(Español)
Alfonso Castillo
Defensor de los derechos Humanos y vocero nacional del Movice
En una auténtica telenovela se ha convertido este tema de la extradición de Salvatore Mancuso a Colombia, de ella, protagonistas principales han sido sin duda alguna, la “negligencia” e “improvisación”, con la que distintos funcionarios del gobierno Duque han actuado para que no se haga realidad el derecho de centenares de víctimas del conflicto armado en Colombia, de acceder a “todas las verdades” que de seguro tendría que contar Salvatore Mancuso, quién ha cumplido su pena por narcotráfico en cárceles de los Estados Unidos y ahora tendría que estar respondiendo por sus crímenes ante la justicia colombiana.
Y es que resulta francamente inaceptable para centenares de víctimas del accionar criminal de este jefe paramilitar, a quién se ha señalado de ser responsable de por lo menos 136 masacres en las que fueron asesinadas 800 personas, mancuso aún tiene que responder ante la justicia colombiana por los delitos desplazamiento forzado, el asesinato de líderes y lideresas sociales desapariciones forzadas tortura, que se sintetizan en centenares de procesos que están esperando la presencia de este jefe paramilitar de las autodefensas Unidas de Colombia.
A nadie engañan las explicaciones del gobierno de Iván Duque que pretende hacer pasar como “errores tácticos”, una serie de actuaciones infortunadas, como si el gobierno no hubiese sabido que la pena por narcotráfico de Salvatore Mancuso en las cárceles norteamericanas se cumplía en el primer trimestre del año 2020. Entonces cabe aquí la pregunta ¿se trató de errores técnicos o de una acción deliberada del gobierno para impedir la extradición de este criminal para que respondiera por los crímenes cometidos en nuestro país?, y de los cuales la sociedad entera espera conocer la verdad de estos hechos, en los que detrás del dolor de miles de víctimas hay sin duda alguna, quienes se beneficiaron política, social y económicamente de estos hechos.
Es por esta razón, que vale la pena intentar explicar qué hay detrás de estos “supuestos errores técnicos”, para nadie es un secreto que muchos políticos, terratenientes, empresarios y mandos militares actuaron en contubernio y complacencia con el desarrollo del proyecto paramilitar en nuestro país y Salvatore Mancuso con un amplio poder militar y de intimidación en la Costa Atlántica, según se ha denunciado ampliamente, realizó alianzas y acuerdos de carácter político y económico con muchos de esos que hoy tienen el temor de qué Salvatore Mancuso comparezca ante la justicia colombiana. Mucho tendría que contar este jefe paramilitar sobre la expansión del proyecto paramilitar en la ciudad de Bogotá, pero también como desde su práctica muchos lograron ampliar la expansión de sus fincas, cuando producto el del despojo y desplazamiento provocado por el accionar de grupos paramilitares, muchos terminaron apropiándose de manera ilegal de vastas zonas de territorio en distintas regiones del país.
Lo cierto es que con la deportación muy segura de Salvatore Mancuso a Italia, que en la práctica es como un premio y un trofeo a este criminal y asistiremos a un nuevo capítulo de impunidad, promovida por quienes se rasgan las vestiduras exigiendo verdad y justicia, pero temiéndole a que se conozca toda la verdad, prefieren transitar por estos ejercicios grotescos de improvisación, porque mucho tienen que ocultar quienes desde posiciones del poder, permitieron, facilitaron y se beneficiaron del paramilitarismo en Colombia. Los anima esconder la verdad, así sucedió cuando extraditaron los jefes paramilitares en el año 2008 a los Estados Unidos tras la negociación del “yo con yo” que el presidente Álvaro Uribe traicionó, ahora los anima el mismo propósito, que no se sepa la verdad, un miedo terrible porque tienen rabo de paja.
Las víctimas siguen clamando por el esclarecimiento de la verdad y por eso no hay duda alguna de denunciar al gobierno de Iván Duque por esta práctica de ocultamiento, que seguramente se va a seguir practicando con otros jefes paramilitares, como recientemente también ocurrió con Carlos Lehder quien fuera deportado a Alemania. Una parte de las élites colombianas involucradas en la promoción del conflicto armado y la guerra contra el movimiento social, hoy tienen gran temor de que la verdad, detrás de la intensificación y recrudecimiento del conflicto ponga a la luz pública, los intereses oscuros qué buscaban acrecentar poderes económicos y políticos de los cuales obtuvieron jugosos beneficios. Por eso se valen de múltiples artimañas entre las que se encuentran la cooptación a los familiares de los victimarios y la negligencia para facilitar que ellos rindan cuantas ante la justicia colombiana y las victimas puedan exigir verdad y justicia.
Bogotá 3 de septiembre de 2020