El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo llevaron a cabo el pasado 7 de septiembre el Foro #FuerzaPúblicaParaLaPaz, en el que las organizaciones plantearon su propuesta de crear una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición.
Celebrado en la Universidad Autónoma de Colombia, en Bogotá, el foro quiso abrir el debate en la opinión pública alrededor de las reformas institucionales del sector Defensa y Seguridad, en el marco de un escenario de posconflicto y ante la persistencia de estructuras criminales que siguen amenazando y asesinando a defensores y defensoras de derechos humanos en todo el territorio.
En ese sentido, la abogada de derechos humanos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y miembro del Movice, Soraya Gutiérrez, denunció que en los primeros seis meses de este año se han presentado más de 344 agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos y más de 35 asesinatos; mientras que las ejecuciones extrajudiciales persisten y se sigue persiguiendo y criminalizando la protesta social y popular.
Ante esta situación, cuestionó por qué pese a la disminución de las acciones armadas en el país en el último año, fruto de las negociaciones de paz, los defensores y defensoras de derechos humanos siguen siendo objeto de persecución. Y la respuesta la halló en “la persistencia de doctrinas al interior de la institucionalidad, y especialmente de la Fuerza Pública, que desde hace más de 50 años mantienen una visión bipolar e irreconciliable del mundo, que ha sido el fundamento ideológico de doctrinas de seguridad nacional, donde el fundamento político de su actuar es el anticomunismo”.
Y bajo esta visión, prosiguió, se ha construido el concepto de enemigo interno, del cual no solamente ha hecho parte la insurgencia armada, sino que se fue ampliando hasta empezar a considerar a los movimientos sindicales, campesinos, estudiantiles, de oposición política, intelectuales y defensores de derechos humanos como el brazo político de la primera. En esa lógica, las huelgas y movilizaciones sociales fueron y son concebidas como acciones que hay que reprimir y, para ello, se diseñó “una política de persecución sistemática, masiva, y generalizada contra estos sectores organizados que propugnaban por la defensa y la reivindicación de derechos”.
“Estas políticas aún persisten hoy. Y mientras no se desmonten las doctrinas contrainsurgentes de la Guerra Fría y se instauren realmente valores democráticos, no se podrá avanzar en esa construcción de una paz estable y duradera; en ese anhelado NUNCA MÁS que hemos reivindicado durante más de 40 años las víctimas de Estado, el movimiento social y organizaciones de derechos humanos”, concluyó.
Durante la inauguración del evento también intervino el senador Iván Cepeda, quien alertó sobre la necesidad de desmilitarizar todos y cada uno de los aspectos de la vida colombiana a través de 11 puntos y cuestionó los vacíos existentes en materia de garantías de no repetición, en la medida en la que el Gobierno ha mostrado total reticencia a discutir este tipo de temas en la mesa de conversaciones de paz en La Habana. Por ello, recordó que el acuerdo final es “una plataforma de luchas sociales y que solamente la participación de las organizaciones sociales logrará llevarlo a cabo”.
As su vez, en el primer panel “Doctrina de Seguridad y Paz. Retos y Perspectivas”, Alejandro Parra, de la Acción Colectiva por la Objeción de Conciencia en Colombia, expuso los puntos clave que requeriría una verdadera modernización de las Fuerzas Militares, de acuerdo con modelos europeos. El primero de ellos hace referencia a la sustitución del servicio militar obligatorio por la contratación de profesionales mejor pagados. En ese sentido, explicó que en los últimos 40 años, cerca de 32 países han eliminado el servicio militar obligatorio, algo que Colombia no sólo no ha planteado en la nueva ley de reclutamiento, sino que además unificará las categorías de servicio a una sola de regular por 18 meses. Ello teniendo en cuenta que en la actualidad el 98 % de los integrantes de la Fuerza Pública proceden de estratos 1, 2 y 3.
