Comunicación Ética 13
Durante los días 31 de octubre al 7 de noviembre del 2008, 6 integrantes de la COMISION ETICA DE LA VERDAD realizamos la V visita a Colombia con el propósito exhumar la memoria alrededor de las fosas comunes y respaldar el derecho de los familiares de las personas desaparecidas forzosamente a buscar, exhumar y enterrar con dignidad a sus seres queridos.
Las comisionadas Mirta Acuña de Baravalle (Argentina), Libertad Sánchez (España), Vicenta Font (España), Mary Bricker Jenkins (EEUU) y los comisionados Steven Nathan Haymes (EEUU) y Francois Houtart (Bélgica) visitamos comunidades y familiares de víctimas de múltiples crímenes en los departamentos de Sucre, del Chocó, de Antioquia y Putumayo en aras de salvaguardar la memoria ante la ausencia de garantías democráticas a las víctimas, sus familiares y testigos en Colombia.
En total recogimos 22 testimonios privados, 35 testimonios públicos, se nos entregaron 17 objetos para las casas de la memoria en el extranjero y participamos en 11 actos de dignificación por las víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y múltiples crímenes como asesinatos, torturas, violencia sexual, bombardeos.
Visitamos cementerios profanados y sitios de posibles enterramientos de personas desaparecidas forzadamente. También nos fue entregado en un acto público el Informe Preliminar sobre Daños causados por el desplazamiento forzado en comunidades del Bajo Atrato (Chocó) y Dabeiba (Antioquia).
Nos reunimos con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, con agencias internacionales que lo apoyan, y en medio de la coyuntura de la Minga indígena, social y comunitaria, nos entrevistamos con un delegado de la ONIC (Organización Nacional Indígena del Colombia), quien nos informó sobre el sentido de la Minga y la represión recibida como respuesta por parte del gobierno.
Visita a Sucre
La segunda visita a Sucre, por las comisionadas Mirta Acuña de Baravalle y Libertad Sánchez, tuvo lugar del 1 al 3 de noviembre. Realizamos diferentes actividades en San Onofre y Ovejas. Recepción de testimonios, visita y recorrido por la Finca “La Alemania”, visita a tres sitios donde acontecieron hechos violentos, documentación de fosas, compartimos con los miembros de la comunidad propietaria de esta sus relatos y actos simbólicos, además de personas que han sufrido los atropellos en Ovejas, experiencias, percepciones, sentimientos, inquietudes y sueños.
Recogimos cinco testimonios privados (2 hombres, 2 mujeres, 1 joven); Igualmente varias personas en actos comunes compartieron sus testimonios de lo que fue, de lo que ocurrió y de lo que se espera que sea.
En estos testimonios se pudieron comentar los hechos que provocaron múltiples desplazamientos forzados (en ambos lugares, San Onofre y Ovejas): Asesinatos realizados por paramilitares del Bloque Montes de Maria (vestidos con uniformes y otros de civiles, pero todos formando parte de la misma estructura), asesinatos realizados o apoyados por la fuerza pública, las torturas, los golpes, las amenazas, los intentos de homicidio, los señalamientos, las desapariciones forzadas y casos de violencia sexual.
Las víctimas nos compartieron que a las mujeres “…las utilizaban como esclavas, las cogían para limpiar la casa, hacer las labores,… a Balzudi (era de Berruga), la cogieron un viernes, la violaron, le cosieron la boca con alambres y le cosieron sus…… (el testigo señala los genitales) también con alambre” (Testimonio en la Finca “La Alemania”)
Pero sobre todo lo que pudimos comprobar en nuestra visita fue la destrucción de los bienes materiales y humanos.
San Onofre – La finca la Alemania convertido en centro de tortura de los paramilitares
En el caso de la Finca “La Alemania” se trata de un terreno entregado a los campesinos por parte del INCODER (INCORA) en 1997. Poco después llegaron los grupos paramilitares y les robaron a los campesinos su ganado (600 cabezas), con el apoyo de la fuerza pública y los diferentes alcaldes de la zona, con lo cual perdieron su sustento económico. Luego se cometieron además 7 homicidios y 2 desapariciones forzadas a socios de la empresa comunitaria Finca la Alemania.
La finca se convirtió en un campamento paramilitar y centro de tortura comandado por el paramilitar Rodrigo Mercado Peludo, alias “Cadena”, provocando a lo largo de los meses el desplazamiento forzado de todos los habitantes de la Finca.
Estando en la situación de desplazados, no pudieron hacer frente a los pagos establecidos para la adquisición de la finca, por lo tanto se encuentra amenazada de ser embargada. Así mismo, muchos de los socios de la finca se tuvieron que marchar a regiones cercanas en Sucre, en la Costa e incluso exiliarse a Venezuela, una situación que provocó la desestructuración, no sólo de su vida familiar, sino de su propio sustento.
A pesar de todo lo que les sucedió, sólo se ha reconocido el estatus de desplazado a 6 personas de un grupo de más de 40 personas, y el resto, a pesar de mantener la misma situación y los mismos hechos, no han no han logrado ser reconocidos como tales por el gobierno de Colombia. Los habitantes de la Finca la Alemania solicitan que no se lleve a cabo el embargo de la finca, que se considere su situación especial, así como la problemática que supuso el desplazamiento forzado que hasta el momento se encuentra en total impunidad.
La existencia de fosas y exhumaciones – irrespetando los derechos de los familiares
Durante el recorrido por sólo una parte de la finca conocimos varios sitios en los que posiblemente se encuentran fosas. Se localizaron en la línea de la cerca 6 fosas excavadas, sin saber si se han localizado cuerpos, ni de quien. Por otro lado, se ha tenido información de que la Fiscalía recuperó dos fosas con 4 cuerpos. También se tiene información de que se arrojaban cuerpos a un pozo, así como también detrás de una casa a la cual su dueño quiere volver, y reconstruir.
