Tras la desaparición y posterior asesinato del campesino Ever López el 5 de marzo pasado en El Castillo, Meta, al parecer por miembros del Ejército, varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos hicieron una visita a la zona y pudieron constatar la grave situación humanitaria.
La visita de verificación de la situación humanitaria tuvo como objetivo principal constatar la problemática de militarización en la zona, especialmente en la parte alta del municipio El Castillo y las veredas La Esmeralda, Caño Lindo, Agua Linda y Miravalles, entre otras.
Según cifras de la Fundación DHOC, desde el 2014 a la fecha se han registrado cerca de cuatro asesinatos cometidos por el Ejército Nacional en distintas veredas de El Castillo y existen 39 casos de encarcelamientos de campesinos y de defensores de derechos humanos de esta región, que son consecuencia de montajes judiciales.
Las organizaciones recibieron testimonios y denuncias de habitantes de las distintas veredas de El Castillo, que constatan que la población civil sigue siendo víctima de graves violaciones a los derechos humanos y al DIH por parte del Ejército Nacional, específicamente del batallón Héroes de Arauca, 7ma Brigada 4ª División.
Ejecuciones extrajudiciales, estigmatización, montajes judiciales, registros fotográficos y empadronamiento en contra de los campesinos de la región, así como agresiones a defensores de derechos humanos de la zona fueron algunos de los actos violatorios de los derechos humanos que se recepcionaron, además de las violaciones al DIH. Las denuncias de la comunidad demuestran que también han sido víctimas de servidumbre forzada, allanamiento ilegal, violación al derecho de distinción entre la población civil y actores armados del conflicto, bombardeos indiscriminados y daños materiales a sus propiedades.
Los actos de empadronamiento y registros fotográficos son realizados en retenes militares, ubicados entre el municipio del Castillo y el municipio de Lejanías en el departamento del Meta.
Los procesos de estigmatización contra los campesinos son más comunes en la parte alta del municipio y se dan, principalmente, por acusaciones de parte de miembros de la fuerza pública en contra de líderes y lideresas de la región, a quienes sindican de pertenecer a grupos insurgentes. A esto se suma la actitud del personero municipal, quien se ha negado a acompañar la situación de derechos humanos de las comunidades por no tener garantías de seguridad para ejercer sus funciones en el territorio.
Uno de los hechos reportados por la comunidad tuvo lugar el pasado 11 de enero, cuando circularon panfletos en el casco urbano del municipio con la insignia de la 7ma Brigada 4ª División del Ejército Nacional, que señala como milicianos del frente 26 de la FARC a personas reconocidas como dirigentes sociales de este municipio, tal es el caso de Raúl Moreno Ibagué, quien es vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), vicepresidente de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Campesinas del Alto Ariari (ATCARI) y secretario de economía campesina en el sindicato SINTAGRIM o el caso de Bladimir Lozano Perdomo, presidente de la JAC y tesorero de ATCARI, fiscal del Sindicato de Trabajadores Independientes del Meta. También se mencionan otras personas conocidas en el Municipio como James, Ferney, Alberto.
De otro lado, la comunidad manifestó estar dolida por lo ocurrido con Ever López y aseguraron que se trataba de un campesino y padre trabajador, que venía siendo hostigado por el Ejército. Según testimonios, el 5 de marzo del presente año se produce la desaparición y posterior ejecución extrajudicial del señor Ever López. El campesino había salido en la mañana de ese día en compañía de su hijastro, Leonardo Beltrán Ángel, de 12 años de edad. Minutos después, varios habitantes de la zona escucharon disparos y al desconocer el paradero del señor López, sus familiares y la comunidad en general solicitaron información a miembros del Ejército, acantonados cerca del lugar de los hechos. Los uniformados negaron tener conocimiento sobre la ubicación de Ever. Sin embargo, hacia el mediodía, apareció el niño Leonardo Beltrán, en compañía de efectivos del Ejército y en horas de la tarde las tropas confirman la muerte de Ever.
“Nosotros no nos sentimos protegidos por parte del Ejército, porque nos ha atropellado cruelmente a la población campesina y debido a eso surgió el desplazamiento. No les sentimos confianza, porque aquí se miraba la presencia del Ejército andando junto con los paramilitares y en los carros de los paramilitares. He hablado con gente de muchos departamentos y me cuentan la misma historia de agresión”, dijo un campesino del municipio.
La comunidad hizo un llamado a las instituciones para que hagan acompañamiento, los escuchen y atiendan sus denuncias a tiempo para que no sigan ocurriendo estos graves hechos y los campesinos no se vean nuevamente forzados a desplazarse de su territorio.
La misión humanitaria estuvo integrada por una delegada del Alto Comisionado de la Oficina de las Naciones Unidas, una delegada de la Defensoría del Pueblo y las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos: Movice, Fensuagro, DHOC, Reiniciar, CPDH, Sintragrim, la Asociación ATCARI, la Coordinación Nacional de Desplazados (C.N.D), la Red de Medios Alternativos (REMA) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Además, contó con el acompañamiento de IAP (Acción Internacional por la Paz).
Antecedentes
El municipio de El Castillo, Meta, ha sido epicentro de múltiples violaciones a derechos humanos. Por más de 7 años, las organizaciones defensoras de derechos humanos, de la mano con las juntas de acción comunal del municipio, han documentado ejecuciones extrajudiciales, bombardeos indiscriminados sin objetivo militar definido, empadronamientos, procesos de estigmatización y montajes contra la población civil.
Más del 90% de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario son responsabilidad de agentes estatales, tal como se documentó en los informes de las tres visitas humanitarias llevadas a cabo en el municipio del Castillo durante los años 2007, 2008 y 2009. A la persistencia de la crisis humanitaria de esta región, se suma la ineficacia del ente investigador, pues a la fecha hay impunidad frente a los casos documentados.