Carmelo Agamez

Carta Abierta al Fiscal General de la Nación sobre el caso de CARMELO AGAMEZ

Escrito por: |

Doctor

MARIO IGUARAN ARANA

Fiscal General de la Nación

E. S. D.

REF. Carta Abierta al Fiscal General de la Nación sobre el caso de CARMELO AGAMEZ

Reciba un cordial y atento saludo. Las organizaciones abajo firmantes, solicitamos, de acuerdo con sus facultades constitucionales y los reglamentos internos de control en el ente investigador que es la Fiscalía General de la Nación, intervenir en la causa judicial que se sigue contra CARMELO AGAMEZ para que en debido proceso y sana lógica se ordene su libertad.

Doctor
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación
E.  S.  D.

REF. Carta Abierta al Fiscal General de la Nación sobre el caso de CARMELO AGAMEZ

Reciba un cordial y atento saludo. Las organizaciones abajo firmantes, solicitamos, de acuerdo con sus facultades constitucionales y los reglamentos internos de control en el ente investigador que es la Fiscalía General de la Nación, intervenir en la causa judicial que se sigue contra CARMELO AGAMEZ para que en debido proceso y sana lógica se ordene su libertad.

Antecedentes
En agosto de 2006 se realizó una reunión en San Onofre donde paramilitares acordaron apoyar la alcaldía de Edgar Benito Revollo. Miembros del MOVICE Capítulo Sucre hicieron seguidamente una marcha en Sincelejo para denunciar la reactivación del paramilitarismo en la región. El 8 de noviembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DDHH), otorgó medidas cautelares para 17 líderes sociales, varios de ellos integrantes del Capítulo Sucre, entre ellos Carmelo Agámez, luego que se conociera una lista de exterminio que al parecer fue elaborada por políticos que se encontraban comprometidos con la estrategia paramilitar en la región.

El 27 de noviembre de 2006 el MOVICE conjuntamente con la Comisión de DDHH del Senado, realizaron una Audiencia Ciudadana por la Verdad en el municipio de San Onofre que contó con la presencia de 1500 personas y se realizaron unas 300 denuncias de violaciones a los DDHH y actos de corrupción. A raíz de las denuncias presentadas en la Audiencia fueron detenidos semanas después varios paramilitares, políticos y el exalcalde de San Onofre Jorge Blanco Fuentes. Luego de la Audiencia se incrementaron los hostigamientos contra miembros del MOVICE que desencadenó el desplazamiento forzado de alrededor de quince miembros del Capítulo Sucre hacia otras partes del país y en un caso, al exilio.

Hechos
– El 13 de noviembre cinco hombres vestidos de civil se identificaron como policía y allanaron la casa de Agámez sin orden judicial.
– El 15 de noviembre de 2008, Carmelo Agámez fue detenido por la Fiscalía y estuvo bajo custodia de la SIJIN durante 5 días en los que no se le notificó los cargos en su contra. Posteriormente trasladado al patio 2 de la prisión La Vega en Sincelejo, compartiendo el patio de la penitenciaría con algunos de los jefes paramilitares y de los políticos que él acusó y ayudó a detener.

Rodolfo Martínez, fiscal de Sincelejo, ha sindicado a Carmelo Agámez de conspiración para cometer crímenes con los grupos paramilitares. El proceso judicial está montado sobre las acusaciones de cuestionada confiabilidad, de la esposa del ex alcalde Jorge Blanco y un ex-concejal, Luis Carlos Hocón Blanco, del municipio de Rincón del Mar, a quien se le ha probado judicial y extrajudicialmente sus reales vínculos con el paramilitarismo.

A Carmelo este falso testigo le acusa de haber participado en una reunión en el corregimiento de Berrugas, municipio de San Onofre, en el año 2002, para acordar el apoyo de paramilitares en su candidatura para ser concejal en el período 2003-2007. En plena campaña, sus electores y bases de apoyo fueron sistemáticamente amenazados por las estructuras paramilitares en plena campaña electoral. El proceso al cual está vinculado Carmelo se inició en junio de este año y en él se encuentran 30 políticos de San Onofre por vínculos con el paramilitarismo.

Luego de la detención de Carmelo se presentaron una serie de llamadas del paramilitar conocido como Jhony Rodríguez a la hija de Carmelo para que él se comunicara con el comandante paramilitar conocido con el alias de "El Oso". Este actuó en el municipio de San Onofre y se encuentra rindiendo versiones libres dentro del marco de la ley 975, en las que reveló nombres de políticos en la región que fueron apoyados por sus estructuras armadas en las elecciones de 2002.

Por presiones de organizaciones y organismos de derechos humanos que temieron por la vida de Carmelo, fue trasladado de la Cárcel La Vega el 28 de enero de 2009 a la cárcel de Corozal. Sin embargo, el montaje judicial no se ha desmontado todavía y aunque Carmelo no está condenado sigue estando encarcelado. Adicionalmente, el fiscal está dilatando el proceso, aunque se ha pedido en dos ocasiones el acumulado de pruebas a favor de Carmelo para que el proceso pueda avanzar, éste aún no las ha aprobado.  

Peticiones
Solicitamos la inmediata liberación de Carmelo Agámez por el claro montaje judicial que parece haber sido impulsado por parte de personas vinculadas al paramilitarismo y que actualmente se encuentran encarceladas por las declaraciones de personas del MOVICE y Carmelo Agámez en específico.
Solicitamos la inmediata liberación de Carmelo Agámez por las irregularidades en el allanamiento del 13 de noviembre y la falta de pruebas consistentes que justifiquen la privación de su libertad.
Solicitamos que se brinden todas las garantías procesales y el respeto al debido proceso como un derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Solicitamos que se investigue judicial y disciplinariamente a los funcionarios que participaron en el operativo de allanamiento en casa de Carmelo Agámez el 13 de noviembre de 2008 por abuso de autoridad y por las irregularidades que se presentaron en el operativo.
Solicitamos someter a análisis desde la sana crítica los testimonios entregados por personas procesadas por vínculos con el paramilitarismo y que en consecuencia tienen un interés concreto de deslegitimar el papel de los defensores de Derechos Humanos y víctimas que adelantan procesos de búsqueda de Verdad, Justicia y Reparación. A la vez,  manifestamos nuestra preocupación por el comportamiento reiterativo de la fiscalía en este tipo de investigaciones, debido a que por lo general vienen siendo basadas única y exclusivamente en testimonios de este tipo de personas.
Solicitamos que la Fiscalía General de la Nación de cumplimiento estricto a la normatividad vigente en cuanto a las garantías a las personas procesadas.

Atentamente,