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Misión de Verificación Internacional presentó conclusiones sobre situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos

Con la presentación de un informe preliminar sobre la situación de defensa de los derechos humanos en Colombia, culminó este 2 de diciembre la Misión Internacional de Verificación de Defensores de Derechos Humanos, que visitó 8 ciudades distintas del país, desde el pasado 28 de noviembre.

 

 

La Misión contó con la presencia de 40 personas de 15 paises  del mundo y verificó que entre julio de 2010 y mayo de 2011, defensoras y defensores de derechos humanos han sido objeto de 255 agresiones, de las cuales 55 obedecen a asesinatos. Esto último con base en el informe sobre Agresiones a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Colombia.

En rueda de prensa sucedida en horas de la mañana la Misión presentó los resultados de las observaciones realizadas y se centró en los elevados índices de impunidad, las precarias e inmediatistas medidas de proteccion, los señalamientos, mal uso de la inteligencia estatal y judicializaciones en contra de defensores y defensoras de los derechos humanos en nuestro país.

El suizo Eric Sottas, de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT/SOS), dijo al respecto: “hemos notado que en la mayoria de los casos graves como lo son los asesinatos, desapariciones forzadas y amenazas, continúan en la total impunidad, tanto los casos actuales como los casos más antiguos sobre los cuales no hemos visto, salvo algunas excepciones, una sanción de los autores; y sobretodo hemos notado que los autores intelectuales son los que menos son sancionados”.

Lo anterior, según Sottas, con base a que, entre otras situaciones, “algunas fiscalias permanecen al interior de las guarniciones militares; varios de los testimonios recogidos plantearon que hay filtraciones de información por parte de la Fiscalía y diversas bases militares, muchas veces los denunciantes tienen que dirigirse a estas bases a instaurar las denuncias y éstas caen de nuevo en manos de los victimarios”.

Sottas agregó que la Misión observó con preocupación la falta de reconocimiento de las autoridades locales “sobre la existencia de grupos armados ilegales en las zonas donde hacen presencia y, particularmente, la existencia del paramilitarismo; si ya se está considerando que estos grupos no existen, por supuesto esto implica que no haya responsabilidad por los crímenes denunciados”.

Lisa Haugaard, directora ejecutiva del Latin America Working Group (LAWG), por su parte dijo respecto a las medidas de protección a defensores y defensoras:  “hemos visto que la protección que reciben los defensores y defensoras de derechos humanos no es la adecuada”.

Pese a que la Misión reconoce en este informe preliminar la importancia del programa de protección del gobierno colombiano, también, según afirmó Haugaard: “muchos de estos programas no tienen una perspectiva integral, especialmente en las regiones, pues no contemplan que los defensores y defensoras necesitan continuar realizando su labor en la región; así mismo se adolece de un enfoque diferencial”.

De otro lado, Mauricio Valiente, diputado y portavoz de Presidencia y Justicia en la Asamblea de Madrid, resaltó las preocupaciones de la Misión sobre hechos como el robo de información, así como la actuación inadecuada por parte de la fuerza pública respecto a la filmación en actividades llevadas a cabo por organizaciones defensoras de derechos humanos.

El diputado español aseveró al respecto: “accedimos a numerosos testimonios en los que se evidencia un inadecuado uso de información de inteligencia militar, siendo ésta premisa para la judicialización injustificada de defensores y defensoras de derechos humanos, pese a que existe una clara jurisprudencia que establece la imposibilidad de judicializar por medio de estas actividades”.

Otro tanto se planteó en torno a la nueva dirección nacional de inteligencia. Denis L’Aglais, integrante de Abogados Sin Frontera-Canadá, explicó que: “se requiere establecer controles efectivos y permanentes para que ninguna institución cometa abusos en las actividades de inteligencia” y dejo sentada la preocupación de la Misión en relación con la aplicación del fuero penal militar y sus consecuencias en términos de justicia para los crímenes en los que las fuerzas militares son responsables.

La Misión presentará en los próximos meses el informe final sobre las observaciones realizadas durante estos días.