Campaña de difamación y criminalización en contra de integrantes del MOVICE
“En América Latina existen políticas de criminalización, entendidas como la implementación del conjunto de estrategias y acciones político jurídicas, por parte del Estado y/o los grupos de poder que lo sustentan, para colocar en el terreno de la ilegitimidad e ilegalidad a las comunidades, organizaciones y personas que luchan por el ejercicio y defensa de los derechos humanos y derechos de los pueblos establecidos en los marcos internacionales y nacionales.”1
El imaginario colectivo del “enemigo interno” que ha creado la política de la “Seguridad Democrática” justifica y legitima cualquier estrategia de persecución contra la oposición política bajo el argumento de que esta forma parte de supuestos brazos jurídicos, políticos y/o sociales de las organizaciones guerrilleras. A esto se suma un proceso de legalización y mimetización de las estructuras paramilitares en la sociedad colombiana y la llamada “guerra política” del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en contra de opositores/as políticos, defensores/as de derechos humanos y periodistas entre otros. Como resultado directo nos encontramos hoy en día con supuestas organizaciones “civiles” que juegan un papel clave en el desprestigio, los montajes judiciales y las amenazas en contra de defensores/as de derechos humanos, opositores/as políticos y/o víctimas de Crímenes de Estado.