Así mismo, se tiene conocimiento de otras fosas en el lugar, que deberían ser localizadas, estudiadas, y exhumadas dignamente para que estos cuerpos sean entregados a sus familiares, respetando los protocolos internacionales para estos procedimientos, respetando la cultura de cada una de las personas y familiares de las víctimas, sin que se pierdan las pruebas para condenar a los culpables de estos hechos.
Comprobamos cómo la fiscalía no tiene en cuenta las víctimas, ya que en ningún momento se le ha informado a los dueños legales de la finca del ingreso de la fiscalía a las tierras para la prospección y/o exhumación de las fosas, irrespetando los derechos de los familiares de las victimas a participar en el proceso de búsqueda, a pesar de que hay socios de la finca la Alemania desaparecidos.
También los paramilitares, e incluso los que se encuentran encarcelados, aún realizan amenazas a los familiares que buscan a sus seres queridos, amenazando con aquellos de su clan que se encuentran fuera, y que ejecutarán sus órdenes si existe algún tipo de denuncia, evidenciando aún más la impunidad y el desprestigio de la Justicia en Colombia .
La fiscalía no tiene contacto con las víctimas, estás se encuentran desprotegidas, la falta de rigurosidad en las investigaciones impide la identificación de los restos exhumados y en consecuencia los familiares pierden la posibilidad de recuperar a sus seres queridos. Al no tener conocimientos de la pesquisas de la fiscalía, los familiares no saben si los cuerpos de sus seres queridos han sido localizados, y por tanto inhumados en nichos como NN, con la posibilidad de que éstos sean destruidos, como consta que ha ocurrido en otros lugares, y sigue ocurriendo.
A eso se suma la preocupación por el relato de un civil buscando fosas en la finca “La Alemania”, en el lugar donde se está sembrado maíz (se desconocía quien era esa persona), lo que preocupa acerca de las posibles consecuencias de destrucción u ocultamiento de los restos y eventuales pruebas.
Muchos de los socios de la Finca la Alemania ven en el retorno su única posibilidad de redignificar su vida, volver a sus tierras y vivir como campesinos trabajando por su propio sustento. Están decididos a adelantar también la búsqueda de verdad y justicia de sus seres queridos, familiares y / o vecinos.
Ovejas: Continúa la persecución de líderes campesinos
En el caso de Ovejas escuchamos testimonios acerca de la persecución de los líderes campesinos y sus familias, víctimas de asesinatos y desapariciones forzados por parte de grupos paramilitares y / o miembros de la fuerza pública. Como consecuencia se tuvieron que desplazar varias veces, sin encontrar un sitio seguro por estar estigmatizados.
Las consecuencias a nivel individual y familiar, especialmente para las niñas y los niños que tuvieron que presenciar actos sumamente violentos, se refleja en los relatos, los rostros y las emociones con los que compartieron sus experiencias con nosotros.
También esas familias tienen la experiencia de que a pesar de haber denunciado los crímenes ante las autoridades, esas no han adelantado investigaciones con resultados concretos; todos los crímenes están impunes.
Un legítimo Estado de derecho debería:
Otorgar el estatus de desplazados a todos los miembros de la finca “La Alemania”, reconociendo que son víctimas de la violencia, y que su desplazamiento fue forzado. El desconocimiento de esta condición es absolutamente grave
Respetar la declaración de protección de la finca “La Alemania” de acuerdo al decreto 250 del 2005, impidiendo que la finca sea expuesta a remate y que se le dé una oportunidad a los propietarios de renegociar la deuda teniendo en cuenta que se trata de victimas de la violencia socio – política y de crímenes contra la humanidad.
Llevar a cabo conjuntamente con los familiares los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas, aplicando todas las recomendaciones internacionales para llevar a cabo las exhumaciones y el apoyo psicosocial a las familias de las víctimas. Desde ya el Estado colombiano debería estar escuchando a las víctimas y promoviendo la participación de las víctimas en todas las fases de exhumación
Localizar, señalar y proteger las diferentes fosas que pudiera haber en la Finca “La Alemania”, para que con la nueva intervención de los propietarios, de siembra y ganado, no se destruyan las pruebas que pudieran existir.
Visita de la Comisión Ética a Curvaradó, Bajo Atrato, Chocó
En la visita al Curvaradó, realizada por las comisionadas Mary Bricker – Jenkins y Vicenta Font Gregori del 1 al 3 de noviembre hicimos presencia en las Zonas Humanitarias de Andalucía, la Comunidad de Caño Manso y de Camelias. Además se hicieron presentes las comunidades del Tesoro, No hay Como Dios y Caracolí del Curvaradó y representantes de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en el Jiguamiandó para compartir su desplazamiento forzado, la manera que utilizaron para expulsarles y el aporte que en su proceso de afirmación de derechos, hace la Comisión Ética.
Cómo se trata de la V visita al Jiguamiandó y Curvaradó no vamos a entrar en detalles sobre el desplazamiento y la usurpación de tierras que ya son recogidos en informes anteriores.
A lo largo de los dos días escuchamos 6 testimonios privados (4 hombres, 2 mujeres), entre ellos 4 casos de desaparición forzada, Nos compartieron también testimonios colectivos de 8 comunidades, y escuchamos testigos presenciales del reciente asesinato del líder Walberto Hoyos en Caño Manso. Visitamos juntas a las comunidades dos cementerios que han sido profanados, y se acompañó en la búsqueda de los restos de un familiar desaparecido en la comunidad de Camelias.
Andalucía: Cementerio profanado para siembra de palma
Los miembros de la Zona Humanitaria de Andalucía nos mostraron lo que fue su cementerio, en este el primer entierro cristiano data de 1963. Cuando la población se desplazó forzadamente llegó la industria de la palma, con sus maquinas allanaron la tierra para plantar palmas, en estos trabajos no respetaron el cementerio, que fue profanado y en que hemos podido ver como en el 2008 todavía quedaban restos de huesos humanos, ropa de los difuntos, restos de bóvedas y cruces entre las palmeras.
También pudimos observar que entre los canales de evacuación de agua a metro y medio de profundidad, quedaban tumbas intactas. Este cementerio de unos 160 m2 de superficie ha quedado partido en dos por los canales de evacuación de agua.
Caño Manso: Cementerio profanado al convertirlo en pasto de ganado y basurero; reciente asesinato de su líder Walberto Hoyos
La Comunidad de Caño Manso regresó a sus tierras el 5 de agosto de 2007, nos explicaron que cuando retornaron la mayoría de casas habían sido quemadas, sus tierras estaban siendo explotadas por industriales ganaderos que han construido casas en sus antiguas viviendas para los trabajadores que ellos han traído de fuera. Nos han mostrado como la industria ganadera ha profanado su cementerio convirtiéndolo en un vertedero de basuras, allí depositan botellas, plásticos y otros residuos. Cuando retornaron este espacio sagrado formaba parte de los pastos, ellos lo han vallado, pero los ganaderos han roto la valla y lo han transformado en vertedero..
La comunidad esta muy afectada, el 14 de octubre de 2008 los paramilitares mataron a unos de sus líderes Walberto Hoyos. Nos explicaron que tres hombres llegaron en dos motos, las dejaron ocultas, se trasladaron andando hasta el puente, se metieron por la caballeriza y hablaron con el administrador, Pablo, de la explotación ganadera, hablaron por el celular y dos de ellos entraron, se dirigieron hacia donde se encontraba Walberto, se levantaron el poncho, sacaron el arma y le dispararon, a los cinco minutos volvieron se llevaron el celular de Walberto y el de la comunidad, mataron un gorrino y volvieron a tirotear su cuerpo.
Nos explicaron que el administrador de la explotación ganadera es Luís Felipe Molano “el Tio”, que es coronel retirado del ejército, que ellos tienen entendido que trabaja para Teresa Castaño o Sor Teresa Gómez, hermana de Carlos Castaño.
La Comunidad de Caño Manso ha presentado denuncia del asesinato ante la fiscalía ya que no se fían de la policía. Al levantamiento del cadáver fueron 2 policías, dos militares y dos personas mas vestidas de civil que no se identificaron, su intención era obtener información sobre las actividades de Walberto. Walberto era testigo del asesinato de Orlando Valencia. La muerte de Walberto les ha afectado mucho y ha incrementado su miedo e inseguridad, la presencia a menos de 200 m de personas extrañas y de militares que conviven con ellos provoca que estén en actitud de vigilancia constante.
Camelias: un nuevo retorno y la búsqueda de familiares desaparecidos
La comunidad de la Zona Humanitaria de Camelias ha regresado hace apenas unos tres meses. Nos explicaron como sucedieron los hechos para su expulsión entre 1997 y 1998, como perdieron su ganado, las casas, la escuela, como lavaban sin jabón y comían sin sal… nos han explicado sus diversos desplazamientos por lugares cercanos, el tiempo que han vivido en campo abierto y como fueron bombardeados por el ejercito y como algunos de sus hijos han muerto por no poder salir a curarlos y ellos mismo se enfermaban. Uno de sus miembros comenta el largo tiempo que ha pasado sin poder dormir.
En esta misma comunidad recibimos testimonio de las violaciones de mujeres por los paramilitares. Una de ellas amarraron a su hijo, la amarraron a ella la violaron todos delante del muchacho mientras le decían si le gustaba. Después la mataron a ella y al muchacho. Otra muchacha fue violada por todos los paramilitares, la mataron luego la abrieron el canal y le cortaron las piernas, tenía 25 años, otra muchacha quedó viva y presenció los hechos.
En esta comunidad, testigos de los asesinatos de Isaac Tuberquia y Julio Mendoza solicitaron a las comisionadas acompañarlos a la identificación del posible lugar donde se encontraban sus cuerpos.
Recorrimos la finca y localizamos la posible fosa, se marcó el terreno para que posteriormente un antropólogo forense pueda recuperar e identificar los cadáveres. Su hijo y nieto allí presentes quieren que se adelante la exhumación y quieren ejercer su derecho de sepultarlos de manera digna.
Podemos resumir nuestra visita al Curvaradó en las siguientes observaciones:
1.Desplazamiento Forzado: Desde 1997 los miembros de esas comunidades
han sido obligados salir de su territorio debido a las acciones violentas de los militares colombianos y de sus grupos paramilitares. El objetivo del desplazamiento y de múltiples otras violaciones a los derechos humanos de esas comunidades como asesinatos, masacres, tortura, violencia sexual, ejecución extrajudicial, desaparición forzada entre otros ha sido ha sido sobre todo en el territorio.
Los daños que se han causado comprende dimensiones personales, familiares y colectivas pues se trata de comunidades negras. Esas dimensiones son desconocidas en los marcos legales y en los códigos de procedimiento penal, tanto, com una investigación que comprenda la tipificación de crímenes de lesa humanidad en un grupo étnico.
