Boletín 8: Amenazas paramilitares en todo el país

En su búsqueda de la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral, el MOVICE ha tenido que enfrentar una persecución política continua. En un esfuerzo conjunto de varias organizaciones y personas nos hemos puesto la tarea de hacer un boletín informativo sobre el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y sus integrantes de forma mensual.

Persecución al MOVICE y sus integrantes

Amenaza Paramilitar en todo el país

Desde el 10 de marzo aparecieron panfletos firmados por grupos ilegales que se hacen llamar “Autodefensas Unidas de Colombia” y “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” en más de 20 ciudades y zonas rurales en el país como el Sur de Bolívar y Catatumbo. En los panfletos aparecen amenazas a los(as) jóvenes, gays, prostitutas, etc. anunciando nuevamente operativos de los mal llamados “limpiezas sociales”.1 En varias regiones, los panfletos nombraron a personas específicas de las cuales, varias han sido asesinadas en el transcurso del mes.

Asesinato de estudiantes

El 9 de marzo, Eder Enrique Sierra Carranza de 38 años de edad y estudiante de entno-educación de la Universidad de la Guajira, fue asesinado en el municipio de Rioacha (Guajira). Eder Enrique fue interceptado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta, quienes le propinaron varios disparos de arma de fuego.

El 12 de marzo, Jorge Andrés Isaza Velázquez de 28 años de edad y ex estudiante de Derecho, fue asesinado en la ciudad de Medellín (Antioquía) al ser abordado al interior de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia por dos sicarios encapuchados, quienes le propinaron tres disparos de arma de fuego en la cabeza.2

Asesinato Presidente de Junta de Acción Comunal en Meta

El 14 de marzo fue asesinado Luis Arbey Díaz Rubiano, Presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda El Tapir en el municipio de La Macarena (Meta). El hecho fue cometido por una patrulla de la Brigada Móvil n°1 del Ejército de Colombia que se encontraba al mando de un teniente de apellido Londoño. Luis Arbey salía de su vivienda en compañía de su hijo con rumbo a la orilla del río, cuando cayó víctima de los disparos de la tropa.3

Atentado a la Unidad Indígena del Pueblo Awá

El 17 de marzo fueron objeto de un atentado el Secretario de Gobierno de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) Oscar Ortiz y Alex Guanga, cuando los dos líderes descargaban una mercancía de su vehículo en la sede de su organización. En esos momentos dos hombres desde una moto se aproximaron a la sede UNIPA en Pasto y dispararon en cuatro ocasiones contra los dos integrantes de la organización. Nos parece extraño que la policía no hubiera actuado de inmediato para dar con la captura de los individuos que participaron en el atentado, pues ellos presenciaron los hechos. Como es conocido por la opinión pública, la UNIPA viene denunciando desde el pasado 4 de febrero la masacre de 17 indígenas del Pueblo Awá.4

Amenazas a Fuerza de Mujeres Wayuu y asesinatos selectivos en la Guajira

El 27 de enero fue emitido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, el Informe de Riesgo No. 002-09, en el cual se menciona la amenaza paramilitar y las practicas de “limpieza social” frente a diferentes sectores como la comunidad árabe, los comerciantes y los dirigentes de las Juntas de Acción Comunal, a las comunidades Wayuu del área rural de Maicao ubicadas en los corregimientos de Montelara, La Majayura, Carraipía y a la organización Fuerza de Mujeres Wayuu, esta última dedicada a la lucha por los derechos de las víctimas. A principios de marzo se han presentado amenazas proferidas en contra de las Mujeres Wayuu y se han venido cometiendo asesinatos selectivos en contra de sectores poblacionales que habían sido ya identificados en el Informe de Riesgo de la Defensoría. Subrayamos que, en caso de concretarse las amenazas hacia alguna de las dirigentas de la Fuerza de Mujeres Wayuu, hacemos exclusivamente responsable, al gobierno nacional por omisión, ya que ha evadido la atención a las recomendaciones emitida por el SAT.5

Persecución a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN)

