda La Esperanza/ Carmen de Viboral – Antioquia 
  22. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar
  23.   Colectivo Migrantes y Exiliadxs Colombianxs por la Paz –MECoPa-
  24.   Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH
  25.   Consuelo Hurtado Zuluaga  – Medellín 
  26.   Coordinación Colombia Europa Estados Unidos-
  27. Corporación Jurídica Libertad-CJL
  28.   Corporacion Mesa departamental de derechos humanos y territorios del Cesar.
  29.   Denis María Rengifo – Chigorodó
  30.   Diana María Garzón – Medellín 
  31. Diana Maryory Restrepo Torres – Ituango
  32.   Dioselina Zuñiga Blanco – Atlántico 
  33.   Dora Elena Villa García – Ituango
  34.   Edna Figueredo Rojas – Atlántico 
  35.   Eisenover Mesa García – Ituango
  36.   Esperanza Gómez Rivera – Comuna 13 – Medellín
  37.   Familiares Colombia Línea Fundadora
  38.   Flor Gallego Hernández – Vereda La Esperanza/ Carmen de Viboral – Antioquia 
  39.   Fundación Foro Nacional por Colombia- Atlántico
  40. Fundación para La Paz, los derechos humanos y la democracia- Fubdemocracia
  41. Gema Inés Restrepo Torres – Ituango
  42.   Gilmer Orlando Mejía Misas –Ituango
  43.   Gladys del Socorro Castrillón Velásquez – Comuna 13 – Medellín 
  44.   Gladys Munera – Nuevos Conquistadores/ Comuna 13 – Medellín 
  45.   Gloria Amparo Urrego Restrepo  – Envigado
  46. Gloria Beatriz Álvarez – Chigorodó
  47.   Gonzalo Jaramillo Correa –Ituango
  48. Grupo de investigación GIDPAD- Universidad San Buenaventura de Medellín
  49. Grupo de Investigación y Editorial Kavilando
  50.   Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad
  51. Istmenia Carolina Pérez Núñez – Atlántico 
  52.   Jhony Aurelio Areiza Tobón – Ituango
  53.   John Jairo Valle Noreña- Medellín
  54.   José Alexander Castro – Medellín
  55.   José Alfonso Gómez Serna – Ituango
  56.   José Patrocinio Murillo Rivas -Ituango
  57.   Juan Antonio Ariza Carrillo – Atlántico 
  58.   Juan Guillermo Valle Noreña – Medellín
  59.   Juan Guillermo Villa García – Ituango
  60. Karen Patricia Ferrer Rudas – Atlántico
  61. Katherine López Casas – San Javier Comuna 13/ Medellín
  62.   Leslie Orozco Fonseca – Sucre
  63.   Lilliam Amparo Areiza Tobón – Ituango
  64. Lorena María Villa García – Ituango
  65.   Luis Alfredo Villa – Ituango
  66. Luis Fernando Álvarez A – Nordeste Antioqueño.
  67.   Luis Fernando Ospina – Apartadó (Ant).
  68. Luz Elena Galeano Laverde – Medellín
  69. Luz enith Franco Noreña – Comuna 13 – Medellín
  70.   Luz Mariela Villa García – Ituango
  71. Luz Marina Hache Contreras – Bogotá
  72. Luz Marina Palacio Hurtado – Atlántico 
  73.   Luz Marina Palacio Hurtado – Atlántico
  74.   Malory Andrea mejía Gómez –  Medellín
  75.   Margarita Selene Restrepo – Medellín 
  76.   María Alejandra Macías Villa – Ituango
  77.   María Arelis Charris Pérez – Atlántico
  78.   María Cardona Mejia 
  79.   María Edilma Torres Jaramillo –Ituango
  80. María Elpidia Vargas Chavarría – Comuna 13 – Medellín
  81. María Esperanza Castro Martínez – Medellín 
  82.   María Gloria Holguin Chavarría – Comuna 13 – Medellín
  83.   María Gloria Hollguin – Comuna 13 – Medellín
  84. Maria LuzDary Córdoba Sánchez  – Comuna 13 – Medellín
  85.   María Teresa Gómez De Mejia – Comuna 13 – Medellín 
  86. María Victoria Fallon Morales – Grupo Interdisciplinario GIDH
  87.   María  Auxilio  Arenas- Comuna 13 – Medellín 
  88. Marta Lucía Villa – Ituango
  89. Martha Inés Posso Jaramillo – Ituango
  90. Miguel de la Vega – Córdoba
  91. Miladys Restrepo Torres -Ituango
  92.   Miriam Lucía Areiza Tobón – Ituango
  93.   Nancy Fiallo Arake- Santander
  94. Narciso Alfonso Areiza Gómez – Ituango
  95.   Natalia Cecilia Mazo Ortiz – Comuna 13 – Medellín
  96. Nicolas Albeiro Restrepo – Ituango
  97.   Nora Pulgarín Castro – Medellín 
  98. Patricia Fuenmayor Gómez – Grupo Interdisciplinario GIDH
  99. Pedro torres Casseres – Atlántico 
  100. Piedad de la Cruz Gómez – Ituango
  101. Rafael Francisco Oviedo Piñerez – Chengue 

102.Rafael Peñate Mestra – Córdoba

103.Raúl Martínez Blanco – Atlántico 

  1.  Red Universitaria por la Paz-Redipaz
  2. Renata Cabrales Cueto- Suiza
  3. Ricardo Villa- Corporación Ricardo Villa Salcedo
  4. Rodolfo Sepúlveda Duran – Tibú – Norte de Santander. 
  5. Rodrigo Alberto Mesa Posso – Ituango
  6. Rosario Montoya Hoyos – Córdoba 
  7. Ruby de los Dolores Carvajal – Ituango
  8.   Saturnino Vazquez – Atlántico 
  9. Shanny Loraine Arrieta Mendez – Atlántico
  10. Sindicato de defensores y defensoras de derechos humanos de la Defensoría del pueblo –SINDHEP
  11. Socorro de Jesús Monsalve de Jiménez – Comuna 13 – Medellín 
  12. Verónica Sirley Llanes Villa –Ituango
  13. Víctimas del Bajo Cauca Antioqueño en el año 1993