Las organizaciones abajo firmantes, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que organismos de seguridad y la Fiscalía pretenden, mediante temerarios informes de inteligencia, estructurar procesos penales que tienen como evidente propósito criminalizar el ejercicio legítimo de garantías fundamentales como la libertad de opinión, de expresión, de conciencia y de participación.
Uno de estos procesos tuvo su génesis en una investigación previa iniciada por la Fiscalía Setenta y Cuatro Seccional Delegada ante la IV Brigada del Ejército el 29 de diciembre de 2006, la cual de manera errada ha sido tramitada bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, lo que ha posibilitado que el ente acusador limite, sin el control de un Juez de Garantías, derechos constitucionales de las personas incriminadas.
Aunque en esta investigación previa la Fiscalía vinculó a varios integrantes
de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y no gubernamentales
debidamente identificados, *nunca se les informó a estas personas de dichas
actuaciones, lo que impidió que ejercieran de manera oportuna el derecho de la
defensa y la posibilidad de controvertir las pruebas incriminatorias que venían
siendo recopiladas por la inteligencia militar.
Fue la comparecencia voluntaria de varios estudiantes de la Universidad de
Antioquia a la Fiscalía, la que permitió develar la entidad de la
investigación previa que se venía tramitando, la cual pretende criminalizar
el ejercicio legítimo de la labor de defensa de los Derechos Humanos y la
oposición política y pacífica frente a políticas promovidas por el
Establecimiento, valiéndose para ello de la reedición de testimonios
desestimados en su credibilidad en otras investigaciones penales, donde han
pretendido vincular con organizaciones insurgentes, no sólo a estudiantes y
trabajadores de la Universidad de Antioquia, sino también a sus directivas y a
miembros de organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad de Medellín.
La defensa de varias de las personas que van a ser vinculadas mediante
indagatoria a la investigación penal, ha acudido a los Jueces de Garantías
para que, en diligencia de Audiencia Preliminar, determinen el procedimiento
mediante el cual debe tramitarse el proceso, toda vez que consideran que los
hechos objeto de averiguación tuvieron ocurrencia en la ciudad de Medellín
con posterioridad al primero de enero de 2006, razón por la cual deberán
rituarse bajo los parámetros del procedimiento penal acusatorio previsto en la
Ley 906 de 2004 que exige la controversia probatoria ante el Juez de
conocimiento en igualdad de condiciones entre el ente acusador y la defensa, y
no a espaldas de la defensa como se ha hecho en la Fiscalía destacada ante la
IV Brigada del Ejército.
De proceder esta petición, las diligencias realizadas por la Fiscalía Setenta
y Cuatro Seccional deberán declararse nulas, lo que permitiría que en una
eventual indagación, tanto las organizaciones y personas que temerariamente
han sido vinculadas con organizaciones insurgentes, puedan desde la génesis
del proceso ejercer de manera plena el derecho a la defensa.
Las organizaciones que suscribimos este documento, hemos ejercido la promoción
y defensa de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales de las comunidades y de las víctimas en los marcos previstos por
normativas de carácter internacional y nacional, situación que ha conllevado
a la estigmatización desde las altas esferas del gobierno, la cual es
replicada por integrantes de la inteligencia militar y de la Fiscalía.
Para ilustrar la anterior afirmación basta con recordar apartes del discurso
pronunciado por el señor presidente Álvaro Uribe Vélez el pasado 8 de mayo,
en el marco de la conmemoración de los cien años de la Escuela Superior de
Guerra de Colombia, cuando para deslegitimar las denuncias sobre las
Ejecuciones Extrajudiciales en el país, sostuvo que:
“Estamos obligados a denunciar que también hay un cúmulo de abogados
pagados por organizaciones internacionales, con sesgos ideológicos que les
impiden examinar el cotejo de las conductas y el ordenamiento jurídico
imparcialmente, y que lo hacen con odio y carga ideológica. Cúmulo de
abogados al servicio de hacer falsas imputaciones a nuestra Fuerza
Pública”.
Este nuevo intento por judicializar el legítimo accionar de las organizaciones
sociales, populares, sindicales, de víctimas y de Derechos Humanos, evidencia
que existe una política de criminalización de la labor de defensa de los
Derechos Humanos, del derecho de opinión y de oposición política, para
colocarlas en el terreno de la ilegitimidad e ilegalidad.