2.Apropiación ilegal de tierras: Las tierras han sido apropiadas ilegalmente por terceros, terratenientes, que las han convertido de tierras de pancoger y uso colectivo en tierras de uso individual – empresarial para ganancias de interés privados (a través de la palma aceitera, madera, ganadería). Pero también se anuncia una militarización territorial en el Jiguamiandó para la extracción de minerales
3.Profanación de lugares sagrados: Esa apropiación ilegal incluye la profanación de lugares sagrados, vimos cementerios excavados, abandonados y utilizados como basureros y con restos humanos profanados.
4.Violencia ejercida por el Estado y continuidad de los grupos paramilitares: Aunque se alega que los grupos paramilitares han sido desmovilizados, muchos de sus unidades continúan activas con nuevas denominaciones y formas de actuación variadas; su violencia sigue hasta el momento, muchas veces con el apoyo de los militares y de los que se han apropiado ilegalmente de las tierras.
5.Impunidad y persecución de las victimas y testigos: Por los más de 140 asesinatos y 13 desplazamientos forzados de las comunidades que están puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación hay una sola persona condenada a 27 años; eso es el caso del asesinato al líder Orlando Valencia, debido a la presión nacional e internacional para esclarecer este asesinato.
Todos los demás crímenes están en la absoluta impunidad, a pesar de que en las medidas provisionales de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó otorgados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se insta al gobierno investigar, juzgar y sancionar los crímenes perpetrados a las comunidades beneficiarias como una medida de protección.
Todo indica que hay un sistema de impunidad que protege los responsables materiales e intelectuales de esa violencia permisiva y que reprime la verdad de la cual los responsables de los crímenes son los beneficiarios.
Por el contrario si existe una persecución judicial de miembros de las comunidades, especialmente de sus líderes y de testigos, acusados falsamente por el apoyo o la dirección de la guerrilla. Nosotros no hemos encontrado ninguna prueba de ese apoyo, y escuchamos el rechazo de la gente de todo tipo de violencia y su agrupación en Zonas Humanitarias para exigir a los contendientes en la confrontación armada que los distingan como población civil y no lo involucren en ningún tipo de actuación militar.
Esa actitud de la fuerza pública no permite la confianza, no se espera nada más que nuevos señalamientos, muertos, judicializaciones y engaños por la policía y los militares.
Un legítimo Estado de derecho debería:
Demostrar resultados efectivos en el proceso contra los responsables de las empresas y particulares de la apropiación ilegal de las tierras de las comunidades afrocolombianas del Curvaradó y Jiguamiandó y abrir procesos contra otros particulares por la usurpación ilegal de tierras.
Materializar la devolución de las tierras ilegalmente ocupados de acuerdo a las resoluciones 2159 del 24 de agosto de 2007 y 2424 del 10 de septiembre de 2007 del Incoder, las resoluciones 6286, 6523, 6525, 6526 de septiembre de 2007 de la Superintendencia de Notariado y Registro y del Ministerio del Interior y Justicia, así como los requerimientos por parte del Ministerio del Interior a las empresas palmicultoras de la devolución de las tierras del 24 de noviembre del 2008.
La restitución de la tierra debe comprender la devolución real propiciando que las comunidades decidan qué hacer con la palma sembrada y en el caso de la ganadería extensiva esta debería incautarse para implementar las iniciativas comunitarias
El Estado debe crear las condiciones para la restitución posible de la biodiversidad
Parar la violencia ejercida por el Estado, incluyendo el desmonte real de los grupos paramilitares.
Rechazar las difamaciones y señalamientos contra líderes y miembros de las comunidades y su presunto apoyo a los grupos guerrilleros. Debería cerrar los procesos contra esas personas garantizándoles su derecho fundamental a un debido proceso.
Abolir la impunidad reinante como una medida de reparación y garantía de no repetición.
Garantizar la protección de cementerios y otros lugares de enterramientos contra la profanación.
Discutir y valorar los daños colectivos en nuevos marcos legales que deben ser propuestos por iniciativas del Congreso escuchando a las víctimas de comunidades negras
Cesar cualquier tipo de modelos de desarrollo o agro-negocios, obras extractivas y de infraestructura que desconocen la identidad comunitaria,
Visita de la Comisión Ética a Antioquia
Vereda La Esperanza, Oriente Antioqueño y Comuna Trece de Medellín
Las comisionadas Mirta Acuña de Baravalle, Libertad Sanchez, Mary Bricker – Jenkins y Vicenta Font i Gregori acompañamos del 3 al 5 de noviembre víctimas en Antioquia, un primer contacto desde la Comisión Ética. Estuvimos centradas en los actos conmemorativos en memoria de los desaparecidos forzosos de la Vereda La Esperanza en el Oriente Antioqueno y la Comuna 13 de Medellín.
Recogimos 4 testimonios privados (3 mujeres, 1 hombre joven) acerca de las desapariciones forzadas, el impacto a nivel individual, familiar y comunitario, así como las acciones emprendidas para la búsqueda de la verdad y la justicia. Nos fueron entregados múltiples documentos y objetos para la casa de la memoria.
Vereda La Esperanza: años de búsqueda y memoria, pero sigue la impunidad
Los actos en el caserío la vereda La Esperanza abarcaron desde la mañana hasta la media tarde. El acto empezó en una capilla en la carretera, en la que la comunidad ha colocado una placa conmemorativa a las 17 victimas de desaparición forzada, ocurridas entre junio y diciembre de 1996 por parte de grupos paramilitares del Bloque Magdalena Medio al mando de Ramón Isaza y por militares, adscritos a la Brigada 14.
En la capilla visualizamos un video sobre las desapariciones, y fuimos avanzando hacia el puente, de manera que en las paradas tenían lugar testimonios de familiares de desaparecidos y actos simbólicos como cantos, lecturas de poemas, etc. Un momento de especial significado, fue el acto de lanzar unos barcos al río en memoria de los desaparecidos arrojados al río.
Después de la comida y como continuación de la conmemoración hubo más actividades entre ellas la entrega a la Comisión Ética de diversos objetos de las victimas para que formen parte del legado de la memoria de lo acaecido.
A lo largo del día mantuvimos conversaciones con organizaciones de familiares de victimas y recogimos 4 testimonios privados de familiares de la vereda la Esperanza. A pesar de los esfuerzos, testimonios y presión por parte de los familiares, la búsqueda de la justicia se ve truncada. No hay individualización e identificación de todas las victimas; no se han individualizado y menos juzgados a todos los autores materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas, dado la obstrucción en los procesos penales adelantados por la fiscalía, dificultades de acceso a pruebas técnicas, varios cambios de fiscales, desvaloración de testimonios de los familiares y de militares de bajo rango que prueban los vínculos de militares con los paramilitares del Magdalena Medio y las desapariciones forzadas de la Esperanza.
Comuna 13: fosas comunes en medio de la ciudad de Medellín
En la Comuna 13 asistimos al acto en memoria de las víctimas de desapariciones forzosas que tuvo lugar en una cancha de fútbol de la misma comuna, escuchando testimonios públicos, de lo acaecido, por parte de familiares, en el cerro. Se refirieron especialmente a las operaciones militares en dichas comunidades, que tuvieron lugar durante los anos 2002 y 2003, para recuperar el control sobre la comuna pero con detenciones arbitrarias y masivas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, destrucciones de bienes.
Nos comentaron en varias ocasiones su preocupación por la existencia de 5 fosas comunes en la misma comuna 13, y especialmente sobre la escombrera, lugar donde las autoridades quieren llevar a acabo exhumaciones, entre otros con el uso de maquinaria pesada.
Los familiares y gente solidaria encendieron una vela por cada víctima desaparecida, una lista larga más de 50 nombres, y hubo cánticos de conmemoración.
Podemos resumir nuestras observaciones de la siguiente manera:
1.En los dos lugares muchos de los hechos acaecidos ya han sido denunciados y están en manos de los tribunales, es decir ya se ha realizado un trabajo jurídico importante y exhaustivo, sin que se haya llegado en la mayoría de los casos al esclarecimiento judicial y condenas de los responsables.
2.Se ha podido comprobar que hay víctimas organizadas, al igual que hay entramado social de fuera del territorio de apoyo y solidaridad a las victimas. Los actos han estado repletos de simbología donde se expresan el recuerdo y el dolor y que permitían la cercanía personal y la empatía de sentimientos. Estos actos ayudan a los familiares sentirse acompañados.
3.Se nos ha manifestado que hay victimas que no han querido hablar ni denunciar la desaparición de algún familiar, especialmente en la comuna 13. Se constata que muchas personas tienen miedo a explicar lo que le sucedió a alguno de sus miembros, dado la falta de garantías de protección para las personas que denuncian y debido a la presencia paramilitar que sigue en la comuna. Se nos ha dicho que hay personas que estarían dispuestas a aportar su testimonio ante la Comisión Ética, ya que dichas personas no son colombianas.
Como Comisión Ética queremos asumir las reivindicaciones o peticiones que las organizaciones de la Comuna 13 formulan porque un legítimo Estado de derecho debería
Garantizar los derechos de las victimas a saber que pasó con sus familiares, a recuperar los cuerpos de sus seres queridos y realizar un entierro digno.
Hacer justicia, que los hechos no queden impunes y que los culpables vayan a prisión.
Excavar las 5 fosas comunes, que las victimas tienen localizadas en la Comuna 13 con la participación de los familiares y sus acompañantes, siguiendo los protocolos correspondientes y con personal e instrumentos adecuados, que no se haga de cualquier manera.
Convertir la fosa de la escombrera en un monumento para salvaguardar la memoria a los desaparecidos forzosos, una vez sean recuperados los cuerpos y devueltos a sus familiares.
Visita de la Comisión Ética a Putumayo
Los miembros de la Comisión Ética Internacional, Stephen Haymes y Francois Houtard visitamos Puerto Asís y San Isidro en el Putumayo’ del 1 al 5 de noviembre. Puerto Asís y San Isidro se encuentran en la parte más meridional del departamento del Putumayo.
Esta era la primera visita de la Comisión Ética a comunidades campesinas, indígenas y mestizas del Putumayo. .
Compartimos experiencias, memorias y testimonios en San Isidro, Puerto Asís y sus alrededores, también visitamos el cementerio público de Puerto Asís; recogimos 7 testimonios privados (6 mujeres, 1 hombres,) y junto con los testimonios públicos documentamos 31 asesinatos. Además participamos en la inauguración de una zona de biodiversidad como acto de dignificación y protección del territorio.
San Isidro: Violencia silenciada en medio de la militarización y megaproyectos
El propósito de la visita era atestiguar, documentar y apoyar la decisión por parte de las comunidades de San Isidro de no permanecer más calladas sobre las serias violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que han sufrido y que continúan sufriendo por parte de los militares y paramilitares.
La Comisión presenció cómo la comunidad, a través de actos simbólicos, (procesión religiosa para conmemorar a los líderes de la comunidad asesinados, una misa católica en recuerdo a los fallecidos, una obra de teatro de recreación histórica de la vida de las comunidades por parte de los y las jóvenes, asistencia a una interpretación de música indígena tradicional y ceremonias rituales en honor a la naturaleza, la comida, la vida y a la memoria de la comunidad) recupera la memoria de la violencia y el terror ocasionado a ellos y ellas por los grupos armados y revitalizar la resistencia de las comunidades contra las prácticas coactivas sobre el uso de la tierra por parte del Estado colombiano. Presenciamos la expresión por parte de las comunidades de San Isidro, de sus relaciones tanto espirituales como ecológicas con la tierra.
