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Declaración de Buenos Aires.

Image Capítulo Argentina.  Los pueblos del mundo abren sus ojos a Colombia.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (MOVICE). Capítulo Argentina

Los pueblos del mundo abren sus ojos a Colombia. Y no es de menos cuando empiezan a escucharse otras voces, las voces de hombres y mujeres que son las víctimas de los crímenes que el Estado colombiano comete contra ellos. Esta situación ha llevado al destierro a más de 10.000.000 de colombianos y colombianas, quienes han debido desplazarse dentro o fuera de su país. Esta situación se ha agravado especialmente en los últimos años, durante el mandato del actual presidente Álvaro Uribe Vélez.

 

Escándalo tras escándalo sacuden el palacio presidencial y señalan la figura de Álvaro Uribe. Sus vínculos con el narcotráfico, el paramilitarismo y la Casa Blanca dan forma a una política neoliberal que se impone a la fuerza, acallando toda oposición con amenazas, muertes y desapariciones.
En el contexto de guerra continua que vive Colombia, el Estado ha tomado la postura de exterminar no sólo a quienes han asumido las armas como método de lucha, sino a una parte importante de la población civil no armada.

Las víctimas civiles incluyen a líderes políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, ambientalistas, intelectuales, periodistas, sindicalistas, etc. También a campesinos y campesinas, pueblos originarios y afro descendientes, con el principal objetivo de usurpar sus tierras para beneficio de emprendimientos agroindustriales e industriales o de explotación de recursos naturales por parte de transnacionales y de la oligarquía local.

Estos grupos manipulan la información a través de los medios de comunicación, que se concentran en manos de unas pocas personas vinculadas directamente con el primer mandatario: el vicepresidente Francisco Santos y su primo Juan Manuel Santos eran hasta hace tan sólo unos meses atrás los dueños de El Tiempo, la editorial y periódico más influyentes de Colombia, conservando aún acciones en aquella empresa; Carlos Ardila Lule, empresario industrial, uno de los principales financiador de la campaña presidencial de su amigo Álvaro Uribe, es el propietario de RCN Radio y Televisión; Julio Mario Santodomingo, industrial cervecero (Bavaria), es el propietario del canal Caracol y está disfrutando de las ganancias de la reciente venta de Caracol Radio a un grupo español.

El fallo de este año del Tribunal Permanente de los Pueblos, presidido por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, considera que la situación en Colombia ha empeorado desde su fallo anterior de 1991, cuando calificó:
“Colombia: Un gobierno formalmente democrático, sobre el cual se cimenta una inusitada y persistente ejecución de Crímenes de Lesa Humanidad. La violencia institucional (Fuerzas Armadas y Organismos de Seguridad), parainstitucional (organismos paramilitares) y extrainstitucional (sicarios y asesinos a sueldo), enmarcada en la Doctrina de la Seguridad Nacional y en la teoría del Conflicto de Baja Intensidad, persigue acabar con toda persona y organización social, gremial o política que confronte las injustas estructuras socio-económicas y políticas vigentes. El asesinato de líderes populares y políticos de oposición, la desaparición forzada, las masacres de campesinos, los bombardeos de zonas rurales, la detención ilegal, son varios de los instrumentos utilizados en la sistemática y permanente violación de los más elementales derechos.”

En el plano del conflicto armado se ha llamado la atención a Colombia en múltiples ocasiones por sus crímenes de guerra y su falta de respeto al Derecho Internacional Humanitario. Recordemos el bombardeo del primero de marzo de 2008 en Ecuador donde es asesinado el Encargado de Relaciones Internacionales de las Farc-EP, Raúl Reyes. Los testimonios de algunos sobrevivientes que debieron asilarse en Nicaragua cuentan la saña con la que los militares colombianos remataban por la espalda a los heridos en combate. Más recientemente, se le ha recriminado al Estado colombiano la utilización del emblema de la Cruz Roja Internacional para encubrir operaciones contra la insurgencia armada.

Luis Moreno Ocampo, el fiscal de la Corte Penal Internacional de la Haya, afirmó “que las víctimas se queden tranquilas: si la justicia colombiana no actúa, lo haremos nosotros”. Esto frente al nerviosismo de Álvaro Uribe que se encuentra en este momento enfrentando fuertes acusaciones de la Corte Suprema de Justicia. La Justicia colombiana revisa las acusaciones contra Uribe por sobornar a legisladores para aprobar la ley que reformó la Constitución colombiana para permitir su reelección.

La coalición que controla el poder legislativo colombiano, del partido de Uribe o sus aliados, se encuentra con la mayoría de sus miembros investigados por vínculos con el paramilitarismo. Setenta están siendo investigados y la mitad están presos, entre ellos familiares cercanos al presidente.

La situación es cada día más dramática y las víctimas de crímenes de estado siguen en aumento. Se estima que luego del genocidio sobre los pueblos originarios en América tras la colonización europea, el del pueblo colombiano es el segundo genocidio más atroz cometido en la región. Se calcula en más de 600.000 el número de muertos y en 35.000 los detenidos desaparecidos, cifras que muy probablemente sean mayores.
Frente a este complicado panorama, cada día se escuchan más las voces de las víctimas de este exterminio que todavía continúa y que, ante la inminente caída de Álvaro Uribe, se viene agravando. Las víctimas de estos crímenes reclaman al mundo verdad, memoria y reparación. Los pueblos y los gobiernos debemos solidarizarnos con el pueblo Colombiano y exigir la merecida justicia para que crímenes como estos no queden en la impunidad y para que Colombia alcance la paz y la independencia que tan intensamente añora.

Movice. Capítulo Argentina  – Septiembre 2008
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