ActualidadComunicados

Cierre de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido

La desaparición forzada en Colombia, como crimen de lesa humanidad, ha sido una estrategia violenta para atentar no solo contra la vida e integridad de la víctima, sino contra su memoria misma y el derecho de sus familiares a la exigibilidad de justicia en condiciones de esclarecimiento. Ha sido una táctica de guerra, especialmente deliberada, que busca eliminar el rastro tanto material como estadístico, que pretende que no haya víctima y, por ende, que no exista perpetrador. Colombia se sitúa como el país con mayor número de casos de desaparición forzada en América seguida por Argentina y México, y dentro del análisis temporal que busca comprender el avance de la desaparición forzada hasta la actualidad se identifica un gran pico en el año 2002, que se cataloga como el máximo histórico anual de desapariciones forzadas con 7.963 casos según la organización Human Rights Everywhere, año en el cual finaliza el periodo presidencial de Andrés Pastrana y se posesiona en el cargo el ex Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

 

El estado de esclarecimiento y consecuente garantía del derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada en Colombia es alarmante. El negacionismo del conflicto armado promocionado por el Estado colombiano ha sido el punto de partida de las dificultades a la hora de esclarecer los hechos por que, a su vez, implica desconocer la existencia misma de los desaparecidos, lo que claramente determina que la voluntad de generar registros, actualizar datos e impartir justicia sea nula. El hecho de que el avance en el esclarecimiento de esta forma de victimización sea casi nulo hace que la satisfacción del derecho de las víctimas a saber la verdad acerca de lo que pasó con su familiar desaparecido sea también inexistente.

 

Ante este alarmante contexto nos enfrentamos a la ausencia de un macro caso sobre desaparición forzada al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -mecanismo de justicia transicional creado por el Acuerdo Final de Paz para la impartición de justicia por los graves hechos cometidos en el marco del conflicto armado por todos los actores involucrados, entre ellos, agentes del Estado integrantes y no integrantes de la Fuerza Pública- que investigue a profundidad los patrones, medios, estrategias, fines y beneficiarios de la desaparición forzada en Colombia considerando la gran preponderancia de este crimen en nuestro país desde que sectores del paramilitarismo, en asocio con el Ejército Nacional, decidieron acudir a la desaparición forzada como estrategia de reducción de los indicadores de homicidios que llevaran a que los índices de violencia en Colombia no alertaran a la comunidad internacional. 

 

Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco de la segunda ronda de priorización de casos ha justificado que la ausencia de un macro caso para la investigación de la desaparición forzada se debe a su inclusión en los dos nuevos macro casos que estarían próximos a abrirse, correspondientes a “Crímenes cometidos por las FARC-EP” y “Crímenes cometidos por la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles”, sin embargo, hemos insistido en que dicha inclusión resulta insuficiente, pues la magnitud que caracteriza este crimen de lesa humanidad en el país no puede verse incluido de manera difusa, como lo está ahora, en un macrocaso que agrupa una multiplicidad de crímenes en simultáneo. 

 

Si bien las víctimas de crímenes de Estado entienden que la desaparición forzada está siendo investigada dentro del Caso 003 como un patrón de las ejecuciones extrajudiciales, conservamos la preocupación de que no está siendo investigado como un delito autónomo que se cometió en contra de población civil en todo el país.

 

Es preciso advertir que la desaparición forzada no ha sido investigada como delito autónomo en la justicia ordinaria, otra razón más para que la JEP lo haga y garantice los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de este crimen de lesa humanidad, pues es importante que la misma dentro de sus criterios de priorización tenga en cuenta que la mayoría de estos casos se encuentran en la absoluta impunidad y que la Jurisdicción asuma su conocimiento es una garantía real del derecho fundamental de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a acceder a la justicia. Por lo anterior, en el marco de la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido las víctimas de crímenes de Estado insistimos en dos reclamos urgentes: 

 

  1. A la Jurisdicción Especial para la Paz, para la apertura de un macro caso exclusivo que investigue la desaparición forzada en Colombia y que busque responder a las miles de víctimas que hoy esperan a sus deudos de vuelta y con vida.
  2. Al Gobierno Nacional, que acepte las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra las desapariciones, la cual fue ratificada por Colombia mediante la Ley 1418 del primero de diciembre de 2010 y declarada exequible por la Corte Constitucional. Los referidos artículos que reclamamos sean aceptados se refieren a la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) para recibir y examinar casos de desaparición individuales e interestatales.  

 

Los familiares de las víctimas de este crimen atroz y las organizaciones acompañantes en el marco de la campaña #DóndeEstán denunciamos y condenamos la negativa del Presidente Iván Duque de aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para que este órgano pueda actuar en Colombia y prevenir que este delito siga ocurriendo, por no considerar necesaria la actuación de este mecanismo en el país, a pesar de los altos índices de desaparición forzada y la continuidad de esta práctica en el país tomando como referencia los casos presentados en el reciente Paro Nacional.

 

La campaña #DóndeEstán continuará insistiéndole a este y al próximo Gobierno, para que acepte la competencia de este Comité con el fin de estudiar casos de Colombia, pues esta es una herramienta de apoyo para los familiares en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, y un complemento para las instancias del Estado encargadas de la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de este crimen de lesa humanidad.

 

Vivos se los llevaron y vivos los queremos. 

 

Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

MOVICE