En Colombia, la Policía Nacional ha tenido un comportamiento represivo, violento, clasista, patriarcal y racista, en especial contra sectores sociales que se movilizan por sus derechos y contra poblaciones empobrecidas, jóvenes de barrios populares, comunidades étnicas, mujeres, comunidad LGBTIQ+l, personas consumidoras, habitantes de calle, entre otras.
Hace 23 años en Colombia se creó el Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD, mediante Directiva Transitoria 0205 del 24 de febrero de 1999. Este cuerpo adscrito a la Policía bajo la doctrina del enemigo interno ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas, el homicidio de más de 71 personas (1999- 2022), 54 de ellas en el marco de protestas sociales ; 170 víctimas de lesiones oculares (1999- 2023) de las cuales 116 fueron cometidas en 2021 ; además ha perpetrado desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, tratos crueles y degradantes, detenciones arbitrarias, entre muchas otras.
Pese a que las víctimas de violencia policial y las organizaciones de derechos humanos hemos reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de desmontar el ESMAD, avanzar en las investigaciones y sanciones a los responsables de estos graves crímenes; la respuesta del Estado colombiano durante más de dos décadas ha sido la misma: negar la represión y la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos, proteger a los victimarios al permitir que la mayoría de los casos sean investigados en la Justicia Penal Militar y en muchos de los hechos investigados por la Justicia Ordinaria, la Fiscalía General de la Nación se ha encargado jurídicamente de reducir las conductas delictivas de los agentes policiales a simple abuso de autoridad, configurando con ello todo un entramado de impunidad en los crímenes estatales, lo que permite la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) “Además de los asesinatos ocasionados por el ESMAD en contextos de protesta, se ha denunciado que entre 2017 y 2019 se habrían presentado 289 muertes a cargo de la Policía, según fuentes de Medicina Legal, de los cuales solo el 0.69% ha terminado en condena […] (pág.5)”. Así mismo, se registró una arremetida contra el pueblo Embera, en la cual resultaron al menos 5 personas heridas y 2 detenciones arbitrarias ilegales produciéndose tortura y falta de garantías para los capturados. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Campaña Defender la Libertad, en su informe Torturar y Castigar (2022) sostienen que por los hechos del año 2021 en protestas “se abrieron 57 investigaciones, de la siguiente manera: 8 por abuso de autoridad, 24 por lesiones personales, 13 por homicidios ocurridos en Valle del Cauca, Popayán, Tolima y Cundinamarca, entre otras”. Lastimosamente el 92,7% de todas las investigaciones adelantadas por delitos cometidos por agentes de la fuerza pública en protestas se encuentran en etapa de instrucción, es decir, en una etapa de investigación previa al juicio. Por su parte, 28 investigaciones han sido archivadas (p. 89 y 91). La Procuraduría General de la Nación tampoco ha tenido un desarrollo eficaz en impulsar investigaciones disciplinarias que permitan sanciones a los responsables, y en su lugar han sido archivados procesos en razón a que no se logra individualizar al integrante de la Fuerza Pública que cometió las agresiones.
Respecto al comportamiento arbitrario y criminal de la Policía Nacional – ESMAD, la CIDH y la ONU, han reiterado su preocupación y han realizado recomendaciones al Estado para que desmilitarice el cuerpo policial, investigue los hechos con preferencia en la justicia ordinaria y adopte un mecanismo para hacer seguimiento a las recomendaciones entregadas (CIDH, 2021), que hasta el momento el Estado no ha cumplido integralmente.
El actual proceso de transición del ESMAD a lo que se ha conocido como la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) no resuelve el problema, por el contrario, aún siguen arraigadas actuaciones y características que han significado de situaciones violentas, tales como la doctrina militar, la militarización de dicho cuerpo civil, la no regulación del uso de la fuerza y las armas, la no prohibición de las armas de menor letalidad, la criminalización a la protesta social, la continuidad de los traslados por protección como mecanismo de detención arbitraria, la impunidad en los procesos de investigación y sanción a los agentes estatales y la negación de la existencia de las víctimas de la violencia policial, quienes exigen el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición, acciones necesarias para el reconocimiento de la sistematicidad en la violencia ejercida por la Policía, además para que los hechos de agresiones no se vuelvan a repetir, pues a pesar de que estamos frente a un nuevo Gobierno, las situaciones históricas que se han traducido en afectaciones a la integridad física y a la vida no cesan, un ejemplo reciente es lo sucedido el pasado 10 de febrero donde de nuevo un manifestante fue víctima de daño ocular al ser impactado por un gas lacrimógeno del ESMAD en la Universidad Nacional en Bogotá.
Por ello, las víctimas de violencia policial y organizaciones de derechos humanos continuamos luchando para que la Reforma a la Policía Nacional y el desmonte total del ESMAD sea un hecho y no se continúe con simples reformas cosméticas, que no resuelven el problema estructural de violencia y represión que caracteriza a dicho cuerpo, es fundamental que el Gobierno Nacional liderado por Gustavo Petro y Francia Marquez entienda que una reforma a la policía debe de poner en el centro y como protagonistas a las víctimas, que el desmonte del ESMAD (tal como lo dijo en múltiples discursos de campaña), sea una realidad y avanzar con ello en una ruta integral de justicia y reparación a las víctimas de violencia policial.
#PetroPongáleOjoAlESDMAD
¡DECIMOS NO MÁS A LA VIOLENCIA POLICIAL!