En esta relación, extraída de una base de datos que se apoya en 5 ejes: tiempo, espacio, acción, actor y registro, he seleccionado un conjunto de hechos que revelan cómo durante cuatro décadas el Paramilitarismo ha persistido tozudamente como política de Estado en Colombia, logrando acomodarse a diversas situaciones legales pero manteniéndose como eje de un modelo represivo que logra venderse a sí mismo como modelo “democrático”. No se trata de una relación exhaustiva sino más bien de una muestra reveladora que selecciona 50 hechos distribuidos en 40 años pero que tiene la virtualidad de hacer ver que no se trata de prácticas marginales espurias sino de una política de Estado que tiene formulaciones muy claras y una rígida continuidad en el tiempo, así muchos instrumentos hayan permanecido o permanezcan ocultos bajo el sello de “reservado”, y muchos procesos y pruebas en “archivos” o “preclusiones” que la historia algún día sabrá exhumar y someter a racionalidades jurídicas menos encubridoras y menos cómplices de la ignominia.

Ante esta situación, hombres y mujeres desde la diversidad étnica, cultural y generacional, que compartimos el ser víctimas de violaciones a los Derechos Civiles y Políticos, DESC, Ambiente y de los pueblos, de crímenes contra la  humanidad, de crímenes de guerra cometidos por el Estado y de genocidio de orden político y étnico, que integramos organizaciones de sobrevivientes de estos crímenes, familiares de víctimas de estos crímenes, organizaciones sociales, políticas y jurídicas que han sido victimizadas, que luchamos en contra de la impunidad, buscando esclarecer la Verdad, la Justicia y la Reparación. Apoyadas por las organizaciones acompañantes de estas víctimas.

 LA HISTORIA DE UN PROCESO DE IMPUNIDAD CONTADO EN 19 PARRAFOS
A propósito de la falacia  de la “desmovilización” paramilitar.

 Breve Introducción

El paramilitarismo nació, se expandió y consolidó en todo el territorio nacional con el patrocinio del Estado colombiano. Esta realidad resulta incontrovertible e inocultable: el Estado le ha brindado respaldo legal , altos funcionarios suyos han defendido la legitimidad de esas organizaciones, los manuales del ejército lo evidencian,  funcionarios importantes se han comprometido con las organizaciones paramilitares , la inacción dolosa del Estado frente a estos grupos , denuncias de miembros de la propia fuerza pública .

Autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad recibirían indultos encubiertos. El proyecto de ley impulsado por el Gobierno colombiano para beneficiar a los miembros de grupos paramilitares que se desmovilicen desconoce las condiciones mínimas en materia de
justicia que deben sustentar toda negociación de paz. Por una parte, no incluye investigaciones exhaustivas ni juicios serios, con plena participación de las víctimas en las debidas condiciones de seguridad y asesoría jurídica.

 La responsabilidad de los agentes estatales en tales violaciones a los derechos humanos no se limita a la tolerancia con los atropellos cometidos por los grupos paramilitares. Por ejemplo, en el sur del Caquetá se han realizado secuestros y homicidios conjuntos, y miembros de las fuerzas militares han amenazado a la población anunciando futuros ataques paramilitares. 

Desde el comienzo del gobierno del Presidente Uribe se vienen adelantando en Colombia diálogos con los grupos paramilitares que se presentan ante la nación y ante el mundo con ropajes que no corresponden a su verdadera naturaleza, dando lugar a falacias de lenguaje que es necesario sacar a la luz.