El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, manifiesta su voz de indignación, luego del asilo político otorgado por parte del gobierno de la República de Panamá, en cabeza del presidente Ricardo Martinelli, a María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS e implicada con el escándalo de las interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales.
Vea video frente a la Embajada de Panamá, en donde el Movice se manifiesta en lo que ha considerado como una fuga de la impunidad. Vea video Aquí
Consideramos que la concesión de este asilo trasciende los estatutos internacionales de colaboración bilateral entre los dos países, y trae implicaciones de orden político que afectan a las víctimas, benefician de nuevo el lugar de los victimarios y aseguran una vez más la impunidad histórica de nuestro país.
Recogemos los siguientes argumentos ya expuestos por varias organizaciones sociales y de derechos humanos:
En primer lugar, la señora María del Pilar Hurtado no es perseguida política. Es en la actualidad investigada por hechos que la comprometen con concierto para delinquir agravado y otros delitos que fueron confesados por altos funcionarios del DAS, a su cargo, tales como Marta Leal, los ex capitanes de la Armada Fernando Tabares, Jorge lagos, Wiliam Romero, entre otros.
En segundo lugar, a través del concierto para delinquir que se fraguó en el gobierno anterior, la señora María del Pilar Hurtado, contribuyó a violar los derechos fundamentales de decenas de personas que fueron convertidas en blancos de persecusión política en la administración de Uribe Vélez.
En tercer lugar, dentro del proceso de investigación que se adelanta ante la Ficalía General de la Nación, hay pruebas suficientes que comprometen a la Señora María del Pilar Hurtado y la pretensión de asilo, recibida con beneplácito por parte del gobierno panameño, sucede como consecuencia de la mora de la Fiscalía para dictar orden de captura oportuna en contra de Hurtado.
La procuraduría General de la Nación la inhabilitó por 18 años para el ejercicio de servicio público, no sólo por las interceptaciones ilegales, sino por las campañas de persecución que intentaron desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como a periodistas, opositores políticos al gobierno del ex presidente Uribe y organizaciones parte de nuestro movimiento.
Solicitudes:
Que la Fiscalía General de la Nación avance con diligencia sobre este proceso y se pueda, por consiguiente, solicitar la extradición de María del Pilar Hurtado.
Exigimos así mismo que se presten las garantías suficientes y veheduría internacional ante procesos que involucran a personas en proceso de investigación por las interceptaciones ilegales, de suerte que no se repliquen estos ejemplos a futuro, por parte de otros ex funcionarios del DAS involucrados en estos delitos.
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, 22 de noviembre