Estas actividades demostraron una fuerte conexión entre la economía de monocultivo, promovida por el gobierno colombiano, el impacto destructor de este tipo de economías en la vida social de las comunidades y la violencia dirigida a estas comunidades por parte del Estado. Los testimonios señalan que estas comunidades son atacadas violentamente debido a que abogan por un desarrollo alternativo de una cultura de la alimentación, la cual respeta y mantiene el entorno social de las comunidades.
Los testimonios y la documentación fueron presentados por familias testigos y por las mismas víctimas que sobrevivieron. Algunos testigos y víctimas eligieron dar los testimonios públicamente, mientras que otros solo lo hicieron privadamente.
La Comisión documentó un total de treinta y un asesinatos y grabó cuatro testimonios. Un inventario y un resumen de los testimonios y documentos oficiales nos muestran lo siguiente:
Las muertes de las personas asesinadas ocurrieron entre los años 1996 y 2007 y fueron cometidas, en su mayoría, por el ejército y los paramilitares y en algunos casos, como el del P. Alcides Castrillón por la guerrilla.
La mayoría de los asesinatos fueron ejecuciones de civiles que no son combatientes, así como desapariciones forzadas.
Una inmensa mayoría, de las muertes a través de asesinatos extrajudiciales, corresponden a personas que no están identificadas La identificación de las victimas es muy difícil debido a que la mayoría son arrojados a los ríos.
En el testimonio de un pescador víctima de detención, amenazada con tortura, muerte y desaparición, decía que decenas de conocidos y amigos de la familia fueron asesinados y arrojados al río. El pescador observó dieciséis cuerpos en un solo día, flotando en el río; a diario, y por meses, observó cuerpos sin vida, muchos de ellos mutilados, bajando por el río.
La víctima también indicó que si los miembros de la comunidad intentan recuperar los cuerpos flotantes en el rió, son amenazados con correr la misma suerte.
Las víctimas fueron acusadas de ser miembros de la guerrilla y en algunos casos, la vestimenta de la víctima fue reemplazada con el uniforme de la guerrilla y se les colocaron armas al lado de sus cuerpos sin vida.
Es más corriente que las víctimas sean detenidas, amenazadas, asesinadas y desaparecidas cuando se trasladan a la ciudad de Puerto Asís desde. Los atuendos característicos (como las botas pantaneras) y las facciones indígenas son usadas para identificar a aquellas personas de las zonas rurales como guerrilleros.
El testimonio de una víctima también cuenta que cuando estaba en el hospital San Francisco de Puerto Asís, debido a un accidente grave, un funcionario paramilitar del hospital le acusó de ser guerrillero e intentó coaccionar al personal del hospital para que la asesinaran.
La victima también conocía de otros casos donde el personal del hospital se negó a atenderlos y murieron a causa de las enfermedades, heridas o fueron asesinados durante las intervenciones médicas. Existe más probabilidad de que los objetivos de los asesinatos extra judiciales y desapariciones forzosas sean los líderes de la comunidad. Muchos de los líderes, de la comunidad de San Isidro, que fueron asesinados y desaparecidos eran miembros activos y lideres de ACADIS, una asociación campesina para el desarrollo del Sur del Putumayo.
Puerto Asís:
La violencia militar y paramilitar se hace también visible en el cementerio local de Puerto Asís, que fue visitado por la Comisión Ética. Contamos hasta 86 fosas anónimas. Un padre que se encontraba visitando la tumba de su hijo, asesinado por los paramilitares, comentó que cada 3 a 5 años las tumbas son vaciadas y los restos son enterrados en fosas comunes.
A nuestra llegada a Puerto Asís habíamos observado una fuerte presencia militar en la terminal aérea y en sus alrededores. Esta presencia por parte del ejército creaba un atmósfera en la que los pasajeros que llegaban a la misma se quedaban en silencio, hablaran muy bajito y hacía que no se miraran a los ojos, ni entre ellos mismos, ni con los miembros de la policía y el ejército. Este silencio característico, el miedo y la intimidación, es una muestra de la militarización de la vida diaria en el departamento del Putumayo.
Sin embargo, mientras recogíamos los testimonios en Puerto Asís, a los comisionados nos impresionó, también, la normalidad de la vida cotidiana y cualquier forastero se puede marchar con la impresión de que el municipio y las zonas rurales no se encuentran militarizados. Esta observación sugiere que las actividades violentas (para)militares en Puerto Asís son discretamente organizadas con las instituciones públicas y privadas del municipio.
Por el otro lado y como ejemplo de resistencia, de un acto de dignificación y de un proyecto de vida alternativo, los miembros de la Comisión Ética Internacional asistimos a una ceremonia en la cual unas familias campesinas declararon su tierra como zona de biodiversidad, en aras de protección del territorio y de su biodiversidad. Esa propuesta la habían conocido a través de un intercambio de experiencias con comunidades del Bajo Atrato. Con la zona de biodiversidad esperan también resistir a la propuesta de un mal llamado desarrollo a través de monocultivos y defender su vida, cultura e identidad como pequeños campesinos.
En Puerto Asís escuchamos un testimonio de como el hospital más de 50 personas han sido ejecutadas en su interior por ordenes de paramilitares
Llegamos a las siguientes conclusiones a partir de nuestra visita a Putumayo:
1.El Estado colombiano y sus actores armados son los responsables de esta situación de sistemática violencia.
2.La mayoría de los asesinatos de campesinos e indígenas, muchos de ellos lideres, han sido responsabilidad de paramilitares, militares, policía bajo el pretexto de persecución a la guerrilla de las Farc.
