Los y las abajo firmantes, identificados e identificadas como aparece al pie de nuestras firmas, en calidad propia y como representantes de las organizaciones señaladas, mediante el presente escrito realizamos intervención ciudadana dentro del proceso del radicado, con el fin de solicitarle a la honorable Corte Constitucional que declare inconstitucionales los artículos 1, 2, 5 y 6 –parciales- de la ley 24 de 1959
El derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral son derechos irrenunciables para las víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia sociopolítica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, acaba de hacer público su Informe del 13 de diciembre del 2004 acerca del proceso de desmovilización de los paramilitares.
LA HISTORIA DE UN PROCESO DE IMPUNIDAD CONTADO EN 19 PARRAFOS
A propósito de la falacia de la “desmovilización” paramilitar.
Breve Introducción
El paramilitarismo nació, se expandió y consolidó en todo el territorio nacional con el patrocinio del Estado colombiano. Esta realidad resulta incontrovertible e inocultable: el Estado le ha brindado respaldo legal , altos funcionarios suyos han defendido la legitimidad de esas organizaciones, los manuales del ejército lo evidencian, funcionarios importantes se han comprometido con las organizaciones paramilitares , la inacción dolosa del Estado frente a estos grupos , denuncias de miembros de la propia fuerza pública .
Autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad recibirían indultos encubiertos. El proyecto de ley impulsado por el Gobierno colombiano para beneficiar a los miembros de grupos paramilitares que se desmovilicen desconoce las condiciones mínimas en materia de
justicia que deben sustentar toda negociación de paz. Por una parte, no incluye investigaciones exhaustivas ni juicios serios, con plena participación de las víctimas en las debidas condiciones de seguridad y asesoría jurídica.
Autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad recibirían indultos encubiertos. El proyecto de ley impulsado por el Gobierno colombiano para beneficiar a los miembros de grupos paramilitares que se desmovilicen desconoce las condiciones mínimas en materia de justicia que deben sustentar toda negociación de paz. Por una parte, no incluye investigaciones exhaustivas ni juicios serios, con plena participación de las víctimas en las debidas condiciones de seguridad y asesoría jurídica.
La responsabilidad de los agentes estatales en tales violaciones a los derechos humanos no se limita a la tolerancia con los atropellos cometidos por los grupos paramilitares. Por ejemplo, en el sur del Caquetá se han realizado secuestros y homicidios conjuntos, y miembros de las fuerzas militares han amenazado a la población anunciando futuros ataques paramilitares.
Desde el comienzo del gobierno del Presidente Uribe se vienen adelantando en Colombia diálogos con los grupos paramilitares que se presentan ante la nación y ante el mundo con ropajes que no corresponden a su verdadera naturaleza, dando lugar a falacias de lenguaje que es necesario sacar a la luz.