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A la luz del incumplimiento estatal del Acuerdo de Paz, en Colombia nos siguen desapareciendo

Este 30 de agosto, las organizaciones que hacemos parte de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada – MDTDF alertamos a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional sobre la persistencia del crimen de la Desaparición Forzada en nuestro país. Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Paz (2 de diciembre de 2016) hasta agosto de 2020, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) registró 466 nuevas desapariciones relacionadas con el conflicto armado y la violencia sociopolítica. Esto indica que en promedio cada tres día el CICR documentó un nuevo caso de desaparición. De los casos reportados 376 corresponden a víctimas extranjeras (entre ellas 216 serían venezolanas) que han sido reportadas como desaparecidas en departamentos ubicados en zonas de frontera como Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Chocó. 

La MDTDF ha podido establecer que las ciudades capitales son las que tienen un mayor número de casos reportados. El año anterior Medellín registró 294 casos, de los cuales 12 víctimas fueron encontradas días después sin vida. Bogotá reportó 922 casos,  Valle del Cauca 188 y Cúcuta más de 100.

Como lo señala el CICR y las Mesas Departamentales sobre desaparición forzada las cifras siguen en aumento en el 2020, siendo las víctimas líderes y lideresas sociales, mujeres y jóvenes, a pesar del confinamiento que se vive por causa del Covid-19. Esta es la realidad de regiones como el Catatumbo, el Pacífico caucano y nariñense, el Bajo Cauca y los municipios de Medellín y Bello en el departamento de Antioquia. Al menos 15 excombatientes, reincorporados de las FARC han sido desaparecidos después de la firma del Acuerdo de Paz. 

En medio de la coyuntura, las autoridades no han asumido los casos con compromiso para prevenir los hechos y especialmente para buscar a las personas que siguen desaparecidas. No existen avances en la investigación y los mecanismos de búsqueda, como la acción de búsqueda urgente, o no son aplicados o resultan insuficientes no sólo por la magnitud de los casos sino por la falta de voluntad política de los operadores de justicia que no despliegan medidas de búsqueda eficaces o siguen exigiendo la necesidad de esperar las 48 o 72 horas para iniciar el proceso de búsqueda, incumpliendo así, su mandato legal.  La impunidad estructural rodea los hechos y las pocas investigaciones que son abiertas por la Fiscalía General de la Nación se encuentran archivadas y sin ningún resultado de justicia para las víctimas y familiares. 

Esta situación resulta particularmente preocupante, si tenemos en cuenta que Colombia ha suscrito compromisos internacionales como la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Adicionalmente cuenta con una amplia normatividad para la prevención del delito y la obligación de buscar, localizar y devolver a las víctimas a sus familiares. Por ello es urgente que el gobierno nacional ratifique la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada como lo solicitan las organizaciones de familiares, de derechos humanos y 23 congresistas que se han unido a este pedido. 

Insistimos en la urgencia de que la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz avancen en la investigación y el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de los responsables en la comisión de estos delitos, contribuyendo así a reducir los altos índices de impunidad existentes en el marco de un contexto negacionista en el que incluso se  justifica su comisión y se premia y protege a los agentes estatales, entre ellos, altos mandos del Ejército Nacional que ordenan las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Es urgente que, como parte de su compromiso con la verdad, entreguen la información que permita encontrar a las víctimas de desaparición. 

Finalmente,  llamamos a la UBPD para que avance eficazmente en la implementación del Plan Nacional y los Planes Regionales de Búsqueda, que permitan la localización de las víctimas y su la agilización de su identificación cuando sus cuerpos sean recuperados; garantizando la participación y articulación de los familiares y sus organizaciones en el proceso. La búsqueda de las víctimas de desaparición forzada ya no da espera. 

Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada – MDTDF

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice