(Español) La vinculación de funcionarios a la UBPD debe asegurar la confianza de las victimas y aportantes de información sobre la búsqueda de personas desaparecidas y enmarcar su labor enu n fuerte compromiso con el proceso de paz.
Las organizaciones de la Mesa de Trabajo Sobre Desaparición Forzada (MDTDF) de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU), el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE), organizaciones de DDHH y Victimas abajo firmantes, expresan su preocupación por lasi nformaciones recientemente conocidas y referidas a la vinculación a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) – entidad crucial para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz – de personas que exhiben públicamente manifestaciones de resistencia y rechazo a los mismos Acuerdos de Paz a los cuales hoy se les encomienda la realización de tareas relacionadas con su implementación.
En este sentido nos preocupa la reciente vinculación del señor Jairo Corzo Gómez, como Experto Técnico para la Territorial del Magdalena Medio y con responsabilidad en la implementación del Plan Regional de Búsqueda de los municipios de Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Puerto Salgar, Puerto Nare y Cimitarra.
Como es de notorio conocimiento las poblaciones de estos municipios fueron objeto de intensas prácticas genocidas del terrorismo de Estado, perpetrados de manera conjunta entre grupos Paramilitares y diversas entidades de las fuerzas de seguridad del Estado, en las cuales, en aplicación de la política contrainsurgente se exterminaron organizaciones sociales, sindicales, campesinas y las organizaciones políticas de izquierda con presencia en la región, como el Partido Comunista (PCC), la Unión Patriótica (UP), la Unión Nacional de Oposición (UNO9, movimiento político y social A Luchar y otras, así como miles de militantes y activistas políticos de organizaciones perseguidas por su papel en las luchas sociales y su opción por la rebeldía social hacia un cambio radical de la sociedad.
Las preocupaciones se agudizan dado el carácter de ex miembro de las fuerzas de seguridad del Estado del Señor Corzo Gómez, quien alardea en sus redes sociales de su anterior desempeño como “intendente de la gloriosa familia verde oliva en Policía Nacional de los Colombianos” (sic). Así mismo, además de divulgar en sus redes sociales imágenes para denigrar a quienes fueron firmantes de la paz o vienen desempeñando un activo papel en los actuales procesos de negociaciones de paz, que al parecer se ha encargado de ocultar recientemente y exalta posiciones de reconocidos voceros de enemigos públicos de los procesos de paz pactados.
Su destinación a una región como los mencionados municipios del Magdalena Medio, también generan inquietudes pues el señor Corzo Gómez no parece desligarse de la furia anticomunista que llevó a la desaparición de cientos de militantes políticos de la Unión Patriótica, como evidencia la divulgación de información incriminante y estigmatizante de manera genérica contra este partido político dez izquierda, y en la que, quien difunde estas afirmaciones dice estar denunciando “a la UP, como culpable de su asesinato”, difamación no solo insensata sino absolutamente incoherente como debe conocerlo el funcionario que además ostenta condición de abogado.
En este sentido, es y son entendibles la natural desconfianza tanto de las víctimas como de los posibles aportantes de información, sobre el hecho de que las labores de esclarecimiento del paradero de desaparecidos y la custodia de los elementos asociados a la escena donde se han vinculado y que podrían dar también indicios de circunstancias de su victimización y presunta responsabilidad, terminen encomendándose a funcionarios anteriormente vinculados a entidades de seguridad que han tenido papel activo en estos procesos, y que evidencian su animadversión a los movimientos políticos victimizados y a los procesos de paz pactados o en proceso de negociación.
Llamamos a la UBPD a afinar los criterios para la contratación de sus funcionarios, dado que existen otros casos en diferentes territoriales donde han sido vinculadas personas que no conocen del tema de los derechos humanos, ni de la búsqueda, como ocurre con el gerente de la territorial de la zona Nororiental. Esto genera desconfianza y falta de credibilidad en la entidad por parte de las víctimas.
Por las anteriores razones, solicitamos a la Dirección de la UBPD, en atención a las preocupaciones expresadas por distintos sectores y a la condición de libre nombramiento y remoción del funcionarios señalado, que reconsidere el nombramiento señalado y se tenga en cuenta para todos los casos de contratación y vinculación de funcionarios con responsabilidades en la Unidad, no solo la naturaleza humanitaria y extrajudicial de su mandato sino la necesidad un requisito básico de empatía con los sectores sociales victimizados y de compromiso esencial con el entendimiento de los procesos de paz y los compromisos y riesgos que vienen asumiendo tanto los firmantes de paz, los voceros de los procesos y las demandas de paz de sectores amplios de la sociedad colombiana.
