Revista en Movida

Desplazamiento un problema que se oculta

Desplazamiento como fenómeno socio-económico ligado a la concentración del poder sobre la tierra: catastro alternativo una propuesta de reparación desde las victimas

 Por: Ivan Cardenas

 

 

El desplazamiento en Colombia sigue siendo uno de los elementos más agudos de la crisis humanitaria que padece el pueblo colombiano, se trata de más de 3.000.000 de hombres, mujeres y niños en condición de desarraigo para los cuales sólo hay demagogia por parte del gobierno el de Alvaro Uribe Vélez.

Últimamente el tema del desplazamiento intenta “desaparecer” de los medios masivos de comunicación y del reconocimiento gubernamental, como dejando la sensación que este fenómeno ya no se presenta, porque los grupos paramilitares se “desmovilizaron” y la insurgencia esta casi derrotada tras los logros de la “seguridad democrática” sin embargó LA verdad es otra, cada día el fenómeno sigue presentándose y en algunas regiones del país el problema ha adquirido cifras alarmantes, es evidente que hay una clara intención de invisivilizar el tema de los desplazados.

Tras este “ocultamiento” se intenta tapar la incapacidad del Estado colombiano para brindar adecuada atención, en el marco de la Ley 387/97 a la creciente población de desplazados en todo el territorio nacional. También intenta el gobierno esconder, la ausencia de políticas serias que vayan más allá de los paños de agua tibia que hoy se otorgan mezquinamente en los despachos acción social y diferentes entes territoriales.

No menos importante de destacar, es que tras el ocultamiento del fenómeno del desplazamiento se solapa un “plan de retorno” obligatorio al que quiere llevarse a los desplazados, tras someterlos a largas jornadas en busca de la ayuda humanitaria que difícil y/o tardíamente llega, para incorporarlos como mano de obra barata o a bajo costo y riesgos en plantaciones agroindustriales propiedad de trasnacionales o terratenientes.

Vistos en detalle, cada uno de estos elementos, nos deja ver de forma más precisa un proyecto de contra reforma agraria, empujada por latifundistas, terratenientes y narcotraficante con la ayuda del proyecto militar y paramilitar, desarrollado en zonas de colonización reciente ó de riqueza estratégica.

El fenómeno del desplazamiento esta estrechamente ligado a un problema económico y más estrictamente a un proceso de acumulación especialmente de la tierra, en los que de una u otra manera se genera una riqueza, sea esta por la capacidad productiva o por el potencial que ello implica como reserva en cuanto hace a la futura construcción de macro-proyectos de desarrollo económico.

Visto de esta manera el fenómeno del desplazamiento crea fines orientados a la concentración del poder de la tierra y el latifundio, no es nuevo en el país; ya anteriormente fue empleado en la conquista por los españoles, para despojar a las comunidades aborígenes de las tierras productivas. Posteriormente en la etapa que sobrevivió a la independencia se produjo durante las guerras civiles del siglo XIX, los terratenientes acudieron al mecanismo de la guerra para ampliar el poder sobre importante porciones de territorio.

El desplazamiento y el problema de la tierra

Durante el siglo XX el país asiste al más descarado proceso de despojo de la tierra productiva, en la etapa que sobrevino al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, cuando se decretó lo que los sociólogos e historiadores han denominado la primera violencia tras la cual la composición del poder de la tierra, se transformó radicalmente especialmente en las regiones planas del país, propicias para dar el salto de producción agrícola, minifundista y de ganadería extensiva a una producción agro industrial tecnificada.

Efectivamente en regiones como la Sabana de la Costa Atlántica, el Tolima grande, el valle geográfico del Río Cauca y los Llanos Orientales, fue precisamente donde se concentró el uso de “empresas criminales” contra el campesinado, que apelaron al uso más violento posible para sembrar terror y pánico y posteriormente desplazamiento, todo este plan fue ejecutado a nombre de una guerra entre liberales y conservadores.

