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(Español) Las verdades innegociables sobre el papel del Estado en el conflicto armado y la violencia sociopolítica

(Español) Los días 9 y 10 de diciembre de 2019 se llevó a cabo el I Encuentro Nacional por la Verdad que reunió cerca de 100 líderes y lideresas, víctimas de crímenes de Estado, defensoras y defensores de derechos humanos de 12 regiones del país. El evento se desarrolló en torno a cinco verdades que aún hoy incomodan a la sociedad colombiana y al Estado, en relación con su responsabilidad en la violencia sociopolítica y el conflicto armado vividos durante más de 60 años.  

Mínimos de verdad frente a la criminalidad estatal como fundamento para las garantías de no repetición y las recomendaciones y las estrategias para la defensa de la verdad como bien público:

1) Modelo económico y violencia estatal. Extractivismo, desplazamiento forzado, despojo, y otras formas de acumulación, sus ideólogos, ejecutores y beneficiarios

2) Modelo político y democracia restringida. Participación política y social, legislación para la violencia estatal-paraestatal, prácticas de genocidio

3) Doctrinas y mecanismos de represión. Fabricación y eliminación de un Enemigo para la nación

4) El Estado como principal responsable de la violencia sociopolítica y de la prolongación del conflicto armado.

5) El paramilitarismo no es un tercer actor armado, sino la estrategia de guerra sucia del Estado para eliminar sectores de la oposición.

Este evento tuvo como objetivos: 1) Promover el debate y la reflexión sobre los mínimos de verdad histórica que debería incorporar a Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en su informe final y; 2) Consolidar las propuestas de acción colectiva para lograr que la verdad sea un bien público y enfrentar los discursos y políticas negacioncitas.

Durante estos dos días participaron integrantes de comunidades indígenas, campesinas, organizaciones sociales y sindicales, asociaciones barriales, colectivos estudiantiles entre otros sectores sociales, así como expresiones organizativas que de diversas formas han experimentado la violencia estatal. Grupos diversos y comprometidos con quienes se tejió durante muchas horas de reflexión y construcción colectiva las ideas y propuestas respecto a la verdad de las víctimas de crímenes de Estado.

El I Encuentro Nacional por la Verdad, surge de la necesidad de aportar a un escenario caracterizado por falta de voluntad política del Gobierno de Ivan Duque para cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz  de manera integral a tres años de su firma, se han reconfigurado discursos y prácticas guerreristas que sirven de combustible para la exacerbación de la violencia en los territorios, atentando contra las formas de vida de las comunidades y cegando la vida, casi a diario, de liderazgos sociales que trabajan arduamente para materializar la paz.

Este panorama se presenta como un capítulo más de larga tradición de incumplimientos, persecución y genocidio que ha caracterizado al Estado colombiano a lo largo de su historia. Pero esta vez con ingredientes adicionales, como el negacionismo, el ocultamiento y el encubrimiento de responsabilidades, con el fin de perpetuar la impunidad estructural.

Así, pese a la existencia de los mecanismos que conforman el SIVJRNR, y la declarada centralidad en las víctimas y sus derechos; el actual gobierno nacional ha emprendido una serie de acciones tendientes a limitar su desarrollo, e impedir el cumplimiento del mandato de estas instituciones, así como socavar la autonomía de otras que ya venían funcionando antes del Acuerdo de Paz.

Muestra de ello fue la feroz arremetida del partido de gobierno contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con su proyecto de objeciones; el recorte del 30% del presupuesto para el funcionamiento de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y de los otros dos mecanismos del Sistema, o el nombramiento de Darío Acevedo, profeso negacioncita del conflicto armado y de la responsabilidad estatal en el mismo, como director del Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH, cuya gestión fue evaluada recientemente por el Congreso de la República, llegando a la conclusión de que su objetivo ha sido negar los vínculos del Estado con el paramilitarismo e instalar una verdad oficial.

Todas estas acciones, sumadas a medidas internas del Ministerio de Defensa, la nula voluntad de los comparecientes estatales ante el Sistema para aportar verdad, la creciente censura emprendida por los Militares contra las acciones de memoria y denuncia del Movimiento de DDHH, la agenda legislativa adversa a la verdad, como es el caso de la Ley (1979 de 2019) de Veteranos de la Fuerza Pública, la cual compromete al CNMH a disponer espacios físicos “destinado a exponer las historia de vida de los veteranos”, así como a generar un “acápite en el programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, con el fin de […] preservar y difundir material que honre su Memoria”; el nombramiento de Dario Acevedo en la dirección del CNMH son indicativos del desarrollo de una política estatal encaminada a imponer una verdad oficial, donde el Estado busca tomar la última palabra frente a lo sucedido en las casi seis décadas de conflicto armado y violencia sociopolítica; despojando no solo a las víctimas, sino al conjunto de la sociedad colombiana de su derecho inalienable a la Verdad y con este a la No Repetición de lo sucedido.

En casi todos los procesos de transición, la construcción de la verdad histórica se configura en un campo de disputa, donde los vencedores, (para nuestro caso el Estado Colombiano) buscan imponer un relato único, parcializado e incuestionable, que glorifique las hazañas de los “héroes de la patria” en el mantenimiento del orden económico e institucional, donde las víctimas y los luchadores sociales terminan demonizados y reducidos a la categoría de subversivos y enemigos de la nación.

Es allí donde afloran las luchas por la verdad y la memoria, por la dignificación de los que ya no están y las luchas de los que quedan, por el reconocimiento de las responsabilidades individuales, colectivas e institucionales de la existencia y perpetuación de la criminalidad estatal. Pero más importante aún, por el esclarecimiento y difusión de la verdad amplia y completa, que logre cobijar al conjunto de la sociedad. Solo así la verdad superará ese halo revanchismo que le han querido imponer quienes le temen, y se convertirá en un potente motor de cambios estructurales, de aprendizajes colectivos, y de sanción social que impedirá a futuro la repetición de los hechos.

Es por esto que las organizaciones de víctimas y de DDHH resaltan la importante labor que está llamada a desempeñar la CEV en la construcción y socialización de la Verdad como bien público de la sociedad colombiana, donde la centralidad de los sucesos analizados descanse en la voz de las víctimas.

En consecuencia, las víctimas de crímenes de Estado esperan que, en el informe final de la Comisión de la Verdad, se incorporen y difundan unos mínimos de verdad sobre la criminalidad estatal y la responsabilidad del Estado Colombiano en la generación, perpetuación y persistencia del conflicto armando y la violencia sociopolítica; con el fin de proyectar recomendaciones en perspectiva de la no Repetición.

Es así como en el I Encuentro Nacional por la Verdad, reconociendo los riesgos que el actual contexto representa para la materialización del históricamente reclamado Derecho a la Verdad amplia, polifónica y completa; reafirmados en nuestro compromiso con la construcción de la paz con garantías de no repetición, y apelando a la legitimidad que nos asiste como víctimas organizadas e integrantes de organizaciones y colectivos perseguidos y estigmatizados, encontramos urgente y necesario habilitar espacios que nos permitan de manera conjunta y ampliada abrir el debate sobre el derecho a la verdad como bien público, identificar de manera colectiva los avances que hemos logrado desde diferentes escenarios (judicial, investigativo, de memoria) en esta materia, así como tejer estrategias para difundir la verdad sobre la criminalidad estatal e incidir en los diferentes mecanismos del sistema integral, particularmente en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, hacia la proyección de dicha verdad en su informe final y sus posteriores recomendaciones.