El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, rechaza y denuncia ante la opinión pública, nacional e internacional los recientes hechos acaecidos en el departamento de Sucre, y exige al gobierno nacional que brinde garantías serias y reales e inmediatas a la integridad física de las y los defensores de derechos humanos que valientemente promueven, defienden la tierra y exigen derechos de las víctimas de Crímenes de Estado.
Hechos
El día 30 de junio fue asesinado por desconocidos, el compañero ANTONIO MENDOZA MORALES, dirigente de Asociación de Desplazados de San Onofre y Los Montes de María, además de ser el único concejal del Polo Democrático en el departamento.
ANTONIO lideraba procesos de retorno de desplazados en tierras que habían sido despojadas por grupos armados y venían apoyando un proceso de exigibilidad de restitución de tierras ante las autoridades departamentales y municipales.
Este hecho se suma a un grave contexto de violencia y persecución, donde tan solo en el mes de junio ya son 5 (cinco) las agresiones contra dirigentes del MOVICE Capítulo – Sucre.
Resaltamos la situación que padece en todo el país los y las líderes y comunidades que exigen restitución legítima de sus tierras, el gobierno y los organismos de control no han tenido una verdadera voluntad política para frenar los asesinatos, desplazamientos y amenazas que siguen padeciendo estas comunidades.
Exigimos que:
1.Se garantice la vida y la integridad física de las y los líderes y comunidades que defienden su derecho a la tierra en Sucre y a lo largo y ancho del país.
2.Se investiguen a fondo estos crímenes para garantizar la verdad, la justicia y la reparación y garantías para la no repetición.
3.Al gobierno nacional reactivar la interlocución con el Movimiento, según acuerdos establecidos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha dilatado este proceso de concertación y demostrado poca voluntad para el dialogo y la disposición de salvaguardar los derechos de las víctimas
4.Garantías políticas inmediatas para quienes se encuentran en riesgo y amenaza por su condición de defensor(a) de derechos humanos, líderes y comunidades organizadas en pro de la defensa de sus derechos.