Unos testimonios indicaron el asesinato del Padre Alcides Castrillón por parte de las FARC-Ep. El método preferido de asesinato usado por paramilitares y militares son los asesinatos extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Muchos de los cuerpos son arrojados a los ríos cercanos, lo que imposibilita generalmente encontrarlos e identificarlos.
3.Testigos y víctimas continúan experimentando miedo, terror y preocupaciones de que un amigo, familiar y o un miembro de la comunidad, así como ellos mismos, pueden ser pronto declarado objetivo militar y ser asesinado por los paramilitares. Temen de ser asesinados cuando viajan a Puerto Asís y utilizan las instituciones locales (mercados y hospitales).
4.El terror y la violencia paramilitar parece ser menos abierta y suele ser más discreta y escondida en el municipio de San Isidro. Opera diariamente en el seno del gobierno local e instituciones privadas como por ejemplo en los hospitales, los comercios y la policía. Esto indica una política sistemática por parte de los paramilitares para continuar el control de las comunidades campesinas de San Isidro a través de discretas formas de terror y miedo. Algunos empresarios locales son una gran fuente de financiación que apoya la institucionalidad del paramilitarismo en la estructura social del municipio.
5.Campesinos y comunidades que se instalaron hace 30 años en la región fueron desplazados forzadamente por esas nuevas actividades económicas. Los testimonios hacen una fuerte referencia a la relación entre los asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas ejercidos por los militares y paramilitares y los proyectos económicos del Estado colombiano y las multinacionales.
6.El gran número de personal militar colombiano y de la policía nacional en la zona, sugiere una fuerte relación entre el gobierno colombiano y las multinacionales. La presencia militar sugiere ser más bien para la protección de los intereses económicos del gobierno y los multinacionales.
7.La lucha contra la guerrilla es utilizada como una excusa para cometer los crímenes contra la población civil acusando los campesinos y comunidades de terrorismo.
8.El programa gubernamental de fumigación de las plantas de coca es usada indiscriminadamente para estimular dependencia económica y adversidades al destrozar las economías locales alternativas de las comunidades indígenas y campesinas. Los testimonios hacen referencia a esta política del Estado colombiano. Esto también indica que existe una política sistemática para destrozar la organización social y la vida en las comunidades.
Un legítimo Estado de Derecho debería
Investigar, juzgar y sancionar los militares y paramilitares responsables de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas masivas y sistemáticamente en el Putumayo, por tanto, como crímenes de lesa humanidad tendiente a consolidar un modelo de sociedad y de Estado.
Elaborar e implementar un plan de búsqueda de las personas desparecidas y de la ubicación, protección de fosas en aras de adelantar procesos de búsqueda y exhumaciones con la participación de los familiares, organizaciones de victimas y respetando las protocolos internacionales al respeto. Esto solo será posible con plenas garantías cuando exista un desmonte real del paramilitarismo, por lo pronto, los familiares, tienen el derecho a callar, a identificar los lugares y desarrollar iniciativas de protección de las fosas clandestinas
Garantizar la protección de la población civil, y especialmente de las victimas y testigos en aras de dar oportunidades para la documentación, denuncia y sanción de múltiples crímenes hasta el momento mantenido en silencio por el miedo y la desconfianza hacia el Estado.
Investigar, juzgar y sancionar los responsables de los nexos políticos y financieros entre la institucionalidad, la economía local y los grupos paramilitares.
Desmilitarizar la vida cotidiana, respetando el DIH y enfocar sus esfuerzos presupuestarios en lo social para combatir la pobreza. Esta desmilitarización supone un cese de la impunidad y un desarrollo de investigaciones eficaces sobre el Hospital San Francisco de Asís entre el período 1998 y 2005
Parar las fumigaciones de plantas de coca y apoyar las propuestas de las economías locales alternativas, como por ejemplo las zonas de biodiversidad y las sustituciones manuales, con nuevos mecanismos de apoyo a economías locales
Conclusiones de la V visita
El día 6 de Noviembre nos fue entregado el Informe preliminar sobre Daños causados por el desplazamiento forzado en comunidades del Bajo Atrato (Chocó) y Dabeiba (Antioquia) en un acto sencillo pero sentido con representantes de las comunidades. Escuchamos palabras de dolor y esperanza, y compartimos a través de la poesía y canciones la verdad vivida de esas comunidades.
Un joven de Dabeiba que ha tenido que vivir la violencia en carne propia desde los dos años de vida y sufrir sus consecuencias, manifestó la importancia que tiene para ellos entregarnos este informe que contempla no sólo los daños generados por la violencia sino también parte de la memoria histórica de sus comunidades, sus costumbres y creencias ancestrales. Ellos sienten la plena seguridad de que la Comisión Ética salvaguardará esa memoria y compartirá en otros países la situación por la cual han atravesado y continúan viviendo, así como esperan que este informe sea la base para que algún día se haga justicia.
Estos insumos de los daños son la base de una exigencia integral de justicia y de reparación integral desde la cual es posible reconstruir la democracia
Como participantes de la V visita de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia consideramos a partir de lo escuchado de las víctimas y familiares en los diferentes sitios:
Es común a todas las regiones visitadas, la continuidad de los grupos paramilitares como parte de una estrategia consentida, tolerada por el Estado. Tanto como la persistencia de la impunidad de los crímenes es la existencia del paramilitarismo. Es evidente la ausencia de una reparación integral real y especialmente la devolución de las tierras, la desconfianza hacia el Estado y sus instituciones, la falta de protección de las víctimas y/o testigos, la persistencia del miedo de las victimas y sin embargo su convicción de que hay que hablar y contar la verdad, la necesidad de actos de dignificación en pro de la memoria de sus seres queridos, así como la importancia del acompañamiento desde lo nacional y lo internacional.
