Los"falsos/positivos" en Colombia son crímenes de Estado
Colombia vive una de las crisis humanitarias más graves del planeta: cuatro millones de personas desplazadas forzadamente al interior del país y 60.000 refugiados políticos en el extranjero.
Desde agosto de 2002, miles de personas han sido asesinadas por razones socio-políticas, en la mayor parte de estos casos se ha comprobado la responsabilidad directa del Estado, en manos del ejercito colombiano. Seis millones de hectáreas de tierra han sido apropiadas ilegalmente a partir de la implantación del terror, con el fin de obligar a las comunidades rurales a abandonar sus tierras y darle vía libre a las multinacionales y a los mega-proyectos económicos. La impunidad de estos crímenes ha permitido a los paramilitares y a sus aliados políticos controlar el 35% del Parlamento y ocupar numerosos cargos públicos o diplomáticos
Desde su ascenso al poder en 2002, el presidente Álvaro Uribe Vélez, al negar la existencia del conflicto, lo ha exacerbado aun más, polarizando cada vez más la sociedad colombiana. Ha bloqueado sistemáticamente todas las propuestas alternativas que apoyan la defensa de los Derechos Humanos, las soluciones humanitarias y el diálogo político en Colombia. La iniciativa de la sociedad civil «Colombianos y Colombianas por la paz» que logró la liberación de 6 secuestrados por las FARC hace algunas semanas es el centro de una campaña odiosa por parte del gobierno colombiano. La vida de sus impulsores, así como la de los periodistas que cubrieron las liberaciones, está en peligro. Todos han sido deslegitimados públicamente por el presidente. Criminalizar y estigmatizar a los militantes de las organizaciones sociales, de los sindicatos, al movimiento indígena, a los defensores de los derechos humanos, a los periodistas y a la oposición democrática es designarlos como objetivo de los escuadrones de la muerte.
Colombia es también el país más peligroso en el mundo para los sindicalistas. De hecho detenta el record mundial de sindicalistas asesinados, desplazados por la fuerza o amenazados de muerte. Cuatro mil sindicalistas han sido asesinados en Colombia en estos últimos 20 años, de los cuales 474 lo han sido en seis años del mandato de Uribe, siguiendo el 97 % de estos crímenes en la impunidad. Cuando los conflictos sociales aumentan en el país, el gobierno colombiano responde con balas y detenciones arbitrarias a la exigencia de justicia social y de democracia. Y eso es lo que hizo el pasado octubre con la marcha pacífica de la Minga indígena y campesina, que aunque cumplió su objetivo de llegar a Bogotá, tuvo que pagar el tributo de 5 muertos y más de 100 heridos por querer defender su tierra y luchar por su libertad.
Bajo los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez, y amparados en sus uniformes y armas de dotación, miembros de las Fuerza Pública han asesinado cientos de civiles para presentarlos después como individuos abatidos en combate, con el fin de mostrar éxitos militares y recibir beneficios personales. Esas ejecuciones, que son precedidas por desapariciones forzadas, son de carácter sistemático y deben ser tipificadas como crímenes de lesa humanidad.
Resulta de extrema gravedad que quienes deben defender la vida de las/los ciudadanos y velar por su seguridad, sean quienes se encargan de violar los derechos humanos de forma generalizada, y que esas prácticas criminales sean auspiciadas por la política de Seguridad Democrática del actual gobierno Colombiano.
Los llamados "falsos positivos" no pueden ser considerados como delitos de individuos desequilibrados mentales, casos aislados o como meros síntomas de corrupción dentro de las fuerzas militares. Estos hechos se han presentado en múltiples departamentos del país, de manera permanente y con la participación de oficiales, suboficiales y soldados rasos del Ejército Nacional. La directiva No. 029 de noviembre 17 de 2005 del Ministerio de Defensa de Colombia ofrece estímulos a cada soldado que demuestre haber abatido a miembros de grupos armados al margen de la ley.
Legalizar las ejecuciones perpetradas por miembros de la Fuerza Pública es una vieja modalidad criminal en Colombia. En septiembre de 2008, los "falsos positivos" se dieron a conocer al país cuando 19 jóvenes del municipio de Soacha que habían sido desaparecidos, fueron encontrados en fosas comunes en el municipio de Ocaña y Norte de Santander. En años recientes, la plataforma de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos denunció más de 1.400 de estos casos. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha comenzado investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales que involucran a 763 agentes de la Fuerza Pública y que reconocen la existencia de por lo menos 1.137 víctimas.
Al presidente Uribe le ha tocado reconocer públicamente la gravedad de los hechos ordenando la destitución de 27 militares, entre ellos tres generales, y sin embargo, esta medida no ha sido suficiente. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ha declarado que estos crímenes son cosa del pasado. Mientras, los medios de comunicación siguen registrando a diario denuncias que demuestran la persistencia de estas ejecuciones.
Por que las victimas no cesan !!!
Porque millones de víctimas reclaman verdad, justicia, reparación y la garantía de que los crímenes contra la humanidad no se repetirán,
Exigimos:
Nunca más fosas comunes.
Nunca más desplazamientos forzados.
Nunca más crímenes de Estado.
Nunca más ejecuciones extrajudiciales.
Nunca más crímenes de lesa humanidad.
MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENS DE ESTADO DE COLOMBIA–MOVICE INTERNACIONAL
BILBAO 6 DE MARZO DE 2009
