Este jueves 2 de junio se realizó en el Congreso de la República la Audiencia Pública El deber de memoria del Estado y el derecho a la memoria de los pueblos desde las 8:00 a.m. y con la intervención de organizaciones de víctimas y de derechos humanos del país.
El objetivo de la Audiencia fue “poner en debate público el papel que jugarán los lugares de memoria y conciencia que existen en Colombia en un escenario de posacuerdos de paz, sobre las fuentes de financiación y la autonomía que garantizarán su existencia.
Margarita Ruiz Silva, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) señaló que el deber del Estado frente a la reconstrucción de la memoria histórica debe ser una prioridad en la construcción de la paz e insistió en que las víctimas exigen la garantía de no repetición de los crímenes, pero que esto solo es posible desde una resistencia a olvidar, desde la fuerza de recordar para lograr comprender los verdaderos motivos del conflicto interno y de la violencia sociopolítica en el país y para analizar los hechos coyunturales como prácticas sistemáticas con objetivos específicos de defender una idea de Estado.
“El olvido y la desinformación se han convertido en una estrategia de represión que facilita la manipulación de las identidades de las víctimas, las familias y las organizaciones; el origen del olvido es un eje fundamental para el análisis de las complejas situaciones políticas, sociales, culturales e históricas que atraviesa nuestro país… es innegable que el Estado ha jugado un papel trascendental en la imposición del olvido, no solo por la descarada ley 975, promotora de la terrorífica política del perdón y el olvido; sino también por la divulgación que efectivamente han realizado sobre la historia oficial, esa que es plasmada en los distintos libros para las instituciones educativas, esa que es constantemente reproducida por los organismos oficiales, esa que narra las historias de los vencedores, esa historia que señala fechas importantes y trozos sesgados de los huellas de horror que deja la guerra, esa historia que no recoge las voces de los que vivieron los hechos, esa historia que solo nos muestra una cara de la moneda”, manifestó.
Insistió en que el Estado no ha sido garante de la reconstrucción de la memoria histórica, ni del esclarecimiento de los hechos ni del reconocimiento de sus responsabilidades en los crímenes y que esto se evidencia también en el fortalecimiento de mecanismos de impunidad que, a su vez, fomentan procesos de olvido colectivo.
“…El derecho a la verdad es el primer paso para garantizar un trabajo real en torno a la memoria; cundo hablamos de reparación integral en distintos espacios la relación que suele hacerse es la exigencia de una compensación económica; sin embargo, no es esto lo que le exigimos al Estado, en realidad lo que exigimos es que así como nosotros tenemos presentes a nuestros familiares, la sociedad conozca quiénes fueron, por qué ya no nos acompañan, pero, sobre todo, que conozcan POR QUÉ VIVIERON”.
Museo Nacional de la Memoria y garantías de participación para las víctimas
José Antequera, integrante de H.I.J.O.S y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), refiriéndose a la construcción de un Museo Nacional de la Memoria y a las garantías de participación para las víctimas en estos espacios, llamó la atención sobre el hecho de que no existe regulación alguna que dé garantías para que los lugares de memoria a nivel territorial tengan sostenibilidad, autonomía y recursos, así como sobre el hecho de que en el país no existen mecanismos para decidir quién dirige un lugar de memoria de carácter nacional cuando tiene participación del Estado.
“La Ley de Víctimas tiene unos principios. El espíritu de esos principios es que la existencia de un Museo Nacional de la memoria no puede significar la monopolización del ejercicio de la memoria en el país. Ahora, decir eso en la ley no es suficiente. Así como el Museo va a tener recursos del Estado, porque así lo ordena la Ley, las iniciativas de memoria en las regiones también tienen que tener sus propios recursos de manera sostenible. La discusión central es que quien da recursos es quien determina la agenda de cómo se destinan los recursos. El riesgo es, entonces, que el Estado por ser quien tiene los recursos sea quien determine totalmente los contenidos y modos de funcionamiento de los lugares de memoria,” indicó.
Agregó, además, que la participación de las víctimas en la construcción de este museo no puede basarse solo en la existencia de un número determinado de cupos para las víctimas en su dirección, ya que el universo de víctimas en Colombia es bastante amplio como para que esto sea suficiente.
“El Museo debería funcionar en red con los territorios, es decir, que se debe cumplir la aspiración de que el Museo no monopolice el ejercicio de la memoria y que existan garantías a nivel territorial para que eso sea posible. El papel del Estado debe ser garantista e impulsor de la voz de las mismas víctimas. Tiene que ser un papel de apoyo a las iniciativas de memoria en las regiones y en los territorios. Es un rol necesariamente activo, que debe pasar por principios de respeto de la autonomía de las víctimas y por no interferir y no vulnerar la dignidad y la honra de las víctimas. Es un rol que necesita llevarse a las entidades territoriales, donde por el momento el rol del Estado es aún un voluntario y se tiene que clarificar como un rol obligatorio”.
Concluyó diciendo que en el país se ha logrado un reconocimiento muy importante en la reivindicación de la memoria y su papel en la construcción de la paz, pero que hay retos importantes pues la Comisión de la Verdad futura y los acuerdos que se han logrado en los diálogos de La Habana van a significar cambios y profundizaciones en la participación y en los mecanismos desde los que hoy se hace memoria en el país.
Es de recordar que la Audiencia, realizada en el Salón Boyacá del Congreso, fue convocada por la Red Colombiana de Lugares de Memoria, el Senador Iván Cepeda y los representantes a la Cámara Alirio Uribe Muñoz y Ángela María Robledo, así como por otras organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
Les compartimos en PDF la intervención completa del Movice en la Audiencia: