Desde el descubrimiento de las fosas comunes en las que fueron enterrados algunos de los jóvenes de Soacha y las protestas subsiguientes, las madres y otros familiares de las víctimas que han hecho campaña por la justicia han sido amenazados, hostigados y sometidos a vigilancia con el fin de silenciar su campaña. En 2009, y en buena medida a consecuencia de las protestas públicas que suscitaron los homicidios de los jóvenes de Soacha, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad fueron detenidos en relación con estas muertes. Sin embargo, en enero de 2010, las personas que hacían campaña por la justicia sufrieron un serio revés cuando unos 31 soldados detenidos fueron liberados por los tribunales por “vencimiento de términos”, ya que la audiencia de su juicio oral no se había iniciado en un plazo de 90 días desde su detención, tal y como establece la legislación colombiana. Otros miembros de las fuerzas de seguridad implicados en los homicidios también pueden ser liberados por la misma razón.
Amnistía Internacional insta al gobierno colombiano a:
– Ordenar investigaciones completas e imparciales sobre las amenazas recibidas por Luz Marina Bernal Porras, Carmenza Gómez Romero, Maria Ubilerma Sanabria López, Blanca Nubia Monroy, Edilma Vargas Riojas, Flor Hilda Hernández y sus familiares; hacer públicos los resultados y llevar a los responsables ante la justicia;
– Emprender acciones decisivas para garantizar la seguridad de todas las personas citadas y de sus familiares, de acuerdo con su voluntad.
– Ordenar investigaciones completas e imparciales sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros de las fuerzas de seguridad, hacer públicos los
resultados y llevar a los responsables ante la justicia.
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