La responsabilidad de los agentes estatales en tales violaciones a los derechos humanos no se limita a la tolerancia con los atropellos cometidos por los grupos paramilitares. Por ejemplo, en el sur del Caquetá se han realizado secuestros y homicidios conjuntos, y miembros de las fuerzas militares han amenazado a la población anunciando futuros ataques paramilitares.
HAY QUE PONER LOS PIES SOBRE LA TIERRA
Es iluso pensar que surja la paz de unas negociaciones que dejan intacto el poder paramilitar
“Hay incluso quienes proponen el desmonte total del paramilitarismo. Esas propuestas son muy respetables, pero pongamos los pies sobre la tierra. En esas propuestas o hay una terrible ingenuidad o hay otros propósitos, que no me atrevo a precisar”. Esta declaración fue hecha por el Jefe de la “Misión de la OEA para Apoyar el Proceso de Paz” en Colombia (MAPP/OEA) durante una jornada de seguimiento al desarrollo de las negociaciones con los paramilitares (en Bogotá, el 24 de febrero de 2005, en Residencias Tequendama). Conviene analizar cuáles son esos “otros propósitos” que el funcionario de la OEA no se atrevió a precisar.
1. El fin de los nexos entre agentes estatales y grupos paramilitares
El establecimiento de una paz sólida en el país requiere de unas fuerzas militares y de policía comprometidas con la defensa y garantía del orden constitucional. Teniendo en cuenta que en la conformación de grupos paramilitares han estado involucradas las fuerzas de seguridad del Estado, el gobierno debería reconocer esa cruda realidad y destituir y sancionar a los agentes estatales cómplices de los paramilitares, como medida para la no repetición de las violaciones.
Sin embargo, en este proceso de negociaciones, “aún no se detectan esfuerzos destinados a establecer la verdad de lo sucedido y los grados de involucramiento oficial con el paramilitarismo” (Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el proceso de desmovilización en Colombia, Washington D.C., diciembre de 2004). Por el contrario, en desarrollo de la “política de seguridad democrática”, que es el programa bandera del actual gobierno colombiano, la Fuerza Pública ha llevado a cabo grandes operaciones militares en distintas zonas del territorio, y en muchos casos esto ha significado el asentamiento de grupos paramilitares. Por ejemplo, la operación militar “Plan Patriota” que se está desarrollando en el sur del país (en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Vichada), con el apoyo militar de Estados Unidos, es ilustrativa del fortalecimiento de los grupos paramilitares en las zonas supuestamente recuperadas por las tropas gubernamentales. La Comisión Colombiana de Juristas ha podido constatar, a partir de visitas a los lugares afectados, que los paramilitares controlan estrictamente importantes sectores de la población civil de dichos departamentos imponiendo sus reglas de convivencia y cuotas obligatorias a los comerciantes y campesinos; apoderándose temporal o definitivamente de las viviendas de la ciudadanía; y sometiendo a las mujeres a esclavitud sexual, entre otros ataques a la población civil.
La responsabilidad de los agentes estatales en tales violaciones a los derechos humanos no se limita a la tolerancia con los atropellos cometidos por los grupos paramilitares. Por ejemplo, en el sur del Caquetá se han realizado secuestros y homicidios conjuntos, y miembros de las fuerzas militares han amenazado a la población anunciando futuros ataques paramilitares.
2. La garantía de que no habrá reedición de los grupos paramilitares
El control absoluto de las armas es un deber del Estado y un presupuesto básico para garantizar la seguridad ciudadana. Otorgar a los civiles la posibilidad de usar armas de guerra ha significado en este y otros países de la región la conformación de grupos paramilitares, la degradación de los conflictos armados y la comisión de violaciones a los derechos humanos. El impulso de normas que autorizan a los civiles el manejo de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, como el decreto 3398 de 1965 (artículo 33, parágrafo 3º) y el decreto 356 de 1994, que creó asociaciones privadas, conocidas como “Convivir”, destinadas a la defensa de territorios considerados de alto riesgo o de interés público, facilitaron la creación de los grupos paramilitares. Es claro entonces que un proceso para superar el paramilitarismo debería abstenerse de recurrir a este tipo de medidas.
Sin embargo, el Gobierno persiste en el propósito de diseñar mecanismos para continuar involucrando a civiles en tareas propias de los militares. En agosto del año pasado expidió un decreto que autoriza a las Fuerzas Militares para vincular por contrato a los combatientes desmovilizados a cambio de una bonificación económica a cargo del Ministerio de Defensa (decreto 2767 de 2004).