El “proceso de Justicia y Paz” diseñado por el Estado para juzgar a los paramilitares está fracasando para el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral de estas comunidades. Así lo comprueba entre otros con la no-inclusión y participación de las victimas mientras que se enfoca en la versión de los victimarios; las penas mínimas para responsables de crímenes de lesa humanidad, la extradición de los jefes paramilitares a EEUU vulnerando los derechos de las victimas a la Verdad, la Justicia y la reparación Integral; la ineficacia de muchos fiscales en los interrogatorios de los paramilitares en su versión libre; lo revictimización de las victimas y/o sus familiares debido a que los paramilitares siguen nombrando sus crímenes como bajas en combates, como si en su inmensa mayoría no se tratara de población civil e indefensa que fue asesinada; la continuidad de jefes paramilitares en el proceso de “Justicia y Paz“ a pesar de volver a delinquir, la falta de protección para las victimas, la casi inexistente devolución de tierras y reparación integral, y como punto de partida la exclusión de las victimas de crímenes del estado de la Ley 975 que regula el proceso de “Justicia y Paz”.
Las desapariciones forzadas, y las ejecuciones extrajudiciales, en muchos casos con el posterior ocultamiento de los restos ha llevado a que en Colombia se encuentran fosas y sitios de enterramiento, como los ríos, por todo el territorio nacional. Por eso se dice que los ríos son el cementerio más grande de Colombia. Todo ello demuestra que esos crímenes son utilizados sistemáticamente por el estado y los paramilitares para silenciar a líderes sociales y gente del común, para aterrorizar las familias y comunidades, para ocultar los crímenes y buscar la impunidad causando daños graves y gran sufrimientos en los familiares, comunidades y la sociedad en general.
Aunque se empieza a visibilizar esos crimen gracias al coraje de los familiares de denunciarlo, estamos concientes que todavía hay muchas personas que por miedo o desconfianza hacia el estado no denuncian, y la desaparición queda sin ser documentada.
Desde los testimonios recogidos vemos que hay muchas fallas en el proceso de búsqueda, que en la mayoría de los casos no se respeta y promueve la participación de los familiares, aparte de que se carece de garantías para los familiares de poder buscar y organizarse alrededor de la búsqueda de sus seres queridos y en torno a la búsqueda de la verdad y justicia.
Nos preocupa altamente la continuidad de las desapariciones forzadas hoy en día, el gran número de restos sin identificar, la existencia de muchas fosas a lo largo y ancho del país cuya protección no está garantizada y la impunidad reinante en torno a todos estos crímenes de Estado. Desde nuestra propia experiencia como familiares de desaparecidos sabemos de la importancia de la solidaridad internacional y queremos apoyar los esfuerzos y reclamos de los familiares y comunidades para que se lleven a acabo exhumaciones de acuerdo con los protocolos internacionales.
Es indispensable que las autoridades colombianas cesen las exhumaciones masivas inmediatamente, concentren sus esfuerzos en las investigaciones preliminares, recojan todas las pruebas permitiendo una investigación y sanción judicial e incluyen a los familiares y/o organizaciones de victimas como el MOVICE, escuchando sus necesidades y propuestas e informándoles debidamente a lo largo de todo el proceso.
En esta V visita, nuevamente hemos escuchado testimonios acerca de crímenes que claramente se puede definir como crímenes de estado. Sea por acciones directas o indirectas, el estado colombiano ha perpetrado o protegido a los perpetradores de graves crímenes contra seres humanos y comunidades enteras. Las acciones y omisiones del estado y sus colaboradores constituyen
un intento de aniquilar a las personas, su identidad, estructura social y cultura.
Vemos importante documentar y visibilizar más los crímenes cometidos contra las mujeres, especialmente lo relacionado a la violencia sexual.
En este sentido nos causa indignación que el gobierno colombiano en el actual debate sobre el proyecto de ley de víctimas se niega nuevamente a incluir las víctimas de crímenes del estado.
Estamos impresionadas de la resistencia y fortaleza de las comunidades visitadas. A pesar de todos los sufrimientos, el sentimiento y miedo presentes en todos los miembros de las comunidades, la posibilidad de la destrucción total de su manera de vivir, los miembros de esas comunidades están decididos en preservar la memoria, reclamar su territorio, proyectar sus ideas de cultura de cooperación y paz. Enfrentando la violencia y el irrespeto, varias generaciones trabajan conjuntamente para desenterrar cuerpos y memoria, reclaman y recuperan su territorio y conviven en paz.
Haber sido testigo de primera mano, nos obliga como parte de la humanidad, a continuar la búsqueda de la verdad frente a todo lo sucedido y de proteger las personas, comunidades y sus territorios que hemos visitado.
Se hace necesario e imprescindible el acompañamiento integral a estas comunidades, internacionalizando la situación para dar a conocer lo que está pasando en estas regiones y lo que ha pasado en desarrollo de la estrategia paramilitar como criminalidad del Estado.
Suscriben:
Francois Houtart, sacerdote, gestor Foro Social Mundial, director del Cetri; Bélgica
Libertad Sánchez, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Mérida, España
Mary Bricker Jenkins, Campaña por los derechos económicos de los pobres, EEUU
Mirta Baravalle, de las Madres de la Plaza de Mayo – Línea Fundadora – Argentina
Stephen Nathan Haymes, Ph.D. de la University DePaul, Chicago, EEUU
Vicenta Font y Gregori, Vicepresidenta de la Comisión Episcopal de España Espai Catalunya – Comissió Ètica de Colombia, España.