La creación de esta entidad ha sido una de las principales exigencias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, sin embargo, el Gobierno transformó su carácter, contenido y mandato. El Movice, junto a otras organizaciones, presentó una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional para que se revise el decreto 898 expedido el 29 de mayo pasado, que crea la Unidad encargada de desmantelar las organizaciones criminales relacionadas con el paramilitarismo y sus redes de apoyo.
Dentro de los análisis, los intervinientes destacan que al hablar de criminalidad organizada no se está contemplando la criminalidad al interior del Estado, se interpretaría entonces que todas las violaciones a derechos humanos son únicamente responsabilidad de los grupos criminales. Esto como consecuencia de uno de los cambios importantes que produce el decreto: la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos (antes la Unidad de Derechos Humanos) dependerá de la Delegada contra la Criminalidad Organizada.
Desde la labor de representación a las víctimas de crímenes de Estado, se generan dudas por las razones que justifican este cambio y que pueden dejar de lado las discusiones sobre la responsabilidad estatal, con lo que se estaría desconociendo la jurisprudencia nacional e internacional. Otra opción es considerar que al interior del Estado podría existir criminalidad organizada, lo que no ha sido aceptado. En las conclusiones se insiste en que, si bien esta Unidad se encargará de desmantelar a los grupos criminales, la Fiscalía no puede desconocer que el Estado también puede ser considerado responsable de graves violaciones a los derechos humanos.
Otra de las preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos es que en ese decreto la Fiscalía promovió una reestructuración que no fue pactada en el Acuerdo Final. Por otro lado, se afectó la autonomía de la Unidad, dado que el fiscal podrá ejercer funciones que según el Acuerdo deberían corresponder al director.
¿Se garantiza la autonomía de la Unidad?
El paramilitarismo y sus redes de apoyo, son hoy la principal fuente de riesgo para los defensores de derechos humanos, por lo que la creación de la Unidad Especial de Investigación, propuesta en el Título I del decreto, se destaca como la oportunidad de desmontar estas estructuras. Se pide a la Corte armonizar los demás títulos para que el carácter autónomo que se pactó en los Acuerdos no se vea afectado por la dependencia a la Fiscalía.
La Unidad parece depender en gran medida de las decisiones del Fiscal. Ejemplo de ello es que en el decreto el nombramiento de las personas que hacen parte de la Unidad está a cargo del fiscal, cuando en el Acuerdo esta función se le otorga al director de ésta, así como su autonomía administrativa. En la cuarta parte de la intervención ciudadana las organizaciones insisten en que la Corte Constitucional debe revisar las funciones del fiscal en relación a la Unidad.
¿Es necesario reestructurar la Fiscalía?
En la intervención se da un apoyo contundente a la creación de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales relacionadas con el paramilitarismo y sus redes de apoyo. Sin embargo, se pide declarar la inconstitucionalidad de la mayoría de artículos contenidos en los Títulos II, III y IV del decreto, que son los que se refieren a la reestructuración de la Fiscalía, lo que no se relaciona directamente con lo acordado en La Habana.
En el Acuerdo Final se habla del fortalecimiento a la Fiscalía. Sin embargo, desde las organizaciones se cree que existen otros mecanismos para lograr este objetivo y que no implica una reestructuración, tales como un aumento en el presupuesto, en el personal, ampliación de espacios o nuevas metodologías de investigación. El análisis completo se encuentra en el tercer apartado de la intervención.
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