NI LA MUERTE, NI LA BARBARIE, NI LA ZOZOBRA, SON SUPERIORES A LAS LUCHAS DEL PUEBLO
El día 19 de noviembre de 2008, hacia las 8:30 p.m., un individuo introduce un artefacto explosivo al interior del edificio HÉCTOR ALIRIO MARTÍNEZ, en donde funcionan las oficinas de las Organizaciones Sociales de Arauca (ADUC, ASOJER, AMAR, Fundación de Derechos Humanos JOEL SIERRA, La Asociación de Desplazados y la CUT Subdirectiva Arauca), causando graves daños a la infraestructura, en una afrenta al tejido social y su organización y a la lucha histórica por la vida y la permanencia en el territorio.
SON SUPERIORES A LAS LUCHAS DEL PUEBLO
Hoy 20 de noviembre hace diez años perpetraron la masacre de La Cabuya, el 13 de diciembre conmemoramos 10 años del bombardeo al caserío de Santo Domingo, crímenes de Lesa Humanidad, ambos cometidos por las Fuerzas Militares de Colombia.
Las masacres, las muertes selectivas, el señalamiento, las detenciones masivas y selectivas, la persecución a dirigentes sociales y sindicales, el secuestro, la extorsión, el desplazamiento forzado, el uso de artefactos explosivos contra la población civil o movimientos sociales… métodos terroristas finamente diseñados por los Estados Unidos a fin de asegurar el control de las naciones y sus movimientos sociales como políticas para garantizar su seguridad nacional, son aplicados directamente por los gobiernos de turno del imperialismo, a través de las fuerzas armadas y/o grupos al margen de la ley llamados paramilitares. En última instancia, planes diseñados para el control político y económico de sus intereses, el de las Empresas Transnacionales.
El Estado colombiano como fiel garante de dichos planes ha ejecutado al pie de la letra éstas y otras acciones criminales contra la población civil. El oriente colombiano ha sido blanco permanente de esta agresión, ejemplo de ello las masacres realizadas de manera directa por la Fuerza Pública o a nombre de Paramilitares; un sin número de muertes selectivas de defensores de Derechos Humanos y dirigentes sociales; las ejecuciones extrajudiciales que desde el 2002 se han documentado en un número superior a cincuenta; las detenciones masivas y selectivas que sobre pasan los dos mil detenidos; el envenenamiento de la vida con las fumigaciones; el desplazamiento forzado de las comunidades; la corrupción político-administrativa; la invasión militar de la vida cotidiana de las personas; la persecución a las comunidades indígenas; y la persecución a los proyectos comunitarios. Con la estrategia paramilitar se causó alrededor de dos mil muertes en el departamento, a pesar de su supuesta desmovilización en diciembre de 2005, se sigue actuando con nuevas formas y nuevos nombres, bajo la dirección de las autoridades civiles y militares, en donde nombres como Julio Enrique Acosta Bernal, Alfredo Iván Guzmán Tafur, Carlos Lemus Pedraza, Gustavo Matamoros Camacho, Santiago Herrera Fajardo, Luís Francisco Medina Corredor, llevan a la memoria colectiva a recordar estos crímenes todavía en la más completa impunidad.
En apología a estos métodos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), también han agredido a las comunidades de Arauca, sus Organizaciones Sociales y su dirigencia, lo mismo que los programas de vida del pueblo araucano, como ha sido el atentado contra la sede de la Asociación de educadores de Arauca – ASEDAR filial Saravena; el atentado contra el acueducto comunitario de Saravena; el saqueo a los sectores cooperativos de COAGROSARARE; el hurto del ganado de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Arauca – ADUC; las llamadas extorsivas a las diferentes empresas comunitarias; la intimidación a la libre expresión e información de la emisora comunitaria de Saravena; muertes a dirigentes sociales como Juan de Dios Pontón Mesa dirigente juvenil, Críspulo Cáceres, Wilson García víctima y testigo del bombardeo a Santo Domingo; los dirigentes políticos Juan Manuel Roa Montañez, Germán Cáceres, César Moreno, entre otros; las amenazas contra las Organizaciones Sociales de Arauca y su dirigencia; acciones militares con artefactos explosivos en donde han asesinado a la población civil como las Ramplas, Carrobombas, Ciclobombas; el asesinato a los indigenistas norte americanos; el desplazamiento forzado de campesinos de las áreas de exploración y explotación petrolera y todas aquellas acciones que han favorecido a los interese de las transnacionales.
En medio de este panorama el día 19 de noviembre de 2008, hacia las 8:30 p.m., un individuo introduce un artefacto explosivo al interior del edificio HÉCTOR ALIRIO MARTÍNEZ, en donde funcionan las oficinas de las Organizaciones Sociales de Arauca (ADUC, ASOJER, AMAR, Fundación de Derechos Humanos JOEL SIERRA, La Asociación de Desplazados y la CUT Subdirectiva Arauca), causando graves daños a la infraestructura, en una afrenta al tejido social y su organización y a la lucha histórica por la vida y la permanencia en el territorio.
Hoy, con vehemencia, mantenemos nuestros postulados en la construcción de una sociedad justa e igualitaria con la que históricamente hemos estado comprometidos y que fundamenta nuestro Plan de Vida. Así mismo, la denuncia, la libre expresión, la resistencia civil y la avanzada social, seguirán siendo parte de los instrumentos del ejercicio de la soberanía popular. En este sentido se encamina la lucha indígena U’wa y Sikuani, que hoy 20 de noviembre se tomaron el puente internacional “José Antonio Páez”, como una expresión más de la unidad y la resistencia indígena colombiana y latinoamericana expresada en la minga que vienen adelantando los indígenas en el país.
Nuestras vidas serán una ofrenda en esta lucha por una vida digna y ese mundo mejor posible. Convocamos a la comunidad nacional e internacional a entre lazar la solidaridad y el hermanamiento que permitan juntar nuestras luchas sociales y políticas, y, a rechazar y repudiar todo tipo de acción que atente contra éstas.
POR EL RESPETO A LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO
ORGANIZACIONES SOCIALES DE ARAUCA – COLOMBIA