Atentamente,
1. Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU)
2. Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
3. Mesa de Trabajo Sobre Desaparición Forzada (MDTDF)
4. Corporación Jurídica Libertad (CJL)
5. Fundación Nydia Erika Bautista
6. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADES)
7. Centro Forense Integral – EQUITAS
8. Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (COFB)
9. Corporación Para el Desarrollo Regional – Cali
10. Fundación Guagua
11. Grupos de Familiares de Victimas de Desaparición Forzada – Cali
12. Mesa Departamental Sobre Desaparición Forzada de Antioquia
13. Mujeres Caminando por la Verdad
14. Fundación Progresar
15. Fundación Hasta Encontrarlos
16. Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CPDH)
17. Congreso Nacional de los Pueblos
18. Central Unitaria de Trabajadores (CUT) – Valle del Cauca
19. Departamento de DDHH de la CUT – Nariño
20. Unión de Ciudadanas de Colombia.
21. Asociación de Victimas del Nordeste Antioqueño (ASOVISNA)
22. Asociación de Mujeres Emprendedoras Victimas de la Violencia de Puerto Berrio –
Antioquia (AME)
23. Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana (CEAC)
24. Colectivo Tejiendo Memorias
25. Centro de Investigaciones sobre Conflicto, Violencia y Construcción de Paz de la
Universidad de Caldas (CEDAT)
26. Corporación Walkirias
27. Corporación AMAR
28. Grupo Sociocultural Desde Adentro
29. Asociación Gente Emprendedora (GEMPREN)
30. Corporación Sembrar
31. Asociación de Familias en Busca de Felicidad (ASFADESL)
32. Fundación CEPA Victimas del Conflicto Armado – Tuluá, Valle del Cauca
33. Fundación Santamaría
34. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) – Valle del Cauca
35. Fundación del Suroccidente y Macizo Colombiano (FUNDESUMA)
36. Fundación para el Desarrollo y el Bienestar Social
37. Sala de la Memoria del Museo Comunitario de San Jacinto
38. Centro del Memoria del Conflicto
39. Centro Integral de Formación y Fortalecimiento Cultural del Pueblo Wiwa
40. Casa de la Memoria de Nariño
41. Museo SIMAKONGO
42. Casita de los Sueños
43. Grupo Ampliado el Tente
44. Fundación Futuro Social
45. Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) – Pasto
46. Fundación Para el Desarrollo Urbano y Campesino (FUNDEURCA)
47. Asociación de familiares víctimas de Trujillo (AFAVIT)
48. SINTRAEMSDES – Seccional Pereira
49. Centro de DDHH del PaZifico
50. DDHH N21 Incluyente y Diverso
51. Familiares de Personas Desaparecidas Valle del Cauca
52. Red DDHH Francisco Javier Ocampo Cepeda
53. Corporación Justicia y Dignidad
54. María del Pilar Navarrete Urrea, Defensora de DDHH y Victima de la toma y retoma del
Palacio de Justicia
55. Luz Elena Galeano Laverde, Defensora de DDHH y Victima
56. Luis Fernando Álvarez, Defensor de DDHH y Victima
57. Luz Marina Hache Contreras, Defensora de DDHH y Victima
58. José Alexander Castro, Victima
59. Diana Garzón, Victima de la Comuna 13 (Medellín)
60. Marlene García, Victima de Cali
61. Darling Alicia Escobar, Victima del San José del Guaviare
62. Luz Mery Velásquez Carmona, Victima
63. Luz Elena Salas, Victima
64. Martha Elizabeth Soto Gallo, Defensora de DDHH y Víctima
65. Guillermina Valencia Chaverra, Victima
66. Roció Díaz Martínez, Victima
67. Blanca Nubia Hidalgo Toro, Victima
68. Diana María Vergara Gómez, Victima
69. Blanca Nury Bustamante
70. Fidelina Antonia Casas, Victima
71. Margarita Restrepo, Victima de desaparición forzada
CCEEU-MDTDF-MOVICE-OrgSocialesyDDHH-Victimas-ComunicadoPublico-04042024