El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado capítulo Atlántico, se solidariza con las víctimas y los familiares, producto de las agresiones y abusos de la autoridad por parte de las fuerzas conjuntas de policía y ejército. Hechos que han cobrado la vida de 6 campesinos y herido a varias decenas en las comunidades manifestantes en la zona de Alto Mira y frontera del Corregimiento de Llorente del Municipio de Tumaco, hecho ocurridos el 05 de octubre de 2017.
Rechazamos los hechos informados por La ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LOS RIOS MIRA,NULPE Y MATAJE – ASOMINUMA, quien ha denunciado que, las comunidades que desde el 28 de septiembre de 2017 están ejerciendo su derecho constitucional a la protesta ciudadana, han sido objeto de agresiones con arma de fuego por parte de las unidades adscritas al Ejército y la Policía Nacional de Colombia. Durante los días miércoles 4 y jueves 5 del mes de Octubre del presente año, estas comunidades exigieron el cumplimiento de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC en el cuarto punto, sobre la solución al problema de las drogas de uso ilícito, concretado en la sustitución concertada de los cultivos de plantas usadas para la fabricación de narcóticos.
Respaldamos y apoyamos todas las actividades que en solidaridad con los campesinos y sus víctimas se vienen desarrollando a nivel nacional e internacional y en rechazo de la política de muerte que emplea el Estado, negándose a concertar con las comunidades la sustitución de cultivos de uso ilícito en cumplimiento de los acuerdos de paz.
Exhortamos a un debate público frente al papel de la fuerza pública y la aplicación de la doctrina de seguridad militar. Debe entenderse que los campesinos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, comunales, indígenas, mineros artesanales, periodistas, no son el enemigo interno, y que la habitual guerra sucia en el país tiene que parar.
Rechazamos la actitud violenta y obstaculizadora del esclarecimiento de los hechos, asumida por la Policía Nacional quien el domingo 08 de octubre de 2017 atacó con bombas aturdidoras y disparos de fusil por miembros de la Policía a la Misión Humanitaria de Verificación, que tenía como tarea establecer la verdad sobre las cifras que se han entregado por parte de las autoridades, pues estas no coinciden con los datos que tiene la comunidad, y formular una hoja de ruta para verificar toda la situación en la zona. Esta Misión estaba conformada por defensores de DDHH del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Justapaz, Comunidades Construyendo Paz en los Territorios – CONPAZ, la Corporación Yira Castro, Minga, Somos Defensores, la Diócesis de Tumaco, junto con delegados de la Personería Municipal, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y miembros de la MAPP OEA; de igual forma, en el lugar se encontraban periodistas de Contagioradio, El Espectador, El Tiempo y Revista Semana.
Ante estos graves hechos solicitamos a las autoridades del Estado Colombiano:
- Adopción de medidas de protección y garantías inmediatas para la población y el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas regionales y nacionales.
- Las garantías para la misión de las y los defensores de derechos humanos y de paz, presentes en la zona.
- El diseño e implementación del plan de sustitución acordado con las comunidades y su vinculación a los PDEts.
Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad Internacional para jugar un papel como garante de los derechos humanos, impidiendo la repetición de estos reprochables hechos que ponen en riesgo la construcción de una cultura de Paz en nuestro país.
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO CAPITULO ATLÁNTICO.
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