El resultado en el plano social fue de un todo la desintegración de la organización campesina la configuración de los denominados cinturones de miseria de las ciudades capitales donde emigraron los campesinos, y de otro la conformación de un movimiento de resistencia y lucha por la tierra que rápidamente evolucionó en grupos de autodefensa campesina y posterior oriente en grupos guerrilleros.

Pero el resultado económico de la violencia fue que en menos de 10 años 1953 – 1960 la estructura y uso de la tierra en estas zonas había cambiado radicalmente, aparecieron dedicadas al monocultivo de algodón, caña de azúcar, sorgo, arroz, cultivos que hacían parte del catálogo de necesidades del capitalismo en plena fase de expansión posterior a la II Guerra Mundial.

Como puede observarse la apelación a la violencia contra el campo colombiano no es un fenómeno nuevo en nuestra historia, al contrario ha sido la forma más recurrente y económica en que un sector de la clase dominante ligada al latifundio y a la ganadería a apelado para acrecentar su poder sobre la tierra.

El desplazamiento de la última etapa es decir el que va desde 1985 hasta nuestros días, conserva la misma esencia aunque presenta rasgos característicos que hace más complejo el fenómeno y difícil hallar una pronta solución.

Hoy se superponen al problema de la tierra la tradicional tendencia a la concentración latifundista atizada por el narcotráfico que a la vez promueven prácticas criminales para estatales como el PARAMILITARISMO, el fortalecimiento del movimiento insurgente, una mayor injerencia del modelo de desarrollo económico sobre la soberanía en el campo y en medio de este panorama, los habitantes del campo, sometidos a dos guerras, una que surge del enfrentamiento del estado y grupos insurgentes y otra que se libra en el plano económico donde la pobreza y miseria son el resultado de un modelo de desarrollo desigual que ve en nuestro país un producto de aquellos productos que su industria requiere para transformar.

Aumenta la concentración de la tierra

Un primer elemento a destacar es que en el período que va de 1985 a 2001, se ha incrementado la concentración de la tierra, de forma tal que de acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria, (1) el 64% de los predios menores a 10 hectáreas, ocupaba tan solo el 8% del área total de tierra rural entre tanto el 5% de los predios superiores a 100 hectáreas ocupaban el 54% del total de la tierra rural.

Cuadro Nº 1

Relación entre el área predial rural y los propietarios

Según tamaño del predio año 2001

Tamaño del predio (hectareas)

% propietarios

Superficie

% del area rural registrada

menor de 3

57,3

1,7

3 – 100

39,7

22,5

100 – 500

2,6

14,6

mas de 500

0,4

61,2

fuente: cuadernos tierra y justicia Nº 1 2002

O como lo indica el cuadro Nº 1 el año 2001 el 57% de los propietarios rurales poseía el 1.7% de la superficie rural registrada con predios menores a 3 hectáreas y el 0.4% de los propietarios, acumulaban el 61% de las superficie rural en predios de más de 500 hectáreas.

De acuerdo a estos indicadores es fácil informar que la tierra está en manos de pocos propietarios y que esta concentración se logra a partir del sistemático despojo que se viene realizando a colonos y campesinos los últimos 15 años.

La incidencia del narcotráfico

Un segundo elemento no menos importante, es el relacionado con el impacto que ha tenido el narcotráfico, en la concentración de la tierra, de acuerdo a información de la policía anti-narcóticos, en el país se ha pasado de sembrar 15.500 hectáreas en 1985, con cultivos proscritos a 135.000 hectáreas en 1999 (cuadro 2), lo que quiere decir un aumento sostenido en 14 años.

Cuadro Nº 2

Evolución de las hectáreas sembradas con cultivos ilícitos 1985 – 1999

AÑO

1985

1988

1990

1993

1995

1997

1999

HECTAREA

15,500

38,188

42,944

64,700

62,420

91,100

135,000

fuente: cuadernos tierra y justicia Nº 1 2002

Lo grave de las cifras, es que esta expansión se ha realizado en zonas de reciente colonización, en zonas anteriormente dedicadas a pequeña producción campesina, y por efecto de la violencia paramilitar ha cambiado de propietario y de uso.