En segundo lugar, manifestó que es necesaria una sustitución de manuales de formación y entrenamiento que han llevado a que en los últimos 20 años se hayan presentado más de 200 fallos relacionados con maltrato, acciones irregulares, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, acoso sexual, etc. Por último, consideró un imperativo la reducción de la corrupción y el fortalecimiento de mecanismos de control de la Fuerza Pública. Sólo en 4 días, el Ministerio de Defensa consume todo el presupuesto que tiene el de Cultura en un año.
Por su parte, Raúl Táquinas Ibáñez, de la Asociación Campesina del Norte del Cauca, explicó el papel que juega una fuerza como la guardia indígena, en la cual sus jóvenes son enseñados a amar el territorio, en contraposición a los atropellos de los que han sido víctimas en numerosas ocasiones.
Cerró el panel la abogada de Derechos Humanos del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y miembro del Movice, Zoraida Hernández, quien defendió la necesidad de que la opinión pública aborde estos temas en materia de defensa, como víctima de las políticas aplicadas por las doctrinas militares y como miembros de una sociedad que ha vivido militarizada en todos los aspectos de la vida durante décadas.
“En nuestro país la Doctrina Militar ha consolidado un tratamiento totalmente militar a los conflictos sociales. Tenemos que ser conscientes de cómo ha habido una militarización de la sociedad y la vida cotidiana y de cómo esto ha dificultado que los conflictos se resuelvan por la vía política. Si queremos que el país camine en esa solución política debemos procurar que la Doctrina Militar se reforme”, expresó.
Durante el segundo panel, la discusión profundizó en la Justicia Penal Militar y las reformas institucionales, tema que abrió Jomary Ortegón, de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, quien describió el proceso de estigmatización, criminalización y violencia policial que han sufrido los movimientos sociales a lo largo de las últimas décadas, bajo la concepción de enemigo interno descrita anteriormente. Expicó que entre 2002 y 2014 se documentaron 448 casos de agresiones atribuidas al ESMAD, que incluyen 3.950 víctimas, según el CINEP.
Ortegón, alertó además sobre dos niveles de criminalización, el legislativo y el judicial, en los cuales se enmarca la nueva ley de seguridad ciudadana, que prohibió la protesta social a través del delito de obstrucción de vías públicas, por lo que insistió en su derogación inmediata. Asimismo, expresó la necesidad de que la Policía Nacional deje de ser una institución dependiente del Ministerio de Defensa, para pasar a ser de orden civil y su diferenciación de funciones con el Ejército. En la misma línea, abogó por el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), como uno de los cuerpos que ha registrado mayores violaciones a los derechos humanos, y por seguir en las labores de rendición de cuentas.
A ello, Soraya Gutiérrez añadió que, de acuerdo con el deber de memoria, es imperante depurar y conservar los archivos de inteligencia estatal que persiguen a líderes y lideresas de derechos humanos por el sólo hecho de ejercer tal derecho.
“Enfrentan muchos riesgos de adulteración, suplantación, eliminación y es necesario exigir al Estado la preservación y conformación de mecanismos de protección y divulgación de esos archivos. Son fundamentales para conocer causas, responsables, acceso de las víctimas a la Justicia, recuperación de memoria histórica”, agregó.
Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), se refirió, en tanto, a la Justicia Penal Militar y cómo esta sigue atendiendo la mayoría de casos de violencia contra civiles perpetrados por militares. Y advirtió de cómo muchos países, en tiempos de paz, no otorgan competencias al poder militar para juzgar sus propios delitos. Citó ejemplos como Alemania, Austria, Japón, Francia, incluso Bélgica, donde en tiempos de guerra los delitos militares tampoco pueden ser juzgados por la Justicia Penal Militar.
“Es un fósil un remanente que aún permanece en nuestra legislación. En contra de las tendencias internacionales, está tendiendo a ser ampliado”, concluyó.
Finalmente, el secretario general del Partido Comunista, Jaime Caycedo, quien además integrará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, puso el punto y final al evento con la reflexión de que el concepto de garantías no puede referirse exclusivamente a los excombatientes que se reintegrarán a la vida civil, sino que debe implicar al conjunto de la ciudadanía “en un proceso de transición”.
Vea en VÍDEO el segundo panel: “Justicia Penal Militar y las reformas institucionales”