Luego de dos años de lucha, apoyados en el litigio estratégico de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Calos Pérez (CCALCP) y desarrollando una serie de acciones de incidencia política como movilizaciones pacífica y plantones frente a las entidades competentes, 27 familias desplazadas por el conflicto armado y reubicadas desde el año 2006 en la vereda Llano Grande, del corregimiento de Campo Dos, municipio de Tibú, le ganaron un pleito jurídico, que amenazaba con someterlos a un segundo Desplazamiento, pero ahora por cuenta de la ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras.
Los parceleros de Llano Grande, que llevaban siete años habitando estos predios otorgados por el INCODER, como parte de una medida de estabilización socioeconómica, emanada de la ley 387 de 1997 de desplazamiento forzado, fueron notificados en el 2013 por parte de un juzgado civil del Circuito de Cúcuta, informándoles que sobre los mismos se había presentado una solicitud de restitución de tierras, por parte de la propietaria inicial de las tierras y que por tanto, debían acudir al despacho para conocer acerca del proceso en cuestión y presentar las solicitudes que consideraran pertinentes.
La CCALCP acompañó la oposición presentaron los 17 parceleros y el proceso fue enviado a la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta, donde luego de probar la buena fe de las las familias ubicadas en el predio, la sala profirió un fallo favorable que benefició tanto a estas familia como a los reclamantes de las tierras. Por un lado, se ordenó una compensación y restitución a la solicitante con un predio equivalente, de similares condiciones en el lugar donde ella lo solicitara y por el otro, para los poseedores de buena fe, se ordenó no hacer ningún tipo de modificación frente a la titularidad del predio, lo que significará que podrán permanecer en esas tierras de manera definitiva.
Cabe anotar que esta victoria de los parceleros de Llano Grande, no solo es un caso emblemático en la lucha de las víctimas por la defensa de sus derechos, sino que es el resultado de trabajo organizado y mancomunado de varias organizaciones como la CCALCP, la Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada (MFOPD) y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Norte de Santander (MOVICE).
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