3. La devolución de las tierras a sus dueños
Un genuino proceso de paz debe actuar sobre las causas de la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos y, para ello, tener en cuenta que “las víctimas que han sido despojadas de sus tierras o propiedades por medio de la violencia ejercida por los actores del conflicto armado tienen derecho a medidas de restitución” (Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el proceso de desmovilización en Colombia, Washington D.C., 2004).
Sin embargo, la política gubernamental ha continuado favoreciendo formas violentas de obtención y tenencia de la tierra. Por ejemplo, en el departamento del Chocó, en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curbaradó, lugar donde habitan comunidades afrocolombianas sobre terrenos legalmente titulados (ley 70 de 1993), los grupos paramilitares, con el apoyo de tropas del ejército, han continuado apoderándose de las tierras a través de asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos. Las tierras así obtenidas están siendo destinadas al cultivo extensivo de la palma africana y la ganadería. Los cultivos están siendo cuidados por el ejército a pesar de estar en manos de personas que no son legalmente sus propietarias (Ver al respecto: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 6 de marzo de 2003, medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Colombia, caso de las comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó; y Defensoría del Pueblo, Resolución Defensorial número 39 del 2 de junio de 2005).
Desde 1996 hasta hoy estas comunidades han sido víctimas de por lo menos 12 desplazamientos forzados y de otras múltiples violaciones a sus derechos humanos. El Gobierno no está adelantando acciones para restablecer el Estado de derecho en estos territorios, ni en otros que están en similares circunstancias, mediante la devolución de las tierras a sus dueños legítimos y la reparación por los daños ocasionados. Esto, además de ser injusto, en la práctica conduce a que la desmovilización sea sólo aparente porque permanece la capacidad económica de los grupos paramilitares para reponer sus armas y para continuar reclutando combatientes, como efectivamente lo vienen haciendo.
4. El fortalecimiento de la democracia
La democracia es el terreno propicio para alcanzar la paz. Esto supone garantizar un orden justo y la posibilidad de elegir y ser elegido libremente por medio del voto. En Colombia, “la estabilidad de las instituciones democráticas está afectada por profundas desigualdades sociales y altos índices de violencia” (Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el proceso de desmovilización en Colombia).
En el punto anterior se ilustró con el caso de las comunidades afrocolombianas del Chocó que la democracia no se está fortaleciendo porque el Gobierno no está haciendo lo que le corresponde para garantizar la superación de las desigualdades sociales y que, por el contrario, está contribuyendo a profundizarlas. Pero además, con respecto a las posibilidades que tienen las personas de participar libremente en las próximas elecciones de 2006, es muy pertinente la pregunta que hizo la congresista Gina Parody el pasado 21 de junio, día en que se aprobó la ley llamada de “Justicia y Paz”: “¿qué pasará con los candidatos opuestos a los paramilitares en algunas regiones del país?”
Esta Representante a la Cámara milita en el grupo político del Presidente de la República, y fue co-autora de un proyecto de ley para regular la negociación con los paramilitares en una forma respetuosa de los derechos de las víctimas, que nunca fue apoyado por el Gobierno. La pregunta la formuló porque al tratar de oponerse a la ley que garantizará la impunidad fue expulsada a gritos del recinto del Congreso, “con el apoyo vehemente del Alto Comisionado para la Paz y el Viceministro del Interior y Justicia”, en medio de lo que la prensa calificó como “un triste espectáculo de intolerancia” (Periódico El Tiempo, Bogotá, 23 de junio de 2005, págs. 1-4 y 1-24).
Conclusión
Esos “otros propósitos” de quienes han insistido en la necesidad del desmonte del paramilitarismo en el país para el logro de una paz genuina no son distintos de los contenidos expresamente en el mandato central de la MAPP/OEA, que está motivado en la “preocupación principal por la promoción y defensa de los derechos humanos, la justicia y el reforzamiento de la confianza y la seguridad” (según la resolución CP/RES.859 (1397/04) del Consejo Permanente de la OEA). Quien debiera entonces poner los pies sobre la tierra es la Misión de la OEA en Colombia, sin lo cual la inmensa impunidad concedida a los paramilitares por esta ley y estas negociaciones parece tener más posibilidades de acentuar la guerra que de conducir a la paz en el país.
Bogotá, 21 de junio de 2005
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