Del 7 al 10 de mayo el MOVICE acompañó una comisión del pueblo Nonam que tenía como objetivo, verificar las condiciones para su retorno al resguardo Santa Rosa de Guayacán. La misión realizó diversas actividades entre ellas: reuniones con el pueblo Nonam, las comunidades vecinas del Bajo Calima de Carretera y Río; verificación en terreno de las casas y áreas colectivas de la comunidad como: centros de culto,  colegios, áreas de medicina tradicional, el trapiche; así mismo verificó la situación del  río y recibió varios testimonios sobre la situación de comunidades vecinas. 

Las estrategias de revictimización de las que ha sido objeto el MOVICE y sus integrantes han sido múltiples en el camino de exigencia de los derechos de las víctimas. En el presente informe se ha hecho una sistematización de casos para poder elaborar este informe, destacando que las cifras aquí presentadas constituyen apenas una pequeña Read More

Situación de los defensores de derechos humanos en Colombia Día Internacional de los Derechos Humanos Fecha: 9 de septiembre Hora: 8:30 a.m. Lugar: Centro Cultural Gabriel García Márquez. (calle 11#5-60 La Candelaria, Bogotá). El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, y la Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Read More

Campaña de difamación y criminalización en contra de integrantes del MOVICE

“En América Latina existen políticas de criminalización, entendidas como la implementación del conjunto de estrategias y acciones político jurídicas, por parte del Estado y/o los grupos de poder que lo sustentan, para colocar en el terreno de la ilegitimidad e ilegalidad a las comunidades, organizaciones y personas que luchan por el ejercicio y defensa de los derechos humanos y derechos de los pueblos establecidos en los marcos internacionales y nacionales.”¹

El imaginario colectivo del “enemigo interno” que ha creado la política de la “Seguridad Democrática” justifica y legitima cualquier estrategia de persecución contra la oposición política bajo el argumento de que esta forma parte de supuestos brazos jurídicos, políticos y/o sociales de las organizaciones guerrilleras. A esto se suma un proceso de legalización y mimetización de las estructuras paramilitares en la sociedad colombiana y la llamada “guerra política” del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en contra de opositores/as políticos, defensores/as de derechos humanos y periodistas entre otros. Como resultado directo nos encontramos hoy en día con supuestas organizaciones “civiles” que juegan un papel clave en el desprestigio, los montajes judiciales y las amenazas en contra de defensores/as de derechos humanos, opositores/as políticos y/o víctimas de Crímenes de Estado.

Después de cuatro (4) años desde que el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez expidió la Ley 975 de 2005, denominada de ‘Justicia y Paz’, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) presenta un balance de su aplicación en el marco del proceso de desmovilización paramilitar y de los esfuerzos oficiales por Read More

Después de cuatro (4) años desde que el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez expidió la Ley 975 de 2005, denominada de ‘Justicia y Paz’, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) presenta un balance de su aplicación en el marco del proceso de desmovilización paramilitar y de los esfuerzos oficiales por Read More

Después de cuatro (4) años desde que el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez expidió la Ley 975 de 2005, denominada de ‘Justicia y Paz’, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) presenta un balance de su aplicación en el marco del proceso de desmovilización paramilitar y de los esfuerzos oficiales por Read More

Desde el descubrimiento de las fosas comunes en las que fueron enterrados algunos de los jóvenes de Soacha y las protestas subsiguientes, las madres y otros familiares de las víctimas que han hecho campaña por la justicia han sido amenazados, hostigados y sometidos a vigilancia con el fin de silenciar su campaña. En 2009, y en buena medida a consecuencia de las protestas públicas que suscitaron los homicidios de los jóvenes de Soacha, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad fueron detenidos en relación con estas muertes. Sin embargo, en enero de 2010, las personas que hacían campaña por la justicia sufrieron un serio revés cuando unos 31 soldados detenidos fueron liberados por los tribunales por “vencimiento de términos”, ya que la audiencia de su juicio oral no se había iniciado en un plazo de 90 días desde su detención, tal y como establece la legislación colombiana. Otros miembros de las fuerzas de seguridad implicados en los homicidios también pueden ser liberados por la misma razón.

Después de cuatro (4) años desde que el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez expidió la Ley 975 de 2005, denominada de ‘Justicia y Paz’, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) presenta un balance de su aplicación en el marco del proceso de desmovilización paramilitar y de los esfuerzos oficiales por Read More

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