El narcotráfico y particularmente la producción de marihuana, coca y amapola, se ha convertido para muchos campesinos colombianos en un círculo vicioso de violencia, y alternativa de vida. Mientras de un lado el campesino es despojado violentamente de su terruño y obligado a desplazarse, y de otro, cuando no se desplaza, no tiene más remedio que “emplearse” en la producción de coca o amapola, al servicio de narco-traficantes, que ofrecen al campesino ésta, como la única vía para conseguir el sustento para su familia.

El crecimiento del narcotráfico, no solo ha desplazado a miles de campesinos a través del proyecto criminal del paramiliarismo, sino que además ha corroído casi toda la estructura del estado y la clase política del país de tal forma que lo que sucede en las zonas de influencia del narcotráfico y el paramilitarismo es un problema que el país ignora, pero también este crecimiento está afectando la producción de alimentos, por cuanto en regiones apartadas no es rentable la producción alimentos y de otro lado, el país está ampliando su frontera agrícola; a través de una expansión indiscriminada, que busca para los cultivos ilícitos zonas inaccesibles que generalmente es la selva, los paramos, y/o zonas de reserva natural o cultural como lo es el caso de reservas indígenas.

Modelo económico excluyente

Un tercer aspecto que viene incidiendo en el agradecimiento del fenómeno del desplazamiento es el modelo de desarrollo económico, el neoliberalismo o la globalización están llevando al país a una situación cada vez más de dependencia alimentaria (Ver cuadro 3).

Cuadro Nº 3

Áreas cultivadas 1990 – 1997 en miles de hectáreas

Cultivo

1990

1997

arroz

521

390

papa

161

167

maíz

837

573

vegétales

87

95

algodón

200

61

sorgo

273

102

soya

116

43

frijol

164

135

trigo

57

23

cebada

54

9

caña de azúcar

115

168

plátano

345

379

caña de panela

199

210

aceite de palma

90

145

frutas

71

129

banano

32

42

cacao

121

109

fuente: cuadernos tierra y justicia Nº 1 2002

Lentamente y por la imposición de la política de las transnacionales de los alimentos, el país está dejando de producir los alimentos que requiere la población, en pocos años hemos pasado de ser exportadores a importadores. Actualmente el país importa cinco veces más de lo que importaba hace 10 años. El país importa maíz, arroz, fríjol, entre otros.

Sin duda alguna el desplazamiento violento de campesinos productores hace parte de una estrategia en la que latifundistas, narcotraficantes y empresas transnacionales sacan provecho, en el caso de las transnacionales a través del ALCA se determina cuáles son los productos que el país debe producir para exportar a Estados Unidos si se quiere acceder al sistema de exenciones arancelarias. Lo grave de esta situación es que en la lista no aparecen productos alimenticios, le queda al país la producción de mono – cultivos generalmente propiedad de transnacionales como la Palma.

El ALCA, niega a los campesinos colombianos a través de imposiciones que acepta el gobierno la producción de alimentos, tradicionales, mientras otorga a los productores norteamericanos grandes subsidios de alimentos. El área de libre comercio de las Américas impone con su política el empobrecimiento, la ruina y el hambre de campesinos y población pobre del país.

Hacia una propuesta de reforma agraria y retorno

Tal como están las condiciones de crisis humanitaria en nuestro país, vale la pena seguir insistiendo en alternativas distintas a la agudización de la guerra agenciadas por el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez, que solapadamente tras el afianzamiento de política de seguridad democrática se busca sumergir al conjunto del pueblo colombiano en una guerra que cada vez adquiere más intensidad.

De esta manera fenómenos como el desplazamiento y en general la crisis económica que vive el pueblo colombiano necesitan propuestas como una reforma agraria integral, que devuelva a los campesinos la tierra productiva del país, es decir, una reforma agraria que afecte el latifundio extensivo y que de igual manera le proporcione a los colombianos interesados en regresar al agro condiciones óptimas para la productividad, el desarrollo y la dignificación de la labor del trabajador del agro colombiano.

