Algunos de los casos más emblemáticos de la violencia sociopolítica en el Atlántico son los asesinatos selectivos en la década de los 80 y 90, como una arremetida a los procesos de resistencia. Históricamente, la ciudad de Barranquilla fue epicentro de grandes luchas sindicales y auge del movimiento social y estudiantil, el cual fue atacado y victimizado por el Frente José Pablo Díaz Zuluaga de las AUC y organismos de seguridad del Estado en complicidad con dirigentes políticos de la región.
A inicios del año 2000, hubo una segunda ola de ataques generalizados con la incursión paramilitar del Bloque Norte de las AUC. Cometieron dos masacres que marcaron la historia del departamento: el 31 de diciembre del 2000 en la vereda Pita (Repelón), y el 22 de noviembre de 2002 en el corregimiento de Nueva Venecia (Sitionuevo). Otros graves hechos victimizantes han sido las ejecuciones extrajudiciales, entre las cuales están los mal llamados “falsos positivos” cometidos por miembros del Ejército, pertenecientes algunos al Batallón la Popa. Además, se presentaron desapariciones de soldados al interior de las filas del Ejército Nacional.
Defensores de derechos humanos, sindicalistas, docentes, estudiantes, políticos, comerciantes, ganaderos, campesinos, trabajadores y miembros de la comunidad LGBTI han sido los sectores más victimizados en el departamento, que al cierre de 2013 registró 170.991 víctimas. Los actos criminales cometidos condujeron a que la cifra de desplazamiento forzado pasara de 1.023 personas durante la década de los 90, a 9.017 entre el 2000 y 2006.
Posterior a la firma del Acuerdo de Paz, fue asesinado Bernardo Cuero, líder de víctimas y Fiscal Nacional de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) en hechos ocurridos en junio de 2017 aun por esclarecer, motivados por su trabajo en relación al derecho a la tierra y el territorio de las víctimas. Ocho meses después, dos de sus hijos fueron asesinados días posteriores a la primera audiencia pública por el asesinato de su padre.
Por otro lado, continúan las amenazas y hostigamientos a miembros de Juntas de Acción Comunal en el sur oriente y sur occidente de Barranquilla. Tras las denuncias por el incumplimiento de las instituciones estatales, en temas como el restablecimiento de los derechos en proyectos productivos y reparaciones colectivas a las víctimas, lideres/as sociales y defensores/as de DD.HH. en el sur y noroccidente del Atlántico están siendo amenazados.
El capítulo Atlántico, con sede en Barranquilla, está constituido principalmente por víctimas de estos sucesos enunciados. De él hacen parte 16 organizaciones de víctimas: Asociación de Desplazados de Sabana Grande (ASODES), Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Mujeres Víctimas por la paz de Colombia (MUVIPAZ), Familias Unidas Por Un Solo Dolor (AFUSODO), Asociación Nacional de Desplazados de Colombia (ANDESCOL Atlántico), Asociación de Víctimas Nuevo Futuro (ASODENUF), Asociación de Víctimas Reverdeser, Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana (CEAC), Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP Atlántico), Asociación de Campesinos de María Jacinta en Luruaco (ASOPROMAJA), Asociación Campesina Vereda Las Nubes (COMPAZ), Asociación de Víctimas la Cangrejera (ASOVICA), Asociación de Víctimas PROFUTURO, AFRODES, Colectivo de Víctimas Nueva Colombia (Familias desplazadas de Montes de María), Colectivo de Mujeres Víctimas Las Gardenias (Mujeres víctimas del conflicto armado de Magdalena, Cesar y Sucre), Colectivo de Víctimas La Central y la Asociación Cívica de Víctimas por un Esfuerzo Mejor.
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