Contra la desaparición forzadaUncategorized

Testimonio de Fabiola Lalinde

Antioaquia La Reparación para los Familiares de las Víctimas de Desaparición Forzada
Sin Verdad y sin Justicia ¿será posible?

Mi nombre es Fabiola Lalinde, soy la madre de Luis Fernando Lalinde Lalinde, militante del PC (M-L), detenido-desaparecido-torturado-asesinado y escondido su cuerpo en la raíz de un árbol en lo alto de una montaña (Vereda Ventanas, límites de los municipio Jardín (Ant.) y Riosucio (Cldas.), por la Patrulla Militar Nº 22 del Batallón Ayacucho de Manizales, el 3 de octubre de 1984.

24 años recorriendo los caminos de la Noche y la Niebla en busca de los desaparecidos es toda una experiencia que no se adquiere ni en la mejor Universidad del mundo, con el agravante, en estos casos concretos de desaparecidos por razones políticas, que solamente los busca la familia, por la sencilla razón de que en este delito de Lesa Humanidad están comprometidas las fuerzas Armadas y/o Organismos de Seguridad del Estado, sumados, además, todos los mecanismos de impunidad que rodean la desaparición y las repercusiones de toda índole que genera su búsqueda y denuncia tanto para la familia como para las organizaciones de derechos humanos que nos acompañan, representadas en las amenazas, seguimientos, allanamientos, montajes con armas o droga, la cárcel, el desplazamiento y aún el exilio.

Mi presencia en esta Audiencia obedece a invitación expresa del MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado) del cual soy miembro,  para que comparta mi experiencia como víctima del Estado sobre el tema concreto de la Reparación. Quiero advertir, en primer lugar, que mi intervención es totalmente testimonial y en segundo lugar es importante advertir que no soy ni Uribista ni anti-Uribista, no pertenezco ni al Polo Norte ni al Polo sur, no soy de izquierda ni de derecha, ni  de  las FARC –valgan las aclaraciones-, simple y llanamente soy demócrata convencida, motivo por el cual agoté en compañía de mis hijos,  todos los recursos legales y afrontamos todos los riesgos, el hostigamiento y desprestigio en la búsqueda del Luis Fernando, militante de un movimiento de izquierda: La juventud Marxista. Los demócratas  respetamos las ideas de los demás aunque no las compartamos.

En la primera etapa de la búsqueda contamos con la orientación y acompañamiento del doctor Héctor Abad Gómez, gran humanista, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia hasta su vil asesinato el 25 de agosto de 1987. Luego hicieron presencia una serie de organizaciones de Derechos Humanos internacionales y nacionales, que fueron naciendo a raíz de la escalada contra los derechos fundamentales  durante el Gobierno del Presidente Julio César Turbay con su represivo Estatuto de Seguridad. Se formaron organizaciones como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y Comités de Derechos Humanos en diferentes regiones. En esa administración se dio el primer caso de desaparición forzada por razones políticas con Omaira Montoya y luego nació ASFADDES en 1983 a raíz  de la desaparición de 13 universitarios en Bogotá.  Las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos no existían antes del Estatuto de Seguridad pero  han aumentado con los años porque bajo el manto de la  democracia, la bandera de la Paz y la lucha contra el terrorismo, en Colombia se siguen cometiendo crímenes atroces.

La búsqueda de la verdad sobre la suerte corrida por Luis Fernando tardó 4.428 días ininterrumpidos hasta el 18 de noviembre de 1996 cuando logramos rescatar sus restos, plenamente identificados,  de la bodega de la Octava Brigada –una verdadera proeza- e inhumarlos después de superar toda clase de dificultades y obstáculos, jamás imaginados.

La Reparación

El artículo 6º  del proyecto de Ley 157  del  2007 trata del derecho a la reparación que tienen las víctimas de la violencia a través de la implementación de una serie de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, garantías de no repetición y demás garantías, además de que será efectiva y rápida, según se lee en dicho artículo.
Es posible que les cumplan a las víctimas en algunos casos en los que no esté involucrado el Estado, pero en la desaparición forzada, la familia, ante todo, lo que necesita conocer es la verdad sobre la suerte corrida por el desaparecido y recuperar sus restos plenamente identificados, la identidad es dignidad, porque todos los desaparecidos ejecutados extrajudicialmente se hallan en fosas como N.N. (No identificados).

Al desaparecido se le violan todos sus derechos: el derecho a la vida, al debido proceso, a la muerte digna, a la identidad y a la justicia. En el caso nuestro avanzamos en la verdad, pero está pendiente la justicia y no hemos renunciado a ella porque la justicia es el único derecho que le queda a nuestros desparecidos, sometidos a toda clase de tratos crueles, inhumanos, degradantes  y macabros, como lo han revelado los mismos victimarios en las versiones libres, convertidas sus víctimas en cadáveres sin nombre, despojados hasta de su identidad, que navegan por los ríos de la patria o en fosas comunes a lo largo y ancho del territorio nacional, y sin embargo los criminales tienen más garantías que las víctimas. Pero el gobierno se va a dignar reparar el crimen y las terribles secuelas con 18 millones de pesos, en cómodas cuotas mensuales por ¡10 años! en cambio, la mano de un guerrillero asesinado vale ¡5.000.000 millones! siempre es que el colombiano común,  el campesino y las minorías étnicas estamos muy devaluados.

Pagar indemnizaciones mínimas, por perjuicios morales,  sin reparar los daños a la dignidad, la estabilidad de la familia, los proyectos de vida truncados, los daños a la salud física y sicológica,  a la hora de la verdad se convierte, dicha reparación en una ofensa, una falta de respeto y un atropello más a causa de todos los trámites que conlleva una demanda: certificados, referencias, fotocopias, pasajes, avivatos; sumado a todo ello que ni siquiera el principio de la buena fe opera en estos casos.

La demanda Administrativa se convirtió, para nosotros, en un viacrucis de nunca acabar, a pesar de contar con una Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos –OEA- la Nº 24/87, Caso 9620 Colombia,  ratificada en septiembre de 1988, hace exactamente 20 años. Denuncia presentada ante la Comisión por el doctor Abad Gómez  y es el único caso dejado por fuera de la Ley 288 de 1996 para casos con fallo internacional. La demanda fue presentada en el año 90 a raíz del allanamiento ilegal, el montaje con droga de que fui víctima y todo el desprestigio a través de los medios de comunicación, que me mostraron como la jefe de la Narcoguerrilla en Antioquia, subversiva y terrorista, con el ánimo de quitarle validez a la Resolución de la OEA, y 25  años de cárcel para quitarme de circulación por las denuncia internacional y por la insistencia y la persistencia exigiendo verdad y justicia, por fortuna la patraña no funcionó y quien perdió fue el Estado ante la Comunidad nacional e internacional.

La falta de respeto y la indignación me movieron a presentar  la demanda Administrativa pues consideraba, y sigo considerando, que los perjuicios morales y la vida humana son irreparables, pero  aprendí que no existe otro recurso para que el Estado reconozca su responsabilidad que la anotada demanda, así como también era el único medio para rescatar el expediente que reposaba en la Octava Brigada y fuera enviado al Tribunal Contencioso Administrativo.  

En el año 2000 se realizó la conciliación por lo perjuicios morales, la diligencia más deprimente después de la desaparición pues consiste en negociar la vida del hijo y todos los sufrimientos y lagrimas por unos gramos oro de rebaja a favor del Estado. Los perjuicios materiales debidamente sustentado no fueron reconocidos y pasaron al Consejo de Estado en el año 2001, pero todo indica que en el Tribunal extraviaron 124 folios que sustentaban los gastos y, más ofensivo aún, niegan haberlos recibidos a pesar de las firmas y sellos en las copias. Otro tanto sucedió con el Derecho de Petición que presenté el 1º de diciembre del 2006  no llegó a su destino, teniendo la copia con firma y sello, es decir todo, absolutamente todo en este caso se “desaparece” empezando por la persona de mi hijo, de los restos solo me entregaron una caja de cartón con  69 huesos, sumado al crimen la total impunidad que es como echarle sal a una herida.

Sin embargo con este aprendizaje se han abierto caminos de verdad y de justicia. Con el caso de Luis Fernando el doctor Abad Gómez abrió el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y muchos casos han pasado y siguen pasando por allí, otro tanto sucede con el proceso de exhumación e identificación, permitiendo así que tanto dolor no sea inútil.

Aunque los desaparecidos por razones políticas son los ignorados del conflicto, las familias y organizaciones los mantenemos vivos a través de la memoria, de la denuncia y de la búsqueda permanente. A través del arte, de la música, de la poesía, de las tesis de grado, de videos, de los libros, de los medios de comunicación y diversas expresiones culturales y marchas, además, tienen que escribir el nombre de ellos en cientos de oficios e informes. El expediente de Luis Fernando que se halla en el Consejo de Estado pesa 25 kilos pero ¿cuántas veces han tenido que escribir y pronunciar su nombre en Tribunales y Juzgados? hasta cuando en la Octava Brigada aprendieron que él se llamaba Luis Fernando Lalinde y  no era un N.N.

A la hora de la verdad, para nosotros, la plena identificación y entrega de los restos cuando ya habían agotado todos los mecanismos posibles de impunidad para evitar encontrarlo, significó  una forma de reparación que aunque no está contemplada como tal en la legislación, por lo menos tuvimos la certeza de su muerte y de darle cristiana sepultura. Frente a la incertidumbre y la impotencia que se padece en una experiencia tan dramática, esa caja de cartón con los 69 restos recuperados y plenamente identificados representa más para la familia y la sociedad que los gramos oro o los 18 millones de pesos de hoy de la supuesta reparación individual vía administrativa. Llegamos  a la verdad pero aún está pendiente la justicia y no hemos renunciado a ella.

En síntesis sin verdad no puede haber justicia, sin justicia no hay una verdadera reparación. En mi concepto, un proceso de paz que no esté construido sobre la verdad, la justicia,  la reparación integral y la memoria y dignidad de las víctimas de crímenes de Lesa Humanidad, es una farsa.


“Uno se muere cuando lo olvidan”
Manuel Mejía Vallejo.