Tal como se ha denunciado en otras ocasiones “En estos procesos de
difamación y criminalización los Estados están violando los Derechos
Humanos, de libre asociación, de libertad de expresión, derecho a la protesta
no violenta, debido proceso y de garantías judiciales entre otros, generando
retrocesos en procesos democráticos, destrucción del tejido social,
desplazamiento forzado, desprestigio y destrucción de las organizaciones no
gubernamentales que defienden y promueven los derechos humanos y poniendo en
riesgo la vida e integridad física de líderes sociales y defensores”[1]
Así también lo ha constatado la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, en diversos informes sobre la situación de
los defensores y líderes sociales en el país, como lo expresó recientemente
el señor Antonio Menéndez de Zubillaga, Coordinador del Área Jurídica de
dicha Oficina en el lanzamiento del Informe de Human Rights First:
“Desde el año 2003, la Oficina ha registrado un aumento en el número de
casos de detenciones arbitrarias y/o ilegales cuyas víctimas pertenecen a este
colectivo. La Oficina ha manifestado, en no pocas ocasiones, que la aplicación
de la potestad judicial del Estado en materia de investigación y juzgamiento
de conductas punibles, continúa presentándose como factor de hostigamiento.
En muchas ocasiones, se sindica a personas por delitos contra el régimen
constitucional y la seguridad pública sin bases jurídicas sólidas. Como
resultado, estas personas permanecen detenidas sin justificación aparente por
largos periodos de tiempo, que pueden llegar hasta 2 años.
En estas situaciones, cuando las investigaciones son apropiadamente revisadas o
se enfrentan al escrutinio judicial, las personas son liberadas sin cargos.
Miembros de ONG, líderes sociales y sindicalistas también son víctimas de
detenciones arbitrarias por delitos de rebelión. Además, varias de estas
personas contaban, al momento de su detención, con medidas cautelares
solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y/o eran
beneficiarios del Programa de protección a cargo del Ministerio del Interior.
La situación de las y los defensores de derechos humanos se ha visto también
perjudicada por declaraciones públicas de algunos altos funcionarios del
Gobierno, que realizaron cuestionamientos muy generales e indiscriminados sobre
la naturaleza de su labor y la de sus organizaciones” [2]
Por lo anterior, hacemos un llamado a las organizaciones sociales, de víctimas
y de Derechos Humanos nacionales e internacionales para que expresen su
solidaridad con las organizaciones y personas que están siendo perseguidas y
en tal sentido exijan del Gobierno Nacional y las autoridades judiciales plenas
garantías y respeto de los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la libre
asociación y opinión.
Así mismo exigimos de los organismos judiciales y de control el cumplimiento
de las recomendaciones de Naciones Unidas en cuanto a la vida, la seguridad e
integridad de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, entre
ellas que “la Procuraduría General de la Nación cumpla con el compromiso de
revisar los archivos de inteligencia militar y policial. Que además sanciones
disciplinariamente a aquellos agentes del Estado que con sus acciones u
omisiones pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos.
Igualmente, “a la autoridades judiciales, en particular a la Fiscalía
General de la Nación, y a las autoridades de control a fortalecer las
investigaciones y el control disciplinario para mejorar la protección de los
defensores y defensoras de Derechos Humanos y sindicalistas, incluidas las
investigaciones de los casos de estigmatización de su labor, y combatir la
impunidad. En particular, la Alta Comisionada anima al Gobierno y a la
Procuraduría General de la Nación a que impulsen y apoyen de manera decidida
tales investigaciones que se inicien contra funcionarios públicos”.
Insistimos nuevamente en la validez del principio de imparcialidad e
independencia del órgano judicial que se ve cuestionado con la injerencia del
poder militar en la dirección de las investigaciones criminales, ya que son
quienes, los que sin tener funciones de policía judicial, inciden en el
desenvolvimiento de las pruebas. Por ello urge desmontar las Fiscalías
seccionales y especializadas destacadas en las guarniciones militares y
policiales, ya que su actividad, en la mayoría de los casos ha dado lugar a
las violaciones flagrantes del debido proceso y derecho de defensa.
Medellín, Mayo 11 de 2009
*Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad*
*Corporación Jurídica Libertad*
*Fundación Sumapaz*
*Asociacion Campesina de Antioquia*
*Asociacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES Sec. Medellín)
*Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Sec. Medellín)*
*Asociacion Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS (Sec. Medellín)*
*Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos “Hector Abad
Gómez
*Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz*
*Grupo de Trabajo Estudiantil Contracorriente*
*Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda*
*Red Juvenil de Medellín*
*Corporación Itagüí Nueve Gente *
* Corporación Cultural Colombo Cubana de Amistad con los Pueblos*
*Escuela Nacional Sindical*
*Comité de Derechos Humanos ADIDA*
*Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes De Estado *
*Corporación para la Paz y el Desarrollo Social – CORPADES*
*Polo Democrático Alternativo, subdirectiva Antioquia*