Igualmente, se requieren propuestas y políticas serias orientadas a diseñar de manera concertada propuestas de retorno para los colombianos que se encuentran hoy en condición de desplazamiento, tales políticas deben pasar por el reconocimiento de las personas que actualmente se encuentran en tal condición y en el mismo sentido prevenir futuras situaciones que procuren nuevos desplazamientos. Este retorno concertado debe garantizar la condición económica en el sentido de titulación colectiva e individual de tierras, declaratoria de la emergencia socio – económica del campo, declaratoria de zonas de reserva campesina y territorios de paz, suspensión de los acuerdos del ALCA.

Este retorno debe garantizar condiciones de bienestar en el ámbito social que permita a los retornados buenas condiciones para el desarrollo social y personal de sus entornos familiares, lo que quiere decir brindar condiciones para una adecuada prestación de servicios, como la salud, la educación y la recuperación de la identidad cultural.

Aspecto no menos importantes para el diseño de una política de retorno y recuperación del agro colombiano, es el que tiene que ver con la búsqueda de una solución política negociada al conflicto social y armado; que erradique las causas que originaron el mismo y que al mismo tiempo supere la impunidad presentada en los hechos hasta hoy realizados, esto implica el esclarecimiento de los hechos de violación a los Derechos Humanos, castigo a los responsables y reparación integral a las víctimas.

Un aspecto complejo en el tema del desplazamiento, es el que tiene que ver con el retorno y reubciación, par el cual no existe una política CLARA, dejando el tema en manos de administraciones locales, limitadas por la escasez de recursos y la labor de instituciones de carácter nacional, encargadas de garantizar o facilitar el retorno en condiciones de dignidad y seguridad.

Otro aspecto no menos importante, es el relacionado con el castigo a los responsables del desplazamiento que a pesar de las centenares de denuncias ante la Fiscalía con aportes de testimonios y pruebas, el numero de detenidos sindicados y condenados por estos hechos dejan en evidencia la gran incapacidad del sistema judicial para enfrentar y erradicar las causas del desplazamiento.

Aspectos estos que muestra la gran incapacidad del Estado colombiano para dar solución de fondo al fenómeno del desplazamiento, donde las ayudas que se otorgan a las víctimas están sujetas a una larga tramitologia y a merced de la politiquería de la corrupción.

En la actualidad comunidades enteras país, con la complicidad y complacencia del Gobierno colombiano ante las exigencias de trasnacionales y grupos económicos que han promovido y respaldo grupos paramilitares, se han visto obligadas a desplazarse ante el temor de ser afectados por las fumigaciones con glifosato, que como ha sido denunciado por comunidades y defensores de Derechos Humanos afecta la salud humana y altera el entorno causando efectos sobre animales y cultivos de pan coger.

Finalmente planteamos como alternativa para superar el fenómeno de desplazamiento forzado la necesidad de insistir en la búsqueda de la solución política y negociada al conflicto social y armado que vive el país. Así mismo, se requiere que el Estado se comprometa a la implementación y cumplimiento de la política publica de atención a los desplazados tal como lo ha venido demandando la sentencia T 025 de 2004. Así, al mismo se requiere la participación de las organizaciones de desplazados en una reglamentación que atienda las verdaderas necesidades de las víctimas de éste fenómeno así como suficientes recursos para la atención de las mismas.

Una alternativa desde las victimas para la reparación y recuperación de la tierra despojada

Esta crisis humanitaria que vive la sociedad colombiana derivado de un prolongado conflicto social y armado que supera los 60 años, ha dejado tras de si múltiples consecuencias como las que se destacan miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturadas, amenazadas, retenidas, secuestradas, mutilados y más de cuatro millones de colombianos y colombianas desplazadas, quienes se encuentran sometidos a destierros y desarraigos.

Las victimas del crimen del desplazamiento, han abandonado entre 6 y 10 millones de hectáreas en cifras que no han podido determinarse por ninguna estatal, que por falta de interés, gran descoordinación y alguna complicidad han permitido que, la propiedad y tenencia de las tierras de los campesinos desplazados Se encuentran en un limbo, en el que no parece haber soluciones ciertas.

