El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado celebra el acuerdo que se ha firmado entre el Gobierno y las FARC-EP respecto a las víctimas de desaparición forzada en Colombia que, según cifras oficiales, son más de 45 mil. Esto, sin olvidar que existe un alto grado de subregistro.
Para el Movice el que la desaparición forzada haya sido un punto de acuerdo en la mesa de conversaciones de los diálogos de paz en la Habana es un logro y un reconocimiento a la incansable lucha que las víctimas del Estado han dado por la verdad y contra la impunidad en estos crímenes. Vemos también como positivo que en él se proponga la puesta en marcha de un plan humanitario de búsqueda de personas desaparecidas. Esperamos que éste en su práctica tenga una real efectividad.
Igualmente, consideramos que el planteamiento de la creación de una Unidad Especial Para la Búsqueda de Personas Desaparecidas responde a las exigencias hechas por las víctimas al Estado durante años de lucha y presentadas a la mesa de conversaciones de La Habana.
Sin embargo, exigimos que antes de que se formalicen las responsabilidades dadas en el acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se haga una exhaustiva evaluación del funcionamiento que esta ha tenido hasta la actualidad, de forma tal que se pongan en marcha las reestructuraciones necesarias para garantizar que esta efectivamente contribuya a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de las y los desaparecidos, dado que, como lo hemos señalado varias organizaciones, esta entidad no ha entregado mayores resultados en sus 14 años de existencia.
Solicitamos igualmente que en la Unidad que se creará se garantice la plena participación de las víctimas, es decir, que su voz y experiencia incida en la búsqueda de las personas desaparecidas y pueda hacer exigencias a las instituciones estatales y que también a las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y forenses que vienen trabajando con los familiares de las y los desaparecidos se les brinden las condiciones para su efectiva participación
Hemos denunciado que el Estado colombiano no tiene un mecanismo claro de identificación de cuerpos ni de la entrega efectiva de los restos a los familiares de las víctimas y más preocupante aún, no existe una estrategia efectiva de investigación para buscar las víctimas de desaparición forzada. Por esto, este es uno de los crímenes que en la actualidad tiene los niveles más altos de impunidad e invisibilización frente a la sociedad colombiana.
El Movice ha insistido en que la desaparición forzada ha sido un mecanismo sistemático usado por el Estado para acallar a opositores y líderes sociales y políticos. En este sentido, nos preocupa no sólo la ubicación e identificación de los cuerpos, sino también que la sociedad colombiana en su conjunto conozca la verdad sobre este crimen, lo cual incluye identificar quiénes han sido objeto de la desaparición forzada, los actores intelectuales y materiales de este crimen, y sus razones para desaparecer desde finales de la década de 1970 de manera sistemática a opositores políticos, líderes sociales, sindicalistas, indígenas, campesinos y afro-descendientes.
Como víctimas de la criminalidad estatal y teniendo en cuenta la obligación del Estado de garantizar los derechos y de proteger la vida y la integridad de los ciudadanos, insistimos en la necesidad de un enfoque diferenciador en los casos de desaparición forzada perpetrados por agentes estatales para alcanzar el esclarecimiento de la Verdad, ya que estos están marcados por prácticas que buscan el ocultamiento y la impunidad.
Recordamos también que es obligación del Estado y un derecho de las víctimas que se garantice en TODOS los casos la entrega digna de los cuerpos a los familiares, así como la ubicación de todos los desaparecidos, y no cuando sea posible, como se señala en el acuerdo. De igual manera el Estado debe contar con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas y garantizar las condiciones de participación a todas las víctimas, organizaciones de derechos humanos y forenses. Esto incluye recursos materiales, humanos y logísticos.
Finalmente, consideramos que urge una campaña masiva nacional que sensibilice a la sociedad colombiana en general sobre el crimen de la desaparición forzada, que promueva la denuncia de casos que no han sido registrados, que motive a la donación de muestras genéticas para garantizar la búsqueda eficaz de las personas desaparecidas y que permita que el país conozca toda la Verdad. Para esto último sería de gran importancia un pronunciamiento del Presidente de la República en el que se reconozca que el Estado ha puesto en marcha las desapariciones forzosas como una estrategia dentro de su lucha contrainsurgente, a través de la cual la humanidad y ciudadanía de muchos colombianos ha sido negada.