Colombia: Las autoridades deben garantizar la seguridad de los manifestantes El presidente Álvaro Uribe debe hacer una firme declaración pública en apoyo de la importante y legítima labor de los defensores de los derechos humanos. De lo contrario se arriesga a dar luz verde a quienes desean atacarlos, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional ha hecho este llamamiento en los días previos a las manifestaciones previstas para el 6 de marzo en Bogotá y otras ciudades colombianas en protesta por las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad. Las manifestaciones están convocadas por la coalición de organizaciones de derechos humanos Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
Varios sindicalistas y defensores de los derechos humanos colombianos fueron víctimas de homicidio o recibieron amenazas justo antes o poco después de las manifestaciones masivas del 6 de marzo del pasado año, también organizadas por el MOVICE. En aquella ocasión, numerosas organizaciones colombianas de derechos humanos también recibieron amenazas por correo electrónico, que según los informes procedían de grupos paramilitares.
“Las amenazas y los homicidios que ensombrecieron trágicamente las manifestaciones del año pasado no deben repetirse. Las autoridades colombianas deben garantizar el derecho legítimo de todos a protestar pacíficamente”, ha dicho Marcelo Pollack, subdirector interino del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional pide a las autoridades colombianas que garanticen la seguridad de los organizadores y los participantes en las manifestaciones del 6 de marzo de este año. La organización también pide a las autoridades que investiguen eficaz e imparcialmente los homicidios y amenazas del año pasado, así como los abusos contra los derechos humanos perpetrados contra defensores de los derechos humanos, sindicalistas y otros activistas, y que pongan a todos los responsables a disposición judicial.
Las manifestaciones de este año se centran en el continuado problema de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad. En los últimos años, las organizaciones colombianas de derechos humanos han tratado de atraer la atención nacional e internacional sobre este problema y han pedido a las autoridades que actúen. A consecuencia de su labor para sacar a la luz las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad que las rodea, los defensores de los derechos humanos han recibido amenazas de muerte y han sido criticados públicamente por autoridades gubernamentales que han dado a entender que su labor forma parte de una estrategia de la guerrilla para desacreditar a las fuerzas de seguridad.
Información complementaria
El conflicto armado de Colombia ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a los paramilitares contra los grupos guerrilleros durante más de 40 años. La población civil sigue siendo la principal víctima de este conflicto, ya que ambas partes vulneran una y otra vez su derecho a no verse involucrada en las hostilidades. Todas las partes en conflicto –fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros– son responsables de abusos sistemáticos y generalizados contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario.
FIN/
FECHA DE EMBARGO: Miércoles, 4 de marzo de 2009 a las 00:01 horas GMT