El movimiento de victimas de crímenes de estado ( MOVICE ) en el marcó de su mandato del restablecimiento de los derechos de las victimas ha considerado el diseño de 8 estrategias de lucha contra la impunidad, los cuales serán abono importante para conquistar para las victimas y la sociedad, los derechos a la verdad la justicia la reparación integral y digna y la no repetición a los crímenes del paramilitarismo.

Así entre estas estrategias se ha concebido el Catastro Alternativo, instrumento a través del cual las victimas de crímenes de estado mediante un proceso organizado, puedan acceder a esta metodología multidisciplinaria, con la cual se levanta un inventario y caracterización del despojo de bienes a desplazados en zonas rurales de Colombia.

Tras más de 4 años de formulación por parte de la C.N.D el Catastro Alternativo, ha venido evolucionando en su definición y diseño metodológico, de tal manera que a la fecha, que el movimiento de victimas de crímenes de estado, que ha diseñado e implementado un modelo piloto, el cual ahora busca afinarse y replicarse en 4 regiones del país.

El catastro alternativo del despojo (C.A.D)

La propuesta que se ha diseñado supera ampliamente la concepción clásica del catastro, que se concibe como un registro público que levanta un inventario de los bienes inmuebles de un determinado territorio, con este instrumento técnico se establece las características físicas y jurídicas de los bienes durante toda la existencia de este, y se usa como soporte fundamentos para la valoración de los mismos y determinar respectivamente sus usos y valores comerciales.

El Catastro Alternativo del Despojo que proponemos, superar la concepción clásica de Catastro, entre otras cosas porque este ha mostrado su incapacidad para proteger y resolver las necesidades de las victimas de despojo por causa del conflicto.

El Catastro Alternativo se propone como herramienta, combinar elementos técnicos, jurídicos, organizativos y políticos, para potenciar la denuncia, la movilización el restablecimiento jurídico de derechos vulnerados o desconocidos y en todo caso la reversión del orden de cosas que satisfaga a las victimas.

Este instrumento multidisciplinario permite entonces establecer criterios confiables para la negociación jurídica y política que hagan posible la recuperación vía Restitución, Indemnización y/o Reparación de todas las tierras, construcciones y mejoras, ganados cosechas y conservación de reservas naturales del conflicto.

El catastro alternativo que desde El MOVICE se ha constituido, contiene las siguientes características:

  1. Componente técnico, (jurídico, cartográfico, inventario catastral avalúo del despojo) sub originado a procesos político y organizados de las comunidades, las cuales deben promover la reclamación, en procura de visibilizar la dimensión del perjuicio.

  1. Construcción colectiva: todo el conocimiento de la magnitud del despojo se produce en la interacción del componente técnico con las comunidades de victimas, quienes afinan y precisan datos y elementos que permiten construir una versión verosímil de los hechos y características que produjeron el despojo. Al mismo tiempo esta interacción con la comunidad permite a esta apropiación directa del saber.

La conjunción de estos dos componentes arroja un resultado que resiste peritazgos, y mejor aun permite la apropiación colectiva de la comunidad del despojo y la comprensión en toda la dimensión política, que supera la visión de victimización individual que inicialmente se puede percibir el componente técnico del C.A.D se plantea con las siguientes características que se conjugan en interacción dinámica.

  • Historia jurídica, se trata de la búsqueda de toda la tradición de todo inmueble, diferenciando, propiedad, posesión, tenencia, ocupación, y también se busca la información relativa a identificación catastral y la respectivas mutaciones de la propiedad en varias de sus modalidades. Finalmente se hace seguimiento a la formación de matricula inmobiliaria, propietarios poseedores, ocupantes, herederos, etc.

  • Reconocimiento predial, con esta labor de identificación físico con el terreno se procura singularizar la información de cada predio, a partir de información aerofotografica, cartográfica y georeferenciada lo que permite la delimitación y localización (municipio, vereda, sector, predio implicado, sitios de referencia común)

  • Igualmente el reconocimiento predial permite establecer linderos y procesos de reclamación y/o “conflicto” (que existen entre propietarios / poseedores y otras formas de apropiación del suelo) como también las que realiza la comunidad. Este reconocimiento directo permite establecer las características topográficas, geográficas, superficie, usos del suelo mutaciones y cambios en su utilización productiva.

