Cañón del Melcocho ubicado entre los Municipios de Carmen de Viboral y Cocorná, en la subregión
del Oriente Antioqueño, denuncian ante organismos nacionales e internacionales, la constante
vulneración de sus derechos fundamentales por parte de efectivos del Grupo de Caballería
Mecanizada Nº4 “Juan del Corral” (GMJCO) adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, desde el
mes de Diciembre de 2009.
Campesinos de las veredas La Cristalina, El Porvenir, El Roblal, El Cocuyo y El Retiro, que conforman el
Cañón del Melcocho ubicado entre los Municipios de Carmen de Viboral y Cocorná, en la subregión
del Oriente Antioqueño, denuncian ante organismos nacionales e internacionales, la constante
vulneración de sus derechos fundamentales por parte de efectivos del Grupo de Caballería
Mecanizada Nº4 “Juan del Corral” (GMJCO) adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, desde el
mes de Diciembre de 2009.
HECHOS
1. Soldados pertenecientes a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en compañía de cuatro
reinsertados de grupos armados al margen de la ley, vienen sembrando minas antipersonales y
organizando caletas con armas en los territorios de las comunidades del Cañón del Melcocho, con
el fin de obtener privilegios y beneficios a raíz de los supuestos hallazgos. Esta práctica violatoria
de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, configura una nueva
modalidad de “falsos positivos” llevado a cabo por las Fuerzas Militares en su búsqueda de
resultados y efectividad.
2. Las comunidades que habitan el Cañón del Melcocho afirman categóricamente, que en las zonas
donde el Ejército y los reinsertados están realizando la siembra de minas antipersonales son
zonas en las cuales se conoce que no existe la presencia de este tipo de armas ni el tránsito de la
guerrilla; por el contrario, dichos lugares son áreas con un gran potencial en recursos hídricos y
mineros que se presume prontamente serán explotados por poderosas empresas interesadas en
este tipo de recursos.
3. Durante los meses de Diciembre de 2009 y Enero de 2010, soldados del Grupo de Caballería
Mecanizada Nº4 “Juan del Corral” (GMJCO), se encuentran realizando retenes y control de
alimentos a los habitantes de las cinco veredas del Cañón del Melcocho, con el argumento de que
una determinada cantidad de víveres va dirigida a la guerrilla. La ejecución de dicha práctica no es
nueva, por el contrario es constante y reiterativa en los últimos años.
4. No obstante la presencia de los retenes militares en la zona, es evidente el tránsito de personas
ajenas y extrañas a las veredas que actúan bajo la aquiescencia de los militares, quienes ingresan
insumos y material destinados a la fabricación de minas antipersonales y posiblemente
destinados a laboratorios para la producción de coca.
5. Esta serie de situaciones ha traído como consecuencia la estigmatización y el señalamiento de las
comunidades del Cañón del Melcocho como miembros o colaboradores de la guerrilla o
delincuencia organizada, poniendo en riesgo la integridad personal de cada uno de los habitantes
de la zona que han permanecido y resistido en el territorio y que no han optado por el
desplazamiento a pesar de las reiteradas agresiones del Ejército durante los últimos siete años,
dentro de las cuales se registran insultos, lesiones, acceso carnal violento, hurto de ganado y
ejecuciones extrajudiciales.
6. En razón de ello, desde el 8 de febrero de 2010, uno de los habitantes del Cañón del Melcocho ha
recibido amenazas contra de su vida por el intento de denuncia de las agresiones llevadas a cabo
por el Grupo de Caballería Mecanizada Nº4 “Juan del Corral” (GMJCO) adscrito a la Cuarta
Brigada del Ejército Nacional. La persona que realiza estas amenazas ha sido identificada por
habitantes del Cañon del Melcocho y manifiesta actuar de manera coordinada con integrantes de
esta unidad militar.
Los hechos acaecidos desde el mes de diciembre de 2009 en el Cañón del Melcocho, se enmarcan
dentro de la práctica sistemática de violación de derechos humanos de las comunidades campesinas
en la subregión del Oriente Antioqueño por parte de las Fuerzas Militares durante los últimos siete
años, circunstancia que desvirtúa la presunción de ser un hecho aislado.
Reafirmamos, que en primera instancia sobre el Estado Colombiano recae la responsabilidad de la
protección de los Derechos Humanos, como bien lo prescriben las disposiciones constitucionales y los
tratados y Convenios internacionales, toda vez que éste se erige como el sujeto responsable de velar y
garantizar el cumplimiento de lo consagrado en la Constitución Política de 1991, y por ser el que
adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y derechos internacional humanitario
ante la comunidad internacional. Debido a ello, su mayor deber jurídico es el de prevenir las
violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar
y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter
administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.
Llamamos a la solidaridad de personas y organizaciones nacionales e internacionales, comprometidas con la
defensa y promoción de los derechos humanos, para que se pronuncien en relación con estos hechos y exijan
del Estado colombiano tomar las medidas necesarias para investigar los hechos, establecer las sanciones y
garantizar la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes del oriente antioqueño, especialmente de
la región del Cañón del Melcocho.
Medellín, febrero 26 de 2010
CORPORACION JURIDICA LIBERTAD