El pasado 11 de abril, integrantes del capítulo Caldas, estuvieron en el municipio de Riosucio acompañando a la comunidad del Resguardo Indígena de origen colonial Cañamomo Lomaprieta durante la visita de la XX° delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz.
En este importante espacio se realizó una evaluación del panorama de derechos humanos en la región. Por parte de los miembros del resguardo, se resaltó la importancia de abordar las medidas restaurativas contempladas en la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), como “un pacto de reconciliación”. En este sentido, destaca la trayectoria e incidencia de COMIPAZ, Cooperativa Multiactiva Indígena para la Paz, organización que agrupa víctimas, excombatientes y firmantes del Acuerdo de Paz.
La principal denuncia del gobierno indígena giró en torno a la amenaza que representan para sus comunidades los megaproyectos agrícolas y minero-energéticos. Asimismo, las acciones producto del acuerdo de paz, incluyendo la reparación colectiva, no han visto un impacto significativo en el territorio.
Ante una institucionalidad negligente a la hora de cumplir con las múltiples sentencias judiciales que cobijan el territorio de Cañamomo Lomaprieta, el gobernador indígena fue enfático: “no vamos a ceder un centímetro más de tierra”.
El MOVICE Caldas, por su parte, socializó e hizo entrega ante el gobierno del resguardo y los miembros de la Delegación Asturiana de un informe titulado “Cartografía sobre vulneraciones a los derechos humanos y reconfiguración de las dinámicas de conflictividad en el Eje Cafetero”. En este documento se sistematizó el ejercicio de construcción colectiva de cartografías de riesgo y vulneración de los derechos humanos en la región, realizado durante la última Escuela de la Memoria del capítulo Caldas realizada en el mes de marzo.
Los puntos más importantes del informe: Continuar denunciando el negacionismo de Estado en el Eje Cafetero. Existe un panorama de reconfiguración del ciclo de violencia en el país, el cual puede ser analizado con base en la mutación de los actores armados, herederos de la infraestructura criminal del paramilitarismo. Finalmente, insistir en la participación y liderazgo de las víctimas en escenarios de justicia transicional, búsqueda de la verdad y acciones restaurativas.
Con respecto a la justicia transicional, todas las delegaciones insistieron en la vital importancia que tienen las medidas cautelares emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para el municipio de Riosucio y los cuatro resguardos indígenas ubicados en esta jurisdicción, teniendo presente que este proceso es clave a la hora de buscar e identificar a las víctimas de desaparición forzada que yacen en el territorio.
Finalmente, la XX° Delegación Asturiana se comprometió a continuar con su labor como de observadores de los Derechos Humanos en Colombia por medio del ejercicio de una “diplomacia de los pueblos”.
Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace la impunidad