  • También se adquiere en esta etapa cartas catastrales, fichas prediales y otros documentos necesarios para el reconocimiento.

El conjunto de esta información es validada por las comunidades mediante un proceso entrenamiento básico a las comunidades para realizar ejercicios de cartografía social participativa que permite identificar las características de los predios usurpados mas allá de la información disponible en las oficinas públicas, pero ante todo permite la reconstrucción de la memoria colectiva de los hechos de vulneración y despojo lo que permite la concientización e importancia de la organización para la movilización y la reclamación de derechos.

Esta información permite levantar una cartografía social, la valoración de estado –jurídico-técnico, del derecho de propiedad y la definición de las zonas físicas y geoeconómicas necesarias para la evaluación, toda la información de esta etapa se plasma en una ficha (encuesta) lo que al final se convierte en un sistema de información de predios / y titulares de derechos.

  • VALORACIÓN: este proceso permite la asignación de valores base de reclamación, con ella se elaboran tablas para determinar los avalúos de predios, inmuebles y otros bienes. mediante este procedimiento se producen instrumentos que permiten determinar los valores de los predios acumulados considerando zonas físicas y geoeconómicas, de predios, inmuebles, cosechas, ganados, equipos, bienes ambientales, agro sistemas de conservación y otros intangibles.

  • ACCIÓN JURÍDICA: mediante este componente y a partir de toda la información obtenida en todo el proceso de ejecución del catastro alternativo del despojo, se pueden determinar las respectivas acciones jurídicas individuales y/o colectivas que permiten según el caso la protección , restitución, indemnización reparación de las victimas.

Igualmente la valoración de la información disponible puede permitir iniciar acciones penales respectivas que procuran el derecho a la justicia frente al crimen de desplazamiento.

Productos:

La ejecución de estos componentes del CAD, las victimas pueden disponer de herramientas que puedan aplicarse a otras comunidades:

  • Un sistema de información cartográfica y predial.

  • Un informe singular por cada predio que contiene toda la información relativa a su propiedad/ posesión, que sirve para realizar todas las acciones jurídicas y de avalúo.

  • Información general sobre una zona geográfica, con datos estadísticos, productivos cartográficos e históricos que sirven de base para la producción de informes explicativos del conflicto en la región.

  • Devolución en la información a las comunidades, la que pueda utilizarse en procesos de reclamación sobre el daño colectivo, pero también para optar por acciones AUTOGESTIONADAS DE REPARACIÓN.

Modelo metodológico

El C.A.D es un proceso mediante el cual las comunidades victimas del despojo de bienes en acompañamiento de instrumentos técnicos se propone, diseñar, estructurar y poner en práctica una metodología, que permita un fundamento optimo, para la reclamación efectiva(reparación integral) por perdida de tierras, ganados, mejoras ,renta dejada de percibir, y otros bienes, causados por el conflicto.

EL C.A.D SE PROPONE:

  • Conformar un sistema de formación que contenga toda la información sobre propietarios / poseedores, familias y comunidades desplazadas.

  • Recolección de información-institucional y comunitaria que permita obtener información que de cuenta de la magnitud del despojo a través de técnicas interdisciplinarias.

  • Establecer una base confiable de valoración de las perdidas y mínimas de reclamación.

  • Elaborar las rutas jurídicas de reclamación de acuerdo a las diversas tipologías del despojo de bienes.

Producir un modelo replicable en otras regiones.

Notas

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(1) Encuesta Nacional Agropecuaria, DANE, Minagricultura y Desarrollo Rural. Resultados 1997. En Revista Taller No. 1, marzo 2002, Bogotá. Pérez Suatonio, pág. 58.

BIBLIOGRAFIA

Revista Taller No. 1, CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIALES marzo 2002, Bogotá.

Cuadernos tierra y justicia, COORDINACIÓN EDITORIAL ILSA. Bogota 2002

IVAN CARDENAS   –  HISTORIADOR  –  UNIVERSIDAD DEL VALLE