Desde el 12 de marzo Hugo Dagua, miembro fundador del Tejido de Comunicación de la ACIN y uno de los gestores de Radio Pa´yumat, ha sido perseguido por hombres no identificados en una motocicleta. Su lugar de residencia está siendo vigilado por estos mismos hombres quiénes rondan su casa.6 A la vez, la ACIN viene siendo objeto de señalamientos como fue el caso el 4 de marzo, cuando la revista Cambio incrimina en un artículo suyo calumniosamente a la ACIN y al dirigente indigenista Emmanuel Rozenthal de relaciones con el ELN.7

Montajes judiciales contra defensores de derechos humanos

El 11 de febrero y el 10 de marzo el fiscal 216 seccional delegado ante los jueces penales del circuito de Bogotá, ordenó reabrir las investigaciones penales en contra del reconocido líder de derechos humanos y sacerdote jesuita, Padre Javier Giraldo y el director de la Corporación Jurídica Libertad, Elkin Ramírez. El fiscal los acusa de falsa denuncia, injuria y calumnia. Estas investigaciones fueron reanudadas con base en las denuncias hechas originalmente en los años 2004 y 2005 por parte del Coronel Néstor Iván Duque López, comandante de la brigada militar supuestamente involucrada en la masacre en San José de Apartadó. La Corporación Jurídica Libertad teme que las acusaciones fueron motivadas por la participación de Giraldo y Ramírez en denunciar la participación del Coronel en esta masacre.8 El padre Giraldo se declaró en objección judicial frente a la citación de la fiscalía “Lo que no puede aceptar una conciencia ética es involucrarse en mecanismos institucionales que, tras ficciones o simulacros de verdad y de justicia, lo lleven a uno a contribuir, en la práctica y positivamente con la falsedad y la injusticia. Esto reviste una gravedad superlativa cuando en el simulacro está comprometida la vida y la dignidad de numerosos seres humanos. Por todas estas consideraciones, ruego respetuosamente se me exima de toda declaración, versión, indagatoria o entrevista, dada mi imposibilidad moral de hacerlo. La Constitución Nacional establece que “nadie será obligado a actuar contra su conciencia” (Art. 18).”9

En una decisión del 24 de febrero, el tribunal superior de Bucaramanga encontró culpable al Sr. Príncipe Gabriel González de rebelión y lo sentenció a 7 años de prisión. González es un líder de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos en Santander. En marzo del 2007, González había sido absuelto en el mismo proceso, un juez encontró que el proceso penal fue infundado y sin evidencia. Sin embargo, la fiscalía decidió apelar su absolución. La preocupante decisión del tribunal superior de Bucaramanga citó el trabajo de González por los derechos humanos y en abogar por parte de los presos, como evidencia de su participación con la guerrilla. Su caso ha sido reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Detenciones Arbitrarias, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los defensores de Derechos Humanos y el gobierno de los Estados Unidos en su informe anual de los derechos humanos.10

Tortura y Violencia Sexual por parte del ejercito en Yondó (Antioquía)

El sábado 14 de marzo en la zona rural del municipio de Yondó, un integrante del Batallón Calibío se presentó ante algunas personas de la comunidad afirmando ser de las autodefensas. Se dirigió a una casa de la comunidad donde se encontraban Jacqueline Coronado y Rosa García de 15 y 16 respectivamente. El soldado entró apuntándolas y les dijo que tenían que hacer lo que él les dijera por que sino las mataba, luego procedió a amarrar a las personas que se encontraban en la casa amedrentándolas con el arma y se llevó por la fuerza a Jacqueline Gutiérrez y a Rosita Henao. La comunidad conformó una comisión para buscarlas, encontrándolas en la zona boscosa de la vereda. Las menores sufrieron maltratos físicos y fueron violadas de distintas maneras.11

Señalamientos en contra de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJyP)

