La Misión Internacional de Verificación que visita Medellín reconoció que durante 2011 empeoraron las condiciones con las que trabajan las organizaciones defensoras de Derechos Humanos en el departamento.
Presiones contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que acompaña zonas humanitarias en el Urabá, amenazas contra líderes de organizaciones de la Comuna 13 y otros 18 casos más de vulneración a los defensores de Derechos Humanos fueron presentados, este martes 29 de noviembre, a la Misión Internacional de Verificación que está Medellín y que mañana se reunirá con autoridades locales y regionales.
“Nos han mostrado una realidad muy dura, muy cruda y con muy pocos visos de salida: la desesperanza en la que se puede cundir dentro de un tiempo es que las leyes no han sido suficientes para parar la situación de vulnerabilidad de muchas comunidades, de sus acompañantes y defensores”, afirmó una de las comisionadas internacionales, Tica Font Gregori, luego de atender la exposición de líderes de organizaciones de Antioquia, Caldas y Quindío.
En Antioquia la situación es preocupante. Según el informe elaborado para esta Misión de Verificación por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Fundación Sumapaz, entre enero y noviembre de 2011 aumentaron en un 62,3 por ciento las vulneraciones a defensores de Derechos Humanos con respecto al año inmediatamente anterior.
Además, 43 defensores han sido asesinados este año, cifra superior a los 12 que murieron por causa de su trabajo en el 2010. Entre los asesinatos sobresalen los de líderes de la Asociación de Víctimas para la Restitución y el Acceso a Tierras: Tierra y Vida, que han perdido a seis de sus miembros en el último año y medio, lo que demuestra una intensificación de los ataques en contra de esta organización que lucha por recuperar las tierras usurpadas en todo el país y especialmente en el Urabá antioqueño.
De esta subregión fueron presentados cinco casos de vulneración de Derechos Humanos que tuvieron en común la presión de los alzados en armas contra las organizaciones sociales que defienden la autonomía o propiedad de sus territorios. Tanto bandas criminales como guerrilla luchan por el control de la zona que, además de productiva para los sectores agroindustriales, es rica en metales especialmente en el Cerro ‘Care Perro’, tiene presencia de cultivos ilícitos en el pie de monte de la Serranía de Abibe y cuenta con más de cinco rutas utilizadas para el narcotráfico.
Tica Font, quien es directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz, afirmó además que el aumento en las denuncias no obedece a una mejoría en las condiciones de seguridad en terreno -que podría facilitar dicha acción- sino que la situación empeoró y se demuestra en el número de asesinados. “A pesar de que en Colombia se vayan generando leyes de víctimas y de retorno de tierras, que pudieran dar una pequeña luz de esperanza, se va viendo cómo en paralelo sigue lo mismo: que pasa el tiempo, los años y las situaciones siguen igual”, añadió.
En el informe del IPC y la Fundación Sumapaz se evidenció que este año hubo dos desapariciones forzadas que terminaron en asesinatos, situaciones de las que no se presentaron casos en Antioquia durante 2010. En dicho informe también se señala que las detenciones arbitrarias en el Norte, los asesinatos en el Bajo Cauca, los seguimientos y hostigamientos en el Nordeste, las amenazas individuales en el Valle de Aburrá, Oriente y Suroccidente fueron las agresiones que con más frecuencia se presentaron en las subregiones.
La Misión Internacional de Verificación entregará mañana en Bogotá un informe preliminar de la situación encontrada en las regiones pues representantes de 15 países están en ocho ciudades de Colombia analizando la situación de los defensores de Derechos Humanos.