El 2 de marzo en el periódico El Colombiano, en un espacio pagado se presentó un comunicado titulado “Organizaciones indígenas y afrodescendientes del Bajo Atrato rechazan la ingerencia de la ONG Justicia y Paz y apoyan el proyecto minero Mande Norte”. Este comunicado afirma que: “Justicia y Paz y PBI se han dedicado a obstaculizar y perseguir todos los proyectos de carácter Estatal o Privado que estén interesados en buscar el desarrollo regional y por tanto la calidad de vida de nuestras poblaciones.” El 7 de marzo, en este mismo periódico, se publicó el artículo del columnista Raúl E. Tamayo Gaviria titulado “Defensores de Indígenas” en donde formula una serie de preguntas abiertas cuya respuesta vincularía necesariamente a la Comisión de Justicia y Paz y a Peace Brigades International con la guerrilla de las FARC Ep. 12

Dese finales de febrero de 2009 las comunidades indígenas Embera de los resguardos de Uradá, Jiguamiandó, Chageradó, Turriquitado y Río Murindó, de los municipios de Carmen del Darién y Murindó, se encuentran en desplazamiento forzado por las operaciones empresariales de la Muriel Mining y la militarización sufrida en sus resguardos y sitios sagrados.13

Presencia Paramilitar en la cuenca de Cacarica con la complicidad del ejército

El 13 de marzo paramilitares que se identificaron como “Águilas Negras” retuvieron a 3 pobladores del territorio colectivo de Cacarica hasta el domingo 15. El mismo 13 de marzo la CIJyP en Bogotá, fue informada que un grupo de las estructuras de tipo paramilitar convocaron a los resguardos de las comunidades indígenas a una reunión a la que deberían asistir obligatoriamente. Uno de los paramilitares que se identifico como de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” acuso a los pobladores originarios de ser colaboradores de la guerrilla, agregando que la reunión tenía como objetivo compartir las nuevas normas que debían asumir o deberían irse del territorio. A día 18 de marzo, persiste la presencia de grupos paramilitares sobre el río Perancho sin que haya existido reacción alguna de las fuerzas militares que se encuentran dentro del territorio colectivo.14

Actividades del MOVICE

Jornadas Nacionales en contra de las Ejecuciones Extrajudiciales

Los días 5, 6 y 7 de marzo en la ciudad de Bogotá se celebraron las Jornadas Nacionales en contra de las ejecuciones extrajudiciales. El 6 de marzo se realizó una marcha de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales hacia el Ministerio de Defensa y la Fiscalía para presentar una lista de peticiones. Esta jornada contó con actividades en varias ciudades del mundo. De estas Jornadas salió una declaratoria: “Durante los dos mandatos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y en aplicación de la política de “seguridad democrática”; han venido aumentado los registros de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza pública, según informes de las plataformas de derechos humanos y paz, por los menos 1.122 personas han sido asesinadas en total estado de indefensión, las cuales son presentadas como “bajas dadas en combate”(…) hacemos recaer la máxima responsabilidad por la masiva practica de ejecuciones extrajudiciales en el Presidente Álvaro Uribe Vélez, en su condición de comandante General de las Fuerzas Militares, el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, y en los altos mandos militares entre quienes se cuentan el Ex General Mario Montoya y General Fredy Padilla de León. Exigimos que el presidente Álvaro Uribe Vélez que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, separe del cargo al Ministro de defensa Juan Manuel Santos, a los altos mandos militares tanto a nivel nacional, como los que tienen mando en los lugares donde se han presentado estos crímenes y que los entes competentes inicien las investigaciones efectivas que redunden en sanciones ejemplarizantes en su condición de mando que ostentaban al momento de la ejecución de estos crímenes.”15

Libertad Carmelo Agámez

El 26 de marzo se realizó un plantón frente las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación donde se presentó una carta abierta dirigida al Fiscal General de la Nación firmada por organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales. En la carta se pide al fiscal garantizar el derecho al debido proceso y dejar en libertad a Carmelo, quien está detenido arbitrariamente desde el 15 de noviembre de 2008.

Postergada Audiencia Ciudadana en Caquetá

Por la grave situación de orden público que se vive en el departamento del Caquetá, el MOVICE se ha visto obligado a posponer la realización de la Audiencia Ciudadana por la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral que estaba prevista para el 28 de Marzo. La nueva fecha de la audiencia es el 9 de mayo.

Sexta visita de la Comisión Ética Contra los Crímenes de Estado en Colombia

Entre el 24 de febrero y el 11 de marzo del 2009, la Comisión Ética Contra los Crímenes de Estado en Colombia realizó su sexta visita. En esta ocasión, además del acompañamiento al pueblo indígena Embera y afrodescendientes de la cuenca del río Jiguamiandó en la Primera Consulta de los Pueblos y sendas visitas a los departamentos de Sucre y Putumayo, la Comisión Ética asistió a las Jornadas Nacionales en contra de las ejecuciones extrajudiciales.16

Derechos de las víctimas

Financiación del gobierno de las empresas de palma en Curvaradó

El gobierno Colombiano financió cerca del 100% de la palma en la cuenca de Curvaradó según un informe de la Contraloría General de la Nación en el que se presentan nuevos elementos de prueba sobre el uso de recursos públicos para la implementación del agronegocio ilegal de la palma en el Curvaradó a través de Finagro.17

Investigación preliminar a Generales retirados por operación Orion

Según un documento desclasificado de la CIA, el diseño y despliegue de la Operación Orión estuvo a cargo del Ejército colombiano al mando del General Montoya en su condición de comandante de la IV Brigada, el general Leonardo Gallego, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y fuerzas paramilitares, quienes pintaron los muros de los barrios con frases como “Bloque Cacique Nutibara, Compañía Orión”. La Corporación Jurídica Libertad le ha solicitado al Fiscal General de la Nación, ordenar la apertura formal de investigación preliminar contra los Generales retirados Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón, con el fin de clarificar su responsabilidad en los hechos ilícitos que se les atribuye. Además que se reconozca el derecho de las víctimas a conocer la verdad, a que se haga justicia, a ser reparadas integralmente y que nunca más se cometan estos crímenes que comprometen la responsabilidad del Estado colombiano.18

Audiencia en la CIDH sobre criminalización de pueblos indígenas.

El 20 de marzo se realizó una sesión en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la criminalización de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, Perú, Ecuador y Chile. En Colombia han sido asesinados 1200 indígenas en solo seis años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La guerra interna colombiana está llevando al borde la extinción a 18 pueblos, pero afecta a todos los indígenas de ese país, provocando ocupaciones militares de sus territorios, desplazamientos forzados, muertes y desapariciones. Recordemos además que el Estado colombiano es uno de los pocos en el mundo que se resiste a adoptar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.19

Sentencia C-175/09 de la Corte Constitucional, declaró inexequible el Estatuto Rural

La Corte declaró inexequible la Ley 1152 de 2007 “Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, y se dictan otras disposiciones”. Examinados los antecedentes y el curso del proyecto que culminó en la ley, la Corte concluyó que en el presente caso no se cumplió con el deber de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, toda vez que (i) al margen de la validez material de los procesos de participación efectuados, estos fueron llevados a cabo en forma inoportuna y por ende, contraria al principio de buena fe previsto en el artículo 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT ratificado por Colombia; y (ii) no existe evidencia alguna del cumplimiento de procedimientos preconsultivos.20

Informe anual de 2008 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia

“Las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y las fuerzas armadas colombianas, así como las actividades de los grupos armados ilegales y narcotraficantes, junto con subyacentes dificultades estructurales, como la inequitativa distribución de la riqueza, la discriminación y estigmatización de grupos vulnerables, la impunidad y las dificultades para el acceso a la justicia, siguen condicionando el goce integral de los derechos humanos.(…) Algunos altos funcionarios del Gobierno continuaron estigmatizando a los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes de la oposición y activistas sociales.(…) Hasta octubre de 2008, el número de quejas y víctimas registradas evidenciaba que las políticas institucionales adoptadas por el Ministerio de Defensa y el alto mando militar para combatir esta práctica (ejecuciones extrajudiciales) no habían logrado incidir de manera significativa en la reducción de estas graves violaciones.(…) Se reconoce que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación han tenido una mayor relevancia en las agendas política y pública durante 2008. Sin embargo, a la fecha de cierre de este informe, pocas víctimas han podido ejercer efectivamente estos derechos, manteniendo, en particular, a las víctimas de acciones u omisiones de agentes